Política

El Gobierno oficializó los límites a la prisión preventiva

Mediante la resolución 2/2019 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Estado ordena implementar gran parte del nuevo Código Procesal que se empezará a regir este viernes. Entre otras cuestiones, se plantean límites al uso de las prisiones preventivas.

Martes 19 de noviembre de 2019 | 16:00

Hasta el momento, como indica la regulación vigente, el uso de las prisiones preventivas se debería dar si existe riesgo real de fuga y/o de entorpecimiento del proceso judicial.

Pero según la nueva disposición, donde se establece un nuevo marco de regulación, los criterios para definir las prisiones preventivas, tiene pautas menos generales y más concretas para precisar cuándo existe verdaderamente peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa.

La resolución pretende limitar la discrecionalidad por parte de la Justicia Federal a los dictados de las prisiones preventivas: “A tal efecto resulta indispensable implementar aquellos institutos procesales y/o artículos previstos en el Código Procesal Penal Federal que no resulten incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, y que permiten un mayor goce de las garantías constitucionales para todos los justiciables de manera uniforme en todo el territorio nacional”, señala el texto de la resolución.

Según los datos del último informe de la Procuración Penitenciaria Federal, hay 8.348 personas privadas de su libertad, que no tienen aún una condena firme. En tanto son 5.963 personas detenidas con la correspondiente condena firme. Según la misma fuente, serían entonces 6 de cada 10 presos los que están en prisiones federales sin condena.

La disposición que publica el Boletín Oficial dejaría sin efecto la llamada “Doctrina Irurzun” que justificaba detenciones preventivas a ex funcionarios porque entendía que estos a través de sus vínculos con el poder podían entorpecer el desarrollo de la causa.

Siguiendo este criterio, en la actualidad una gran cantidad de personas se encuentran detenidas sin que se les haya dictado sentencia, y sin que se haya determinado responsabilidad en los delitos de los que se los acusan. Ese es el caso de algunos ex funcionarios kirchneristas sospechados por corrupción.

Quizás este sea un intento del Gobierno de cubrir a sus actuales funcionarios frente a posibles procesamientos futuros, relacionados a enriquecimiento ilícito u otras causas en los que se los involucre.

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal by La Izquierda Diario on Scribd







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