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El Poder Judicial intervino Oil Combustibles, la principal empresa de Cristóbal López

La medida se inscribe dentro de la pelea por el control de un grupo empresario clave en el sistema mediático.

Martes 20 de marzo de 2018 | 14:59

El Juzgado Nacional en lo Comercial 5 desplazó hoy a los administradores del grupo Indalo, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por "irregularidades" en la gestión del grupo. En su lugar designó a los coadministradores Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi como interventores plenos.

Esta decisión profundiza la crisis en el Grupo Indalo, que cuenta entre sus principales empresas a Oil combustibles, C5N y Radio 10, motivo por el cual la disputa se considera importante políticamente para la pelea entre distintos sectores empresariales por el control de los principales medios de comunicación y su influencia sobre la opinión pública.

La decisión fue tomada por el juez comercial subrogante Javier Cosentino, quien afirmó haber detectado "irregularidades en torno a algunas contrataciones, que en principio se tratarían tales contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia, que no se compadecen con la situación de la empresa y que no la benefician".

En la resolución, Cosentino también aclaró que se "verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros –ex directores y otras sociedades del grupo- cuyos honorarios fueron afrontados por OCSA (Oil Combustibles Sociedad Anónima), además de que en algunos casos no fue posible determinar si efectivamente fue prestado el servicio".

No obstante, Cosentino admitió que "no se desconoce el esfuerzo realizado por los señores Rosner y Dellatorre con la finalidad de allegar distintas propuestas para enmendar la crítica coyuntura, pero ninguna en concreto se ha efectivizado y la situación de caos generalizado se ha tornado evidente".

"Es entonces que la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso llevan al Tribunal a adoptar la extrema medida de separación de la administración prevista en la ley de concursos, con la finalidad de preservar a la empresa concursada con todo lo que ello implica", finalizó la resolución.







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