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El “derecho” de destruir en paz: la Sociedad Rural contra leyes de bosques y humedales

Daniel Pelegrina, su titular, mostró su preocupación por leyes y proyectos que tienen como fin proteger y conservar los ecosistemas que los terratenientes arrasan con quemas, desmontes y fumigaciones. Y sí.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Sábado 3 de octubre | 13:13

Aunque se sabe que para el empresariado agroindustrial el movimiento ambiental siempre fue una mala noticia, escuchar al presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, decir que “le preocupan enormemente” algunos proyectos del Congreso no deja lugar a dudas: es ese sector concentrado el que muestra un desprecio absoluto por cualquier tipo de protección y conservación de bosques, montes y humedales, por no hablar de la restauración del daño ocasionado por sus prácticas a ecosistemas y comunidades que los habitan.

Las declaraciones las realizó en una entrevista con Antonio Laje en América TV el último 25/9 (como bien recordó el periodista Ramón Indart en Twitter). Y qué bien que hablen de sus intereses a calzón quitado: “Hay alrededor de catorce proyectos de humedales, que lo que van a hacer es restringir hasta el 20 % la producción en muchas áreas que hoy están en producción”, dice el ruralista. Entre otros, se presentaron en ambas cámaras por parte de Juntos por el Cambio, Consenso Federal, el Frente de Todos, el PS y el Frente de Izquierda Unidad.

El proyecto de ley de humedales que lleva las firmas de Nicolás del Caño y Romina del Plá es el único que prohíbe la utilización de fuego y las quemas en ecosistemas afectados, así como actividades y prácticas de carácter extractivo y a gran escala, además del uso de sustancias contaminantes. Sobre este punto, el titular de la SRA se quejó de un avance “sobre la aplicación de fitosanitarios”, el nombre elegante de los agrotóxicos, porque “resta posibilidades de producción”.

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Pelegrina va más allá: se queja de que se quiera avanzar “nuevamente en la ley de bosques”, que “quiere dejar afuera una importante cantidad de hectáreas”. Sin embargo, al parecer no le llegó el anteproyecto oficial, impulsado por el ministro Juan Cabandié, que eliminaba ni más ni menos que los principios precautorio y preventivo, “liberaba” zonas con un enfoque ya no ligado a la conservación y protección, sino de “manejo sostenible” de bosques, habilitando el arraigo de proyectos agroganaderos y la industria forestal. Entre otras cosas, también dejaba en una nebulosa las actividades productivas concretas en la definición de desmonte. El texto es tan claro en su retroceso que sectores ambientalistas protestaron ante el propio ministro, que debió desistir de ese plan, más en este contexto en que literalmente están quemando territorios en la mitad del país.

El mandamás de la SRA puede estar tranquilo: Cabandié y sus predecesores desde 2007 garantizan a rajatabla que la ley de bosques no se cumpla, pese a ser una de las principales demandas del movimiento ambiental. “Modificar la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos no frena los desmontes. Su implementación, sí”, reclaman las organizaciones socioambientales.

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La SRA milita la concentración de la tierra y la expulsión de comunidades; el agronegocio que con sus pesticidas y prácticas destructoras del suelo contamina, enferma e inutiliza todo a su paso. Desmonta, deforesta, expande el monocultivo y despoja de nutrientes el suelo. También “cultiva” la precarización laboral, cuando no el trabajo esclavo en pleno siglo XXI. Aunque mostraron su rechazo a los nuevos regalos del Gobierno con la baja de retenciones (porque piden más), sí recibieron el subsidio ATP, pensado originalmente para “empresas en crisis”. Pero nada les alcanza: los terratenientes y los capitalistas agrarios desearían tener el derecho reconocido por ley de convertir al país en un gran sembradío y terreno de pastoreo (y, por qué no, una enorme factoría porcina para fabricar nuevas pandemias).

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Además de su valor inherente, los ecosistemas de humedales y bosques cumplen roles fundamentales para combatir y mitigar la crisis climática y ecológica global: absorben carbono, regulan el clima, las inundaciones e incluso ponen un freno a la proliferación de pandemias de origen zoonótico como la que atravesamos. Pero qué le importa a Pelegrina, si pertenece a la clase que nos trajo hasta el precipicio ecológico.

Es claro el temor de Pelegrina y sus amigos ruralistas en tiempos en que se discute sobre especulación, tierra y propiedad, agrotóxicos y transgénicos versus agroecología, con nuevas generaciones que se suman al reclamo por el futuro del planeta, contra un sistema que impone una fractura con la naturaleza. Son los que ahora dicen: sobre las leyes de humedales y bosques no pasarán.







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