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Opinión.El equilibrio inestable cordobés: entre la aparente “paz de los cementerios” y una olla que puede explotar

El año transcurre en Córdoba mucho más calmo que el 2020. ¿Se revirtieron las condiciones estructurales que alentaron la conflictividad el año pasado? Una calma que se sostiene sobre un equilibrio inestable y trata de esconder lo que pasa por abajo. La campaña electoral y el desafío de una política de otra clase.

Paula SchallerLicenciada en Historia

Lunes 12 de julio | 19:27

Para cualquiera que mire el panorama socio-político de Córdoba, la primera constatación que se impone es que la provincia viene transcurriendo un 2021 sin la contenciosidad del año pasado. Entonces, producto de un ataque más directo del Gobierno provincial a estatales y trabajadores del transporte el año arrancó con acciones y movilizaciones masivas que abrieron paso a la posterior entrada en escena de sectores precarizados como deliverys, limpieza, call centers, con procesos de autoconvocados animados por el retraso salarial y el abandono de las conducciones sindicales (ver acá). Hoy asistimos a un escenario que se revela mucho más calmo, pero donde no se revirtieron las condiciones estructurales que alentaron la conflictividad de 2020. Más bien, es una calma meticulosamente construida y que se sostiene sobre un equilibrio inestable. ¿La calma antes de la tormenta? No podemos asegurarlo pero, como siempre, conviene tener presente que la apariencia de los fenómenos no suele revelar su esencia.

Los constructores de la “paz de los cementerios”

En primer lugar, el peronismo provincial se mantuvo en la norma de hacer los ataques claves en año no electoral para garantizar la “paz de los cementerios” que requiere toda campaña electoral en general y ésta en particular: no olvidemos que se librará en el marco de una aguda crisis social, con el 40, 8 % de la población bajo la línea de pobreza en Córdoba y más del 42 % en todo el país. El peronismo provincial hoy no está en una posición de ofensiva abierta que “imponga el combate”, en parte porque logró imponer parte de sus objetivos sobre sectores estratégicos, en parte porque tiene más margen económico para contener (con la disparada del precio de la soja, la reactivación en sectores de la industria y el cierre del acuerdo por la deuda provincial con los acreedores externos), y en parte porque que no hay margen social para atacar sin que se vea puesta en cuestión la calma social. El cierre de las luchas de municipales y UTA del año pasado dejó planteada una situación contradictoria donde el gobierno impuso parte de sus objetivos, pero no asestó derrotas en toda la línea (como por ejemplo despidos) y en el caso de UTA se mantuvo un activismo que es el núcleo de las medidas de fuerza y las exigencias a la conducción. En cuanto a los avances del gobierno, los centrales fueron la reducción de la masa salarial municipal y la armonización jubilatoria para estatales, un ajuste (que permitió reducir un 6 % los haberes jubilatorios) que el régimen provincial perseguía hace años y que ni en sus mejores sueños húmedos se hubiese imaginado que lograría imponer sin que sonara una sola bomba de estruendo. Para esto, contó con la complicidad del kirchnerismo sindical y político, que no sólo usó políticamente la pandemia para justificar su inacción en las calles sino que los propios legisladores referenciados en Carlos Caserio, que en estas elecciones encabezará la fórmula kirchnerista, dieron sus votos en la Legislatura para consumar este vergonzante saqueo a los jubilados.

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Así las cosas, hay una precaria estabilidad sostenida sobre bases relativamente endebles y que contiene inscripta la posibilidad de nuevos desarrollos de la lucha de clases. En segundo lugar, el schiarettismo busca comprar la paz social destinando cada vez más fondos a la gestión de una pobreza que, aunque hace estragos, no se traduce a estallidos sociales. Se calcula que en Córdoba los programas sociales alcanzan a cerca de 1.467.384 personas, lo que equivale al 38,5 % de la población. En esta estructura de contención, es clave la estrecha relación del Gobierno provincial con el llamado “tridente San Cayetano”, conformado por el Movimiento Evita (que encabeza la CTEP provincial), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Estas organizaciones, de la cual la primera se pasó del kirchnerismo al schiarettismo, cultivan un vínculo más histórico con Alejandra Vigo y una estrecha relación con Carlos Massei, ministro de Desarrollo Social. Estas organizaciones actúan como diques de contención que impiden la autoorganización democrática de los desocupados, la coordinación con los ocupados y una política independiente del gobierno. En tercer lugar, la “paz de los cementerios” se construye desde los sindicatos, que entre la inacción –que sacó de escena a sectores importantes como las y los docentes- y el abierto ataque a los sectores en lucha, dejaron que el año pasado el Gobierno aplicara su plan de ajuste, sorteara sus momentos más críticos, aislara y derrotara a los sectores que levantaron cabeza. Este fue el caso de los trabajadores y trabajadoras de limpieza, que tras rebelarse contra la miseria salarial sufrieron decenas de despidos contra los que dieron una pelea ejemplar coordinando con otros sectores. La mejor revancha de esos trabajadores es que, aún habiendo sido despedidos, hoy permanecen organizados y dando pelea por una política de unidad entre ocupados y desocupados que luche por trabajo genuino y vivienda. Mientras tanto, el burócrata del sindicato de limpieza, Fittipaldi, se apresta a militarle la campaña electoral a Schiaretti junto a la mayoría de los dirigentes sindicales de la provincia.

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Una olla a presión ¿y a punto de explotar?

Una realidad se impone: gran parte de los trabajadores de Córdoba están bajo la línea de pobreza y no llegan a fin de mes. Según un estudio de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), para marzo de este año el promedio salarial de los trabajadores registrados en el gran Córdoba era de $30.500 y de 19.000 para quienes trabajan en la informalidad. Se profundiza el fenómeno de trabajadores que, aún teniendo trabajo, son pobres y no llegan a los $ 62.000 al mes que una familia tipo debe tener para no serlo. Decenas de rubros tienen escalas salariales que no sólo no le ganan a la inflación, sino que están bajo la línea de la pobreza, incluyendo a trabajadores estatales, salud y docentes cuyos salarios fueron quedando cada vez más atrasados y donde se extendió la precarización laboral. Como expresión de esto, el sector salud protagonizó distintas medidas de lucha en el año y en Hospitales como el Tránsito Cáceres se mantiene organizada una asamblea que nuclea a decenas de trabajadores y trabajadoras. Peor todavía es la situación en rubros donde prima la informalidad laboral, como en gastronomía, comercio, delivery, donde la mayoría son jóvenes, y ni hablar entre quienes trabajan en el cuentapropismo (que creció mucho entre quienes perdieron el trabajo en el marco de la pandemia). En esas condiciones, y ante la absoluta inacción de los sindicatos, por abajo se cocina el caldo de un creciente descontento social que, aunque por ahora no se expresa en luchas, no deja de existir como fenómeno actuante y de ser el puntapié para incipientes fenómenos de organización. La denuncia de la Izquierda Diario sobre listas negras armadas por empresarios del rubro gastronómico para perseguir trabajadores que reclaman, destapó una olla que mostró ese descontento profundo con las condiciones laborales y de vida. Rápidamente, no sólo comenzaron a llegarnos denuncias de distintos sectores, sino que comenzaron a armarse instagrams para denunciar las condiciones laborales como el de wonkaexplota, medialunas calentitas explota y maestras jardineras unidas (ver más acá). ¿El denominador común? La denuncia de la miseria salarial y la explotación laboral que sufren, con sindicatos totalmente borrados o abiertamente cómplices de las empresas. En el caso de las maestras jardineras, por ejemplo, denuncian que trabajan en negro, cobran 12 mil pesos y luchan por ser reconocidas como profesionales de la educación por parte del Ministerio de Educación.

En sectores donde hubo ataques más abiertos de las patronales, como en el caso de Garbarino que avanzó en suspensiones y despidos o el call center Corphone, hubo respuesta de los trabajadores con distintas acciones y medidas de fuerza. Esto muestra que no hay margen para que se impongan ataques sin respuesta de los trabajadores. Este fenómeno se expresó también en el interior de la provincia, como es el caso de Carlos Paz donde la ofensiva de la municipalidad contra los trabajadores de la Coopi (cooperativa que abastece de agua a la ciudad) llevó a una lucha de varios meses a comienzos de año resistiendo los despidos. Las condiciones de degradación avanzaron también sobre sectores que históricamente fueron tildados (campañas políticamente interesadas mediante) como “privilegiados”, como es el caso de los trabajadores de UTA: no sólo se impuso en los hechos un régimen de retraso permanente en el pago de salarios, sino que las empresas les pagarán parte del aguinaldo con la tarjeta alimentar. Hace pocos días un mecánico de ERSA nos contaba que, con 13 años de antigüedad, cobra un salario de 43 mil pesos. Las familias de los trabajadores del transporte reflejan cómo ven degradarse cada vez más sus condiciones de vida. Esta es la base profunda que lleva a los trabajadores a protagonizar medidas de fuerza que, aunque sin la envergadura de las acciones del año pasado, muestra la permanencia de un gran descontento con el gobierno, las empresas y la conducción sindical.

Lo propio vemos en el caso del sector de los controladores aéreos, que tienen uno de sus centros de organización en Córdoba y que entran a su tercer semana de conflicto, afectando los vuelos comerciales en demanda de la recomposición salarial.

Los sectores más bajos de la clase trabajadora viven una realidad muchísimo peor aún. La situación es tan grave que familias que tienen trabajo empiezan a necesitar la asistencia del Estado para lo básico: comprar alimentos. Esto es lo que expresan las mujeres que se vienen organizando en distintas provincias del país, incluyendo Córdoba, para exigir la extensión de la tarjeta alimentar a todas las familias que lo necesiten, tengan o no trabajo. “Todos los niños tienen que tener los mismos derechos”, dicen. En el interior provincial también se reflejan fenómenos de organización alrededor de demandas estructurales. Es el caso de Río Cuarto, donde Inquilinos Autoconvocados vienen impulsando distintas acciones y movilizaciones exigiendo a la municipalidad una solución definitiva la emergencia habitacional por la que pasan miles de familias en la ciudad. En Traslasierra crece el descontento entre los usuarios del servicio de transporte de colectivo por el alto costo del boleto, así como las demoras y dificultades para mantener el distanciamiento social durante el viaje por falta de frecuencia. En las ciudades del Valle de Punilla, una zona muy turística, la pandemia profundizó la precarización laboral que ya es una característica del empleo en sectores como gastronomía, hotelería y comercio. La Red de Trabajadores precarizados e Informales de Punilla viene avanzando en convertirse en un polo para la organización de jóvenes precarizados.

Estos son ejemplos sintomáticos de una realidad de malestar y descontento profundo con las condiciones de vida de importantes sectores de trabajadores. Un descontento aún no traducido en luchas abiertas pero si en incipientes fenómenos de organización y reagrupamiento para la denuncia. A los ya expresados, se suman otros fenómenos de organización por causas democráticas, como los sectores del movimiento estudiantil organizados en el Encuentro por la Absolución, un espacio impulsado desde la Juventud del PTS junto a otras organizaciones y activistas independientes que viene sosteniendo una gran campaña contra la ofensiva reaccionaria de la justicia.

La batalla electoral y la necesidad de una política de otra clase

Desde el PTS y la Red de Trabajadores Precarizados e Informales, intervenimos en los distintos procesos de lucha del año pasado buscando permanentemente impulsar las tendencias a la organización democrática, la coordinación entre los distintos sectores y la exigencia a que los sindicatos intervengan. Producto de esa intervención, hicimos una experiencia común con decenas de trabajadores y jóvenes precarizados que hicieron propia la necesidad de organizarse desde abajo de manera democrática y unir las filas de ocupados y desocupados para pelear por una perspectiva propia ante el ajuste que aplican empresarios y gobiernos. La única perspectiva viable para que no se imponga la salida de profundizar el ajuste que impulsan todas las variantes políticas tradicionales de los dos lados de la “grieta”, es que el descontento se convierta en organización. Por eso, buscamos impulsar siempre que lo permitan las condiciones, organismos de autoorganización y coordinación obrera y juvenil con libertad de tendencias (es decir, que sean integrados por distintas tendencias políticas siempre que defiendan la independencia de clase) para que distintos sectores comiencen a hacer una gimnasia colectiva no sólo en la acción por demandas comunes sino en el debate de qué salida política necesitamos los trabajadores y sectores populares. Al mismo tiempo, todos estos sectores que vienen acumulando malestar con sus condiciones de vida y comienzan a protagonizar incipientes fenómenos de organización tienen que expresarse en estas elecciones. Ya hay sectores que comienzan a sacar conclusiones en el terreno político, incluso entre quienes vienen de votar al gobierno nacional con la ilusión de recuperar lo perdido y revertir el ajuste del gobierno macrista comienza a procesarse una experiencia política de desencanto con el Frente de Todos y de dialogo (y en algunos casos apoyo) a los planteos de la izquierda.

No podemos organizarnos o pelear separados en cada sector mientras ellos, sean macristas o peronistas en sus distintas variantes, imponen un ajuste que recae sobre el conjunto y van a aprovechar las elecciones para revalidar su política de seguir ajustando. Desde el FITU, con referentes Nicolás del Caño y Myriam Bregman a nivel nacional y Laura Vilches y Noel Argañaraz en Córdoba, los invitamos a ser parte activa de esta pelea electoral, usando la campaña para destacar verdaderos tribunos del pueblo que planteen los grandes problemas generales que sufren los trabajadores y sectores populares. Tenemos el desafío de poner toda la creatividad al servicio de llegar a la conciencia de esos cientos de miles que están descontentos con su situación pero que aún no ven una alternativa. Hay una casta política que está cada vez está más alejada de cómo vivimos las grandes mayorías, y particularmente entre una juventud que sólo conoce el empleo precario, crece la falta de representación política con los políticos tradicionales. Queremos llegar a esos sectores y mostrar que hay otra perspectiva. Nos preparamos para dar una gran pelea política para que en estas elecciones la izquierda emerja como una tercera fuerza que pueda ser la alternativa de todos los sectores que no están dispuestos a seguir sufriendo las consecuencias del ajuste.




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