Política

CORRUPCIÓN

El gran delito está uniformado

La Policía Bonaerense destila escándalos. Ayer ordenaron detener a seis comisarios acusados de “asociación ilícita”. La causa se abrió en abril, tras hallarse sobres con dinero en oficinas de La Plata.

Catalina Ávila

@linaa_avila

Viernes 30 de septiembre de 2016 | Edición del día

En la tarde de ayer seis comisarios de la Policía Bonaerense fueron acusados de ser parte de una asociación ilícita, cuyo objetivo sería recaudar fondos de actividades delictivas.

A pesar de la acusación, aún no fueron encarcelados, debido a la presentación de un pedido de eximición por parte de la defensa. Pedido que deberá resolver la Cámara de Apelaciones de La Plata.

La medida fue ordenada ayer por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, del juzgado N°5 de la capital provincial. Estos pedidos de detención se establecen en el marco de la causa abierta a partir de haberse hallado, el pasado 1° de abril, 36 sobres con más de $154 mil en poder de esos funcionarios. Los sobres estaban en la Jefatura Departamental de esa ciudad y el hallazgo ocurrió en el marco de un operativo de la División de Asuntos Internos de la Bonaerense.

Según dijeron los investigadores del caso, se trataría de coimas provenientes de distintas dependencias de la provincia, producto de actividades ilegales, como el cobro por la “protección” a los comerciantes y personas vinculadas al juego o a la prostitución. Marcelo Martini, el fiscal que investiga la causa, declaró que para él “esto va más arriba, es la punta de un iceberg”.

El pedido de detención tuvo lugar después de que se realizara una prueba caligráfica cuyo resultado puso en evidencia a dos de los comisarios vinculados, al ser comparadas sus letras con la de los sobres hallados.

Aunque los acusados son diez funcionarios, la jueza sólo ordenó la detención de seis de ellos: el exjefe de la Departamental, Darío Camerini; el exsegundo, Roberto Carballo; el exsecretario de la repartición, Walter Skramowsky; el exjefe de calle, Ariel Huck; así como los comisarios Raúl Frare y Federico Máximo Jurado, que actualmente se encuentran a cargo de dos comisarías de La Plata.

Este pedido de detenciones ocurre a pocas horas de que se conocieran otras acusaciones contra el accionar de esta fuerza policial. El domingo pasado el programa PPT, de Jorge Lanata, difundió la denuncia de un sistema de zonas liberadas en el gran Buenos Aires, que era garantizado por medio de coimas que recibían policías de la Bonaerense.

Casi al mismo tiempo, otra acusación vino de la llamada -y mediática- “banda del millón” que, por medio de un video que recorrió todos los noticieros, denunció un pacto con la Bonaerense para que liberara la zona y los proveyera de armamento y vestimenta necesarios para robar en General Rodríguez.

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Una asociación ilícita de 90 mil miembros

En el ojo de la tormenta vuelve a quedar una fuerza policial a la que el Gobierno de María Eugenia Vidal viene señalando como en curso de una “reforma profunda del sistema”. Esto se expresaría en retiros obligatorios a distintos funcionarios involucrados en casos de corrupción o actividades ilegales. Es preciso señalar que esas separaciones no incluyen los casos de gatillo fácil.

Poco se puede esperar de una dirigente del mismo partido político que creó y dirige la Policía Metropolitana, la misma que en estos años ejerció violencia y torturó a niñas, niños y adolescentes; desalojó familias de Lugano; reprimió a las murgas populares durante el carnaval y justificó su propio accionar en el caso del joven Lucas Cabello.

El carácter mafioso de la Bonaerense arranca hoy desde su misma cúpula. Vidal nombró como jefe de esa fuerza a Pablo Bressi, un exoficial del Grupo Halcón, implicado abiertamente en la Masacre de Ramallo y acusado de múltiples delitos. Estas acusaciones vinieron incluso de la misma Coalición Cambiemos.

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La Bonaerense también forma parte de la “pesada herencia” que legó el Frente para la Victoria al PRO. Se trata de más de 90 mil efectivos, totalmente instruidos para “garantizar el cumplimiento de la ley y afianzar la seguridad ciudadana”. Puro slogan de campaña que escondió más de dos mil muertes por gatillo fácil en la última década.

Como lo informó este diario en la edición de ayer, la Comisión Provincial por la Memoria acaba de presentar su informe anual sobre violaciones a los derechos humanos en la Provincia y, entre otras conclusiones sobre décadas de accionar de la “maldita policía”, destacan que justamente esa fuerza y sus sucursales municipales “administran el delito y manejan las cajas de la recaudación ilegal”.

Se trata de una fuerza policial que chorrea pus y que, como lo muestran las denuncias de la última semana, garantiza y participa activamente del gran delito organizado en la provincia. Entre las múltiples denuncias existentes se encuentra el hecho de son los mismos integrantes de esas fuerzas los que organizan redadas que ataquen los negocios que no pagan la “protección”; el hecho de amparar, proteger y encubrir proxenetas, las redes de trata; los negocios realizados a partir del juego clandestino y el narcotráfico, entre otros.

Ese accionar delictivo se extiende al reclutamiento -incluso por la fuerza extrema- a jóvenes que actúen como parte del negocio del delito. El caso de Luciano Arruga, a quien torturaron y mataron en el destacamento de Lomas del Mirador tras haberse negado a trabajar para ellos y cuyo cuerpo estuvo desaparecido más de cinco años, lo pone en evidencia brutalmente.

Ese crimen estuvo amparado por el poder político: desde el intendente de La Matanza hasta el excandidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en ese entonces gobernador de la provincia. Sólo se supo la verdad por el esfuerzo y la lucha sostenida durante años de familiares, amigos, vecinos, organismos y personalidades de derechos humanos, movimientos populares y partidos de izquierda.

Un discurso que es una mentira

El recorrido que cualquier trabajador o trabajadora, ama de casa, estudiante o jubilado realizó durante estos días por su televisor, fue bombardeado por el agite del pedido de “más seguridad” ante lo que se bautizó como una “ola delictiva”. Pero el mismo esconde un doble discurso, que pretende darle legitimidad a estas fuerzas represivas que, como queda en evidencia, son las encargadas de organizar el gran delito.

Este escándalo de corrupción, que implica a una fracción de comisarios de la Bonaerense en La Plata, no hace otra cosa que confirmar que a la llamada inseguridad no se la combate con más fuerzas represivas en la calle y en los barrios, persiguiendo a la juventud y criminalizando la pobreza y la protesta, sino desarticulando las fuerzas encargadas organizar el gran delito. Esas fuerzas también están amparados por el poder económico, judicial, mediático y político. Un círculo donde cada uno cumple un rol indispensable y totalmente necesario, donde todos son juez y parte, garantizando una impunidad mutua.







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