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El punitivismo de Berni y el despolitizado debate sobre “el jubilado y el ladrón”

Un hecho desgraciado, producto de la crisis y descomposición social creciente, es utilizado para alentar una nueva oleada punitivista. El ministro de Seguridad de Axel Kicillof es un vocero público de esa postura.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Miércoles 22 de julio | 08:28

Un hecho terrible y lamentable está siendo utilizado para dar fundamento a una nueva oleada punitivista, para hacer crecer el reclamo y la exigencia de más represión, más cárcel, más condenas. Para hacer crecer el odio de una parte de la sociedad contra otra.

El brutal asalto que sufrió Jorge Ríos y el posterior fusilamiento que él hizo contra Franco Moreira se convirtieron en tema autoimpuesto en los grandes medios de comunicación. El tratamiento morboso impone una infinita sucesión de imágenes: una suerte de continuado donde las fotos de la tortura que sufrió Ríos se alternan con el video del disparo a Moreira en el piso, ya indefenso.

“El jubilado” y “el delincuente” se convierten en los dos polos sobre los que la sociedad debe pronunciarse. Una falsa dualidad que, despolitizando la discusión, evita debatir los problemas de fondo, abordar la crisis social en curso. Dicho sea de paso, el joven fusilado es siempre presentado como “el ladrón asesinado”. Encontrar su nombre entre las noticias equivale a un trabajo de rastrillaje.

La gran corporación mediática, la que construyó el relato de la “liberación masiva de presos”, encabeza el ranking de quienes atosigan a la población con el hecho y sus sesgadas interpretaciones. Parte de los medios oficialistas aceptan la invitación al tratamiento morboso y repetitivo.

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Casi inevitablemente, vuelve el discurso de la “puerta giratoria” que beneficiaría a las personas privadas de libertad. La realidad desmiente ese relato: casi la mitad de los presos no tiene condena. Técnicamente son, por lo tanto, inocentes. Las cárceles están superpobladas. El hacinamiento es brutal. La alimentación y los cuidados atroces. En nombre de “la seguridad”, el discurso derechista pide profundizar ese bárbaro trato a cientos de miles de personas.

Protagonista infaltable de estas discusiones, Patricia Bullrich y parte de Juntos por el Cambio se suman al convite reaccionario. "Si el Estado no protege, la sociedad se protege sola", lanza la ex ministra y autora de la doctrina Chocobar. La apología de la justicia por mano propia se convierte en discurso político.

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Berni se sube a ese tren. Hace demagogia con el terrible drama de dos familias. Repite y masifica el discurso que los sectores más conservadores quieren escuchar. Habla contra “la Justicia” y su responsabilidad en la liberación de presos. Le achaca una suerte de favoritismo hacia “los delincuentes”. Esos que, en su mirada y en la de muchos, son distintos de los “ciudadanos”. Por ende, carecen de derechos.

El ministro de Seguridad de Kicillof habla de la crisis sanitaria y la crisis social solo como marco explicativo. A la hora de brindar salidas, el ex carapintada propone más punitivismo. Su discurso sirve, además, para dar rienda suelta a las fuerzas represivas y sus múltiples formas de violencia. Entre esas fuerzas está la Maldita Bonaerense, hoy bajo la lupa por múltiples casos de gatillo fácil, brutalidad policial y, particularmente, por la desaparición de Facundo Castro.

La “inseguridad” tiene profundas causas sociales y económicas. El mar de fondo es el crecimiento del desempleo y la pobreza. El cierre de decenas de miles de negocios. La baja de salarios. La imposibilidad de changuear para millones. El conurbano, tierra de informalidad laboral y pobreza estructural hace décadas, es terreno fértil para escenas dantescas de este tipo.

Pero esa crisis social no es uniforme. No todos pierden en el contexto de la cuarentena. Y la labor del Estado no es inocua a la hora de explicar quienes reciben beneficios y quienes no. Ejemplifiquemos. Por estas horas, la Cámara de Diputados discute una moratoria que podría beneficiar a empresas como Vicentin. Sí. No es una broma de mal gusto. Del relato de la expropiación se pasó, casi sin demoras, a crear herramientas legales que pueden beneficiar hasta grandes evasores.

En el terreno de la deuda pública el Gobierno nacional no ha dejado de ceder ante la presión de los grandes especuladores. Los cálculos hablan de cerca de USD 15 mil millones ganados en esa paritaria que se libra en reuniones por zoom y a través de los grandes medios. Aunque las negociaciones aparezcan empantanadas en estas horas, buitres como BlackRock van ganando.

Este esquema de sostener y garantizar las ganancias del gran capital es lo que no entra en debate si todo se analiza bajo el limitado cristal “del jubilado y el delincuente”. Si todo análisis se empobrece en función de pedir más cárcel y mano dura.

La decisión política (sí, política) oficial de no afectar los intereses del gran capital tiene su contracara en la degradación social que se impone entre millones de personas en todo el país. Las medidas de contención que el Gobierno reivindica son -resulta evidente decirlo- mas que insuficientes. La IFE, cobrada con irregularidad, viene a ser un limitado paliativo frente a la caída abrupta en las condiciones de vida. Dejar intactas las ganancias del empresariado equivale a condenar a millones a la miseria, el descontento y el odio. A habilitar la guerra de pobres contra pobres en los barrios humildes. A acrecentar la descomposición social.

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La profunda crisis social impone salidas de fondo. Convoca a luchar por reorganizar el conjunto de la sociedad. Sobre nuevas bases. Para que no sea el lucro capitalista el que decida quién come y quién no. Una lucha revolucionaria que solo puede partir de cuestionar el sacrosanto derecho a la propiedad de los dueños del poder económico.

*Debido a lo delicado del tema y por decisión editorial, esta nota está cerrada a comentarios.







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