Mundo Obrero

CÓRDOBA/SALUD

¡En Salud nos organizamos! Por nuestras vidas y nuestros derechos

En Córdoba desde la Agrupación Marrón en Salud nos organizamos para hacerle frente a la pandemia y al vaciamiento de la salud pública en pos del gran negocio de la salud privada. Desde la primera línea, vamos por un verdadero plan para enfrentar la crisis sanitaria y social.

Miércoles 22 de abril | 21:32

Desde el comienzo de la pandemia se puso al desnudo el progresivo deterioro del sistema de salud público, que desfinanciado y fragmentado, está soportando sobre sus espaldas el avance del Coronavirus en el país. Reflejo de esto es que Argentina ostenta el triste primer puesto en el podio mundial de trabajadores de la salud contagiados con Covid-19, con el 14% del total de las personas infectadas, superando a España. Algo que el propio Alberto Fernández tuvo que reconocer luego de que el diputado Nicolás Del Caño lo interpelara al respecto en una reunión por videoconferencia junto a los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados el pasado viernes 17 de abril.

El estado crítico en el que se encuentra el sistema de salud argentino da muestras de que la salud ha sido un negocio para todos los gobiernos. La política implementada por Ménem en 1993 como parte de la avanzada neoliberal a nivel mundial implicó la mercantilización y descentralización del sistema sanitario trasfiriendo a las provincias y municipios el peso de la administración y financiamiento de los hospitales. Esta política, con matices según los distintos gobiernos, se ha mantenido hegemónica hasta nuestros días.

Particularmente en Córdoba, estas medidas comenzaron a implementarse de la mano de Ramón Mestre en el 95 y se han mantenido hasta la actualidad, con 21 años de gobierno ininterrumpido del PJ provincial. Una figurita repetida aparece desde aquel entonces como cómplice necesario: José Pihen, que asumió en 1991 como secretario general del Sindicato de Empleados Públicos manteniéndose atornillado a su sillón hasta hoy, y que además ocupa una banca en la legislatura. Siempre jugó el mismo rol: el de traidor a las y los trabajadores del Estado. Prueba de ello es que aprovechó el contexto de la pandemia para pasar una paritaria miserable.

Para la “gestión” de la crisis el Gobierno provincial montó el COE (Centro de Operaciones de Emergencia), que hoy es donde se toman las decisiones y se administran recursos del sistema sanitario provincial. Cual administradores de la miseria, la realidad es que la puesta en marcha del COE no ha hecho más que demostrar lo profundamente deteriorado que estaba el sistema sanitario y cuán graves eran los faltantes de personal, recursos e infraestructura en particular. En pocas semanas tuvieron que sumar personal (aunque está lejos de ser suficiente aún), montar carpas en las puertas de los hospitales para cubrir el faltante de camas y hasta una morgue en el polo sanitario. Y aún así, desde los mal llamados “hospitales limpios” denuncian que los recursos no llegan.

Pero es claro, tal y como venimos denunciando desde la banca de Laura Vilches del FIT-U, que la posibilidad de generar más recursos está. Desde Porta Hnos., para la fabricación de alcohol en gel que hoy es motivo de especulación, a TECME, una fábrica que exporta a otros países respiradores, con laboratorios con capacidad propia, Córdoba y el país cuentan con todo tipo de infraestructura que puesta al servicio de salir de esta crisis podría aportar todo lo que falta en el sistema sanitario.

Por otro lado, la brecha de clase en el sistema de salud es clara, el sector público es el que atiende a las grandes mayorías trabajadoras y sobre todo a los sectores con menores recursos. Garantizando así, a pesar de la profunda crisis sanitaria y las desigualdades existentes, una atención masiva y gratuita. Según datos del INDEC, el 30,07 % de la población en la provincia no tiene cobertura médica. Resulta alarmante comparar los datos de estimación de personal a lo largo de estos años. Se estima que a mediados de los ’90 el número de empleados del Ministerio de Salud oscilaba entre 15.300 y 18.000 trabajadores. El año pasado la planta de salud rondaba los 11.631 profesionales, hoy, con el ingreso de emergencia por la pandemia, estamos en 12.115. Aún muy por debajo de los números previos al saqueo de los 90 y con una población que ha ido en aumento en números y en precarización, lo que hace que en última instancia sea cada vez más gente la que se vuelca a la salud pública.

La brecha se expresa, además, en la desproporcionada distribución de recursos entre el sistema público y privado. Alrededor del 70% de las camas totales de la provincia para internación se encuentran en el sector privado, donde también están la mayoría de las camas de terapia intensiva y otros recursos necesarios para hacer frente a la pandemia. Sin ir más lejos, uno de los laboratorios privados más importantes de Córdoba tiene más capacidad de testeo que el Laboratorio Central de la provincia.

A su vez, según datos del presupuesto provincial de 2019, el año pasado se invirtieron en salud 19.836,4 millones de pesos, un 7,8 por ciento del total de recursos del Estado provincial, el porcentaje más bajo en la última década. El año anterior, la inversión en salud equivalió a 8,1 por ciento del gasto; y en 2017 había sido de 8,5 por ciento. En 2016, del 9,3 por ciento. Y aunque debido a la crisis se giró una partida presupuestaria de emergencia, queda claro que no es suficiente para revertir un retroceso de décadas que quienes trabajamos en salud conocemos de primera mano.

Por último, vale mencionar que las mujeres están más expuestas a las consecuencias de la crisis sanitaria. Existen dos motivos principales que explican una exposición mayor: el primero, las mujeres son mayoría en el área de salud (un 71,2% según cifras oficiales), especialmente la enfermería y limpieza, pero también entre médicos y técnicos. El segundo, la sobre representación de las mujeres y las niñas entre las personas que realizan tareas de cuidado, de forma no remunerada o en condiciones precarias. En este sentido, se han multiplicado las tareas domésticas y de cuidado recayendo sobre todo en las mujeres.

La pandemia ha demostrado de una forma cruenta que están dispuestos a enviarnos a “la primera línea totalmente desarmados”: no importan nuestras vidas, no importa la salud de las y los hoy llamados héroes. En ese marco, urge tomar medidas que en primer lugar nos ayuden a preservar nuestras vidas, organizándonos para que de una vez por todas a esta crisis no la paguemos los mismos de siempre.

Frente a la cuarentena sin GPS del Gobierno nacional y provincial, y frente al silencio cómplice de los grandes medios, desde La Marrón en Salud venimos impulsando en primer lugar una red de corresponsales de La Izquierda Diario en todo el país que dé cuenta de la situación en el sistema sanitario. Un medio que se ha convertido en la voz de las y los trabajadores en la pandemia y que tuvo un record de entradas en el último mes de 4 millones y medio de visitas, es una herramienta fundamental y necesaria en estos tiempos.

Queremos partir de esa fuerza para organizarnos en cada lugar de trabajo, de forma independiente de los gobiernos de turno y de los empresarios que lucran con nuestras vidas, en coordinación con otros sectores de trabajadores y junto a los usuarios del sistema de salud. Necesitamos desarrollar esa fuerza para impulsar un programa y una orientación alternativa a la de quienes nos llevaron a esta situación. Los banqueros, los laboratorios medicinales, los empresarios de la salud privada, los dueños de cadenas de farmacias como Farmacity, multiplican sus ganancias con la pandemia, mientras que las mayorías populares ni siquiera tienen alcohol en gel a su disposición en forma gratuita. Es la clase trabajadora la que está demostrando que es "esencial" para poder enfrentar esta crisis y que el conjunto de la población tenga asistencia médica, alimentos y los servicios necesarios.

Por eso exigimos:

1) Testeo obligatorio, preventivo y periódico a todo el personal hospitalario, que es el sector más expuesto al contagio. Igualmente para todas y todos los trabajadores que estén en funciones. Los testeos tienen como finalidad aislar rápidamente a quien está infectado junto a todas sus redes con las que tuvo contacto. Asimismo permitirían conocer con más certeza el mapa de la infección en la Argentina y actuar con más recursos en las zonas donde existen los principales focos. El Gobierno, tardíamente, informó que se están extendiendo los testeos a la red de laboratorios en distintos puntos del país y que estarían entrando "kits" de prueba desde el exterior. Pero no hay ninguna información oficial clara y fidedigna sobre la cantidad de insumos necesarios y el plan de testeos y seguimiento de las cadenas de contagio para que el aislamiento sea efectivo y racional. Por este motivo es fundamental que el testeo también se aplique a todos los sectores de trabajadores llamados esenciales, a quienes trabajan con personas de riesgo como en geriátricos, quienes realizan atención al público, etc.

2) No somos “héroes”, sino trabajadores que arriesgamos nuestras vidas con pocos recursos y bajos salarios. Las y los trabajadores de distintos centros de salud (hospitales, sanatorios, clínicas) exigimos todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para enfrentar la pandemia: alcohol en gel, jabón y toallas descartables en cada office, salas y guardias, cantidad necesaria de barbijos idóneos, guantes descartables, cofias, uniformes especiales, antiparras, camisolines hemorrepelentes y todos los insumos que consideremos necesarios para asistir la pandemia. Hay que contratar personal de salud (enfermeros, médicos, kinesiólogos, bioquímicos) con las capacitaciones necesarias y con salarios básicos acordes al costo de una canasta familiar y en planta permanente, empezando por reincorporar a todos los trabajadores de la salud despedidos sin causa en los últimos años y a todo aquel profesional que tenga título habilitado. Además hay que sumar a los estudiantes avanzados de las carreras de salud, con el urgente entrenamiento para que se pongan a disposición de un plan nacional centralizado mientras dure la crisis.

Una gran parte de las y los trabajadores de la salud estamos precarizados, trabajando como monotributistas sin ningún derecho laboral y con jornadas extenuantes, muchos de nosotros con más de un cargo para poder llegar a fin de mes. Todos a planta permanente. Que todas las condiciones laborales, e incluso las tareas de las y los voluntarios, sean discutidas por las comisiones internas de los trabajadores y votadas por la base de cada establecimiento.

3) Por comisiones de higiene y seguridad en todos los lugares de trabajo: con miembros elegidos democráticamente entre los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, incluidos los tercerizados como limpieza y cocina. Estos comités deben tener plenos poderes para controlar y exigir todo lo que tenga que ver con la salud de las y los trabajadores. Asimismo deberán poder determinar en cada momento si están dadas las condiciones de salubridad para que se puedan prestar los servicios, y en caso contrario determinar en asamblea el inmediato cese de actividades sin que el Estado a través de los directores o las patronales puedan tomar represalias de ninguna especie. Las y los integrantes de estos comités deben tener los mismos fueros legales que cualquier delegado. Además estos comités pueden funcionar como nexo entre diferentes hospitales, clínicas, etc. y otros sectores de trabajadores. Para una coordinación real entre las y los trabajadores de la salud en perspectiva de un verdadero Comité de Emergencia o Interhospitalaria donde se contemplen las necesidades de las grandes mayorías.

La dirigencia sindical directamente se borró y por eso debemos desarrollar todo tipo de organizaciones en cada lugar de trabajo para imponer este programa. En ese camino, y para llegar a millones, es necesario recuperar las organizaciones sindicales para los trabajadores, exigiéndoles en primer lugar a sus actuales direcciones que se pongan al frente de pelear por estas demandas elementales frente a la pandemia.

4) Centralización de todo el sistema de salud: hay distintos pronósticos sobre cómo va a golpear el pico de la pandemia en la Argentina. En Italia y en España vimos cómo se colapsaron las unidades de terapia intensiva, debiendo muchas veces los médicos elegir entre quién vivía y quién moría, porque no había camas y respiradores suficientes en los picos de la crisis. Aunque la información oficial retacea, se sabe que la totalidad de camas disponibles (del sector público y privado) en el país es de 166.000, con un total de 5.342 establecimientos con capacidad de internación. Sin embargo, sólo 1.553 de esos establecimientos corresponden al sistema Estatal que concentra la mayor población asistida (un 40% del total), esta desigualdad se replica en la provincia. Es fácil entender por qué las camas de los establecimientos públicos tienen una alta tasa de ocupación, debiendo en épocas normales esperar meses por turnos de cirugías o intervenciones programadas. O encontrando habitualmente camas improvisadas en guardias e incluso pasillos, por falta de camas disponibles.

Por lo tanto, para enfrentar la propagación de la pandemia, el sistema debe ser unificado, con centralización estatal de todas las camas, establecimientos, aparatología y recursos disponibles, para que el acceso sea verdaderamente universal. Pero aún así es insuficiente si el panorama escala a los niveles vistos hoy en países como Italia o España. Por eso todo centro con capacidad de internación debe ser acondicionado y equipado para reforzar las salas de aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de Covid–19. La salud privada en su conjunto debe ser declarada de utilidad pública, mientras dure la crisis. Es decir que debe funcionar bajo la órbita del Estado como parte de un plan centralizado de todo el sistema.

Aquellas empresas que se nieguen a poner todos sus edificios, aparatología y recursos al servicio del combate a la pandemia sin cobrar un centavo, deberán ser declarados de utilidad pública y funcionarán bajo la gestión directa de sus profesionales y el resto de los trabajadores que seguirán percibiendo el 100% de sus haberes a cargo del Estado de ser necesario.

5) Los laboratorios medicinales y fábricas de elementos sanitarios deben ser declarados de utilidad pública: un puñado de empresarios (entre los que encuentran los más ricos de la Argentina) lucra con los precios de los medicamentos y son parte de la especulación que hoy sigue habiendo con el alcohol en gel, barbijos, guantes y otros insumos. Estos laboratorios, al igual que las empresas químicas que producen elementos sanitarios (como lavandina, jabón, etc.) también deberán ser declarados de utilidad pública. Existe en el país una red de 39 laboratorios públicos (Unidades Productoras de Medicamentos – UPM) de diferente complejidad, nacionales, provinciales y municipales, en 12 provincias en condiciones de producir. Deben recibir los fondos y personal suficiente para la producción de todo lo necesario en la pandemia.

6) Reconversión de empresas: hay empresas que producen distintas mercancías que hoy no son necesarias durante la crisis, como las automotrices, línea blanca, textiles, ensambladores de televisores y celulares, entre otras. Esas empresas también deben ser declaradas de utilidad pública en el marco de un plan de reconversión dirigido por especialistas de las universidades públicas junto a los trabajadores de cada empresa, para ponerlas al servicio de la construcción camas, respiradores, ropa de trabajo para el personal de salud, etc. Como hacen en la fábricas recuperadas como Madygraf y Textil Neuquén.

7) Esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores: la cuarentena obligatoria puso en la superficie que hay entre 5 y 7 millones de trabajadores y trabajadoras no registrados, que subsisten trabajando en forma autónoma, haciendo changas, vendiendo en la vía pública, etc. Junto a ellos están los trabajadores monotributistas, muchos de los cuales trabajan bajo patrón, pero sin relación legal de dependencia. El gobierno decretó 10 mil pesos por única vez en abril para este sector, algo que de ninguna manera podría alcanzar para la más mínima subsistencia de una familia. Por eso el planteo debe ser un salario de cuarentena de un mínimo de 30mil pesos todos los meses que dure el aislamiento para todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción, que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores.

Para quienes tienen que seguir trabajando: apoyamos las luchas y reclamos de los cientos de fábricas y establecimientos donde los trabajadores exigen condiciones básicas de seguridad e higiene y el reclamo de licencias pagas al 100 % de los sectores que no consideran ’esencial’ su trabajo. Plenas libertades de organización y lucha. Por la creación de comités de higiene y salubridad con delegados votados por los trabajadores.

Prohibición de despidos y suspensiones con rebaja salarial: en las pocas semanas desde que se conoció el primer caso positivo en la Argentina, ya hubo miles de despidos. La cuarentena obligatoria llevó al cierre de miles de comercios, empresas y oficinas y los patrones lo primero que hacen es despedir. Si no imponemos una salida obrera, la tasa de desocupación se va disparar aún más en los próximos meses. Por eso es necesario luchar y reclamar la real imposición de la prohibición de despidos. Asimismo, muchos patrones suspenden a sus empleados, pagándoles el 50 o el 75 % de sus salarios habituales. Prohibición de toda licencia o suspensión con rebaja salarial.

8) No al fortalecimiento del aparato represivo: el Gobierno nacional y los gobernadores tienen el eje de mantener a la gente confinada a través de más poderes para las fuerzas represivas. Cada día de despliegue masivo de tropas federales y provinciales implican millones y millones de pesos, que podrían ser utilizados para el salario de cuarentena para que muchos trabajadores no se vean compelidos a salir “para hacerse el día” y que su familia subsista.

Contraponemos las medidas de este programa a la militarización de la sociedad con las mismas fuerzas represivas que así como lo hicieron ayer, no dudarán mañana en reprimir a sangre y fuego a quienes salgan a luchar por sus derechos.

9) Hay recursos: son muchos los que plantean que la Argentina no cuenta con recursos suficientes para afrontar esta crisis, pero sin embargo defienden que solamente entre enero, febrero y lo que va de marzo, se destinaron 5.000 millones de dólares para el pago de la deuda pública, una cifra enormemente superior a todo lo que se está destinando para esta crisis. Es criminal pagar un peso más de deuda, repudio soberano de la deuda externa.Asimismo, es público que distintas ramas de la economía multiplicaron sus ganancias en los últimos años. A una situación extraordinaria que pone la vida en peligro, hay que responderle con medidas extraordinarias: impuestos extraordinarios a los banqueros y principales grupos económicos. De ahí vendrán las fuentes de financiamiento para todo lo que hiciera falta para enfrentar esta pandemia.

¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!







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