Economía

SE TENÍA QUE DECIR

FMI: el Gobierno oculta que la deuda es ilegal

Investigaciones de especialistas demuestran que la deuda contraída por Macri con el FMI no tiene ningún basamento legal ni cumplió con los procedimientos. Pero el Gobierno de Fernández lo niega y sigue adelante con la reestructuración que implicará nuevas condicionalidades.

Lucía Ortega

@OrtegaLu_

Martes 11 de agosto | 21:34

Investigaciones de especialistas demuestran que la deuda contraída por Macri con el FMI no tiene ningún basamento legal ni cumplió con los procedimientos. ¿A qué se debió tanta ilegalidad, qué tenían que ocultar?

Pero el Gobierno de Fernández hace oídos sordos, niega esta ilegalidad y sigue adelante con la reestructuración de la deuda con el FMI, que implicará nuevas condicionalidades al país y más ajuste sobre los sectores populares.

Flojísimo de papeles

La Coordinadora de Abogadxs de Interés Público publicó una investigación en marzo de este año donde se constata la ilegalidad de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018.

Andrés Bernal, Augusto Martinelli y Francisco Verbic, son los autores de ese informe completísimo. Le reclamaron al Poder Ejecutivo Nacional, en ese entonces, algo muy básico: que informe documentadamente las condiciones del empréstito y los procedimientos que se siguieron para acordar con el FMI.

Es decir, que entregaran copia de los expedientes administrativos, informes técnicos y dictámenes jurídicos y técnicos que debieron producirse con carácter previo a la formalización del crédito. Para ello realizaron dos amparos y tres reclamos administrativos.

Las respuestas fueron una serie de contradicciones y evasivas. El Ministerio de Hacienda los mandó a un link en donde figuraba la Carta de Entendimiento con el FMI, que no es ningún acto administrativo ni nada que se le parezca.

Finalmente, de los pocos documentos que consiguieron a partir de sus recursos, concluyen lo siguiente:

(i) El primer expediente fue iniciado por el Ministerio de Hacienda el 21/06/2018. Esto es, nueve días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito (fechada el 12/06/2018).

(ii) No hay constancia de dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención.

(iii) No hay constancia del dictamen previo del Banco Central sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156).

(iv) No hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente Decreto presidencial alguno, así como tampoco Resolución del Directorio del Banco Central ni Resolución del Ministerio de Hacienda.

(v) No hay constancia de haberse suscripto acuerdo ni contrato alguno. Sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Una Carta de Intención que dice expresamente que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo ‘stand by’”.

(vi) Los datos y las proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención no se vinculan con ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica previa.

De todo esto, acreditado con documentos oficiales, los abogados concluyen que al contraerse el crédito con el FMI se violaron de forma manifiesta todos los procedimientos legales y de procedimiento establecidos para la toma de decisiones públicas en este campo.

Macri acudió a la Corte Suprema para que rechace el pedido de información que hacen los abogados. Desde el 11 de noviembre de 2019 eso está ahí. El 26 de mayo de este año, la Comisión Bicameral del Congreso le pidió a la Corte un informe del estado del expediente. Sigue sin responder.

Inconstitucional

Algo similar plantearon en diciembre del año pasado Claudio Lozano y Jonatan Emanuel Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuando denunciaron penalmente a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris por el acuerdo con el FMI.

Dicen que los funcionarios de Cambiemos firmaron el acuerdo inconstitucionalmente porque "debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación. El PEN se negó a hacerlo invocando una norma caduca" (el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera).

¿Qué es lo que esconde esa ilegalidad?

La cuestión no es sólo un problema de procedimiento administrativo, sino que las cosas se hicieron mal porque había algo que esconder: no hay una causa fundamentada para ese crédito, ni podían demostrar que era necesario para el país.

La ilegalidad esconde una ilegitimidad, un interés contrario a los intereses del pueblo trabajador.

Los vencimientos de deuda con el FMI entre 2021 y 2023 alcanzan cerca de 47 mil millones. En 2020, en plena pandemia, se cancelaron 320 millones de intereses al Fondo.

El Presidente Alberto Fernández dio una entrevista con Gustavo Sylvestre la semana pasada donde niega todo eso y plantea dos cosas:

1) Que la deuda le financió la campaña a Macri y permitió una formidable fuga de capitales (informe BCRA), ¿de quién? De las empresas que hoy Fernández convoca para “poner a la Argentina de pie”.

¿Adonde fue la plata? A pagar intereses de deuda y a la fuga de capitales de las grandes empresas y el sector financiero especulativo.

2) Que la deuda con el FMI fue permitida por el sistema legal argentino. Lo que estamos viendo es que según distintos abogados que estudiaron el tema, eso es falso. Y que el Estado, ni la justicia, demostraron lo contrario.

Entonces, si la deuda es ilegal ¿Por qué el Gobierno no se apoya en esa evidencia para rechazarla o desconocerla? ¿Por qué lo oculta?

¿Por qué se insiste en perpetuar un sistema de subordinación "colonial" con esos organismos, siendo que, hay sobradas muestras o serias dudas de la ilegalidad del empréstito?

La respuesta debe ir, seguramente, en que no quiere que se cuestione su plan de renegociar la deuda y volver a los mercados internacionales de crédito.

Porque se propone evitar cualquier enfrentamiento con FMI, el gobierno de EEUU, el capital financiero internacional, los grandes empresarios, los especuladores de la deuda (que también tienen intereses en el sector productivo, como BlackRock en Vicentin). En fin, evitar enfrentar a todos los que se benefician de la deuda y de su mecanismo extorsivo.

No dicen que “ no se puede” enfrentar a estos sectores, sino que no es su programa, que así no es cómo salimos de la crisis, según el oficialismo. Su voluntad es pagar, acordar, llevarse bien con quienes nos saquearon. Sin dudas, esto nos habla mucho de la Argentina que se viene…







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