Política

DESAPARICIÓN, MUERTE Y ENCUBRIMIENTO

Facundo Castro: a seis meses de su desaparición, una decisión judicial podría torcer la causa

Hoy habrá marchas en Pedro Luro y Bahía Blanca por verdad y justicia. Cristina Castro y la Comisión por la Memoria pidieron a la Cámara Federal de Apelaciones que habilite el secuestro de 50 celulares policiales y allanamientos a comisarías de la Bonaerense.

Daniel Satur

@saturnetroc

Viernes 30 de octubre | 16:57

Foto Javier Vierja | Enfoque Rojo

Cómo informó hace unos días La Izquierda Diario, la familia de Facundo como querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querella institucional habían presentado a la jueza federal de Bahía Blanca María Marrón una apelación al fallo del 15 de octubre en el que la magistrada se negó a ordenar el secuestro de medio centenar de teléfonos de oficiales, subcomisarios y comisarios de la Policía Bonaerense y el allanamiento de las comisarías de Teniente Origone (Villarino) y de General Cerri (Bahía).

El pedido se hizo en paralelo con la apelación de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin a la misma negativa de Marrón, quien en un fallo a todas luces mediocre y escandaloso dejó prácticamente servido en bandeja un pedido de recusación por prevaricato (delito de prejuzgamiento de parte de un funcionario judicial cuando aún no hay sentencia).

En las últimas horas, la jueza Marrón dio un nuevo paso en su necesidad de provocar a las víctimas y quienes las representan. Que se negara a aceptar las apelaciones de fiscales y querellas era una posibilidad más que probable. Y así fue. Por eso las querellas este viernes 30 decidieron presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que ahora deberá resolver si les da la razón a las víctimas o a la jueza cómplice de los victimarios.

El recurso de queja lleva las firmas de ambas querellas, representadas por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto en el caso de Cristina Castro y de Adolfo Pérez Esquivel, Roberto Cipriano García, Margarita Jarque y Carla Ocampo Pilla de la Comisión provincial por la Memoria (CPM).

Según el escrito, las querellas se presentan “en legal tiempo y forma a interponer recurso de queja en los términos del art. 476 y ss. del CPPN contra la resolución dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo de la Dra. Marrón, por la que resolvió ‘Declarar inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por las partes’ -no discriminando en su tratamiento- en los cuales se solicitaba la revisión de la sentencia que denegaba la producción de medidas de coerción tendientes a probar extremos de la investigación, y que fuera notificada el día 26 de octubre del 2020”.

Como se recordará, la “producción de medidas” que solicitaron los fiscales y las querellas y que denegó la jueza Marrón refieren por un lado a un “nuevo allanamiento e inspección sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, como así también, toda otra edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte” de la subcomisaría de Teniente Origone. Por otro un allanamiento a la comisaría de General Daniel Cerri. Y a su vez piden que la Jefatura de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entregue “la totalidad de los teléfonos personales y oficiales que les fueran asignados” a medio centenar de agentes policiales de Villarino y Bahía Blanca.

Vale decir que esas medidas de prueba fueron solicitadas por los fiscales Heim y Azzolin, quienes fueron designados en la causa por la Procuración General de la Nación para compartir la investigación penal con Ulpiano Martínez, el fiscal natural que no hizo nunca otra cosa que encubrir a la Policía Bonaerense, al ministro de Seguridad Sergio Berni y atacar a las víctimas del caso.

El pedido de los fiscales está más que fundamentado. De allí que las explicaciones de la jueza Marrón para negarse a ordenar los secuestros y allanamientos fueron ni más ni menos que un insulto a la inteligencia y una provocación a Cristina Castro, al resto de la familia de Facundo y a quienes quieren que se sepa qué pasó con el joven de Pedro Luro y los culpables paguen por ello.

Las querellas denuncian ante la Cámara de Apelaciones que la valoración que la jueza Marrón realizó sobre “la utilidad y pertinencia de las medidas solicitadas” partieron “de un análisis soslayado y parcial”, ya que sólo tomó en consideración “aquellas constancias que se condecían con la interpretación que la Jueza tiene de la causa”, sin importarle que en el expediente hay muchos elementos que ponen en cuestión objetivamente esa interpretación (obviamente favorable a la Bonaerense).

Entre esos elementos (que constan en los pedidos de los fiscales para las medidas solicitadas) se encuentran las comunicaciones entre policías que tienen fuertes vinculaciones personales y por ello en mensajes y llamadas dieron pistas sobradamente sospechosas, errores nada “casuales” en los registros oficiales de las lectoras de patentes de la ruta 3 (y que habilitan a construir hipótesis a favor de la Policía), la existencia de ADN vinculado a Facundo en un cabello hallado en un patrullero de Origone más los hallazgos contundentes de objetos del joven en dependencias y patrulleros por parte del perro Yatel del perito Marcos Herrero, entre otras.

La familia de Facundo y la CPM agregan a su vez que, al negarles a los fiscales poder investigar, la jueza Marrón no hizo más que “obturar el proceso de búsqueda de la verdad”, configurando con ello un “agravio” a las querellas “de imposible reparación ulterior”.

“No podemos avanzar sobre la realidad de lo que sucedió el día 30 de abril y a posteriori con Facundo. No hay hoy una teoría acabada de lo sucedido, por lo que no es posible descartar la hipótesis más robustecida hasta el momento: la hipótesis policial; menos aún mediante conclusiones que parten de premisas falsas”, afirman en una clara acusación a la magistrada cómplice.

Para los querellantes, la jueza Marrón directamente desconocer “el régimen de interpretación que rige en nuestro país en este tipo de investigaciones”. Si se quiere, una forma elegante de decirle que se hace la burra para encubrir a los desaparecedores y asesinos.

Por último, denuncian ante la Cámara que la máxima autoridad judicial en la causa en trámite por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro desconoció deliberadamente diversos exhortos y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso un pedido especial de Amnistía Internacional al Estado argentino.

Así, las querellas piden a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca que tome “la queja por inadmisibilidad de recurso de apelación por denegatoria de medidas de prueba fundamentales”, declare “mal denegado el recurso de apelación” de fiscales y querellantes y “se haga lugar y se ordene practicar las medidas de prueba requeridas”.

Y advierten que si la Cámara desestima el recurso de queja, “se hace expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Ahora serán los camaristas los encargados de demostrar que no todo el Poder Judicial de la Nación está embarcado en la protección de la Policía Bonaerense y sus encubridores políticos y judiciales.

Hoy se cumplen seis meses de la desaparición forzada de Facundo. Seis meses en los que el régimen político encabezado por Axel Kicillof y Sergio Berni a nivel provincial y por Alberto Fernández a nivel nacional cerró filas con los máximos sospechosos del crimen. “No vamos a encubrir a nadie”, dijeron los mandatarios a Cristina Castro cuando la recibieron en Olivos y en La Plata. Mintieron. Hace medio año que encubren.

Y no sólo eso. Además, siguen empoderando a Berni y a su fuerza represiva, a la que usan para barrer a balazo de goma y gases a miles de familias pobres sin techo. Como en Guernica en las últimas horas y como hace días en Rafael Castillo, Victoria y demás terrenos bonaerenses.

Hoy se marchará en Pedro Luro y en Bahía Blanca por verdad y justicia para Facundo. Contra la brutalidad policial, la represión a quienes luchan por derechos elementales y la impunidad de Berni y sus perros rabiosos de uniforme. La lucha sigue. Y Cristina y los suyos saben que esa lucha es contra un sistema poderoso y criminal. Por eso hay que estar con ellos.







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