Galeano y la defunción de la seguridad democrática

Jueves 11 de septiembre de 2014 | Edición del día

Tras el affaire del “gendarme carancho” que abrió una crisis alrededor del secretario de Seguridad Sergio Berni, la ignota titular del Ministerio de Seguridad Cecilia Rodríguez no tuvo más remedio que aparecer en público.

Haciendo malabares para “aclarar” la función del coronel Roberto Galeano, el “canoso” infiltrado que supervisó el operativo sobre la Panamericana, Rodríguez dijo que el comandante López Torales “no cometió delito” cuando fingió ser atropellado por Christian Romero, un conductor solidario con la lucha de los despedidos de Lear, a pesar de que este fue violentamente arrancado del vehículo y golpeado, y más tarde imputado por lesiones y resistencia a la autoridad por el fiscal Diego Molina Pico. Desde el programa de Gustavo Silvestre, la ministra militante de La Cámpora, confesó que Galeano “cometió un error y se excedió” pero simultáneamente enalteció su “vocación de servicio” porque “actuó en Malvinas como un veterano, lo que no es poco”. Por qué no extender este juicio entonces a Aldo Rico (en otros tiempos, aliado del kirchnerismo), quien participó del movimiento de los carapintadas, integrado también por Galiano y hasta por el mismo Berni. El gobierno de los “derechos humanos” suele reivindicar a esos “militares nacionalistas” como el general Milani, convalidados vergonzosamente por los organismos de DD.HH. oficialistas.

Galeano fue jefe de Inteligencia del Cuerpo de Ejército de Córdoba y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Fue contratado como coordinador de las fuerzas de seguridad, aunque Berni quiso designarlo su mano derecha en tanto subsecretario, a pesar de que la ex ministra de Seguridad Nilda Garré había firmado su pase a retiro a causa de su prontuario. Estos elementos revelan la carta de defunción del programa de seguridad democrática, firmado en 2009 por un amplio arco de centroizquierda que recorría transversalmente el peronismo y el pan radicalismo, para proporcionar una salida “progresista” a la cuestión securitaria.

Impulsado por Horacio Verbitsky, el ex ministro León Arslanian, el diputado Marcelo Sain y el jurista Alberto Binder, el acuerdo por una seguridad democrática suponía el “control civil” de las fuerzas de seguridad para desterrar el “autogobierno policial” a partir “del empleo de la fuerza legítima en el terreno, para asegurar que la intervención sea proporcional y eficaz”. Galiano representa el punto de llegada de ese rumbo con la sustitución del control político de las fuerzas de seguridad por la conducción militar y la arbitrariedad del “olfato policial”, alimentados por el gobernador Scioli, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y toda la caterva de la derecha. De ese modo, la seguridad democrática terminó alumbrando a Berni y el populismo penal de la mano dura.
Como doctrina de Estado, la seguridad democrática cobró fuerza material en diciembre de 2010 con la fundación del Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Nilda Garré. Sin embargo su misma génesis reveló su carácter anti popular: esa institución surgió como respuesta reaccionaria a la ocupación del Parque Indoamericano, donde más de 1500 familias pobres exigían una vivienda digna con el saldo de tres muertos, Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinados conjuntamente por la Policía Federal y la Metropolitana. Por ende, del Parque Indoamericano al brutal desalojo de 700 familias del ex asentamiento Papa Francisco medió un sólo paso, afín al control territorial de los grandes grupos inmobiliarios.

Del mismo curso salió el Proyecto X como política de infiltración y espionaje de las organizaciones obreras combativas, protagonizada por la Gendarmería, responsable del armado de causas de gran parte de los más de 5000 luchadores obreros y populares procesados por defender sus derechos, que aún mantiene el kirchnerismo. Cabe añadir que Gendarmería fue la fuerza estrella seleccionada como vehículo de la seguridad democrática en oposición a la Federal y las policías provinciales, asociadas a la mano dura desde el menemismo. En resumidas cuentas, la seguridad democrática y la mano dura constituyen dos formas de ejercer la represión estatal en función de los intereses de los capitalistas. Nada más ni nada menos.

En oposición a las fantasías del progresismo, Lenin en su libro La Revolución proletaria y el renegado Kautsky señalaba que las clases dominantes para defender la propiedad privada no vacilaban en apelar tanto a la legalidad como a la ilegalidad, pero que “no existe un solo Estado, por democrático que sea, cuya Constitución no ofrezca alguna escapatoria o reserva que garantice a la burguesía la posibilidad de enviar tropas contra los obreros, de declarar la ley marcial, etc., “en caso de alteración del orden público”; en realidad en caso de que la clase explotada “altere” su situación de esclavitud o intente conducirse no como esclava”. Por eso los socialistas revolucionarios luchamos por un estado de los trabajadores basado en la autoorganización democrática de las masas armadas, la única perspectiva capaz de realizar efectivamente el conjunto de las demandas obreras y populares en desmedro de los intereses de los grandes capitalistas, en la vía de terminar con la explotación del hombre por el hombre.







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