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Guernica: el Gobierno nacional dice que no hay delito, pero Larroque y Berni quieren desalojar

Larroque volvió a criminalizar a las familias, a pocos días de la fecha prevista para el desalojo. En paralelo Alberto Fernández expresó que en Guernica no se está cometiendo un delito y que no se puede resolver un problema social con un juez y la policía. ¿Qué implican estas contradicciones discursivas para las familias?

Lunes 12 de octubre | 20:52

En una larga charla con la conductora Romina Manguel que se transmitió por el canal A24 el domingo, Andrés Larroque habló nuevamente sobre la situación en Guernica, lugar donde instaló su cuartel general. Durante las últimas semanas el ministro de Desarrollo de la Comunidad se convirtió en el principal vocero de la política del gobierno de Kicillof respecto a este tema.

"No voy a cuestionar la decisión del juez", dejó en claro Larroque. "Desde el primer momento dijimos que la toma además de ser ilegal, también obstruye los procesos de urbanización”, continuó. La última parte de esa frase queda claramente desmentida por el plan de urbanización para el predio presentado por vecinos, arquitectos y urbanistas que colaboran con ellos. La traza de las parcelas se realizó respetando que existan calles, espacios abiertos y lugares aptos para instalar la infraestructura de servicios necesaria en los nuevos barrios, que se integrarían a la zona aledaña sin problemas.

El énfasis puesto por el ministro en que no cuestiona al juez y en la ilegalidad de las familias se choca con lo expresado por el propio presidente Alberto Fernández en una entrevista publicada el mismo domingo por Horacio Verbitsky. Allí, el también abogado y profesor de Derecho Penal Fernández expresó que en Guernica “no se está cometiendo un delito, el derecho penal no puede arreglar todo. Es un problema social acuciante (...) Aquí hay un problema al que hay que darle respuesta. Y la respuesta es la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente. La respuesta no es ir con un policía y con un juez a sacarlos a palazos de ahí. No está bien que tomen las tierras, pero es un acto desesperado ante una sociedad que no está dando respuestas”. Más allá de este discurso, que también fue tomado por Santiago Cafiero en el Senado, el Gobierno nacional tampoco está haciendo nada concreto para resolver la situación de estas familias.

Recordemos que hace pocas semanas el periodista Mario Wainfeld escribió en Página 12 que, además, si alguien está en la ilegalidad esos son los supuestos dueños del predio en cuestión. Según demostraron los abogados, no hay pruebas sólidas de propiedad de esos terrenos, e incluso algunos de los denunciantes (que están instalados en los predios vecinos) se encuentran en la “ilegalidad”, ya que deben años de impuestos y aportes a sus trabajadores. Es el caso de la empresa El Bellaco, que ya hemos denunciado en este diario y quedó en evidencia en una muy buena investigación publicada por la revista Crisis.

En la entrevista con Manguel Larroque vuelve a ratificar la fecha de desalojo del 15, dejando así correr una amenaza explícita contra las familias. Su argumento de no poder hacer nada frente a la decisión del juez quedó desmentido por abogadas y abogados de la causa, que demostraron que efectivamente el Ejecutivo tiene potestad para decidir si poner o no a disposición a las fuerzas de seguridad en este caso, sobre todo porque como ya dijimos, no está comprobada fehacientemente la titularidad del predio y eso vuelve ilegal el desalojo. Larroque dice sostener la postura del gobernador Axel Kicillof, al igual que el ministro de Seguridad Sergio Berni, otro apóstol del desalojo que sin embargo dice no poder ejecutarlo por falta de recursos.

El dirigente de La Cámpora insiste en hablar de una “cultura” de tomar tierras que existiría en el conurbano como respuesta al déficit de vivienda. Algo tan agudo como proponer que hay una “cultura de comer” para no morirse de hambre. El ministro insiste en la falta de regulación sobre el tema, omitiendo en todo momento mencionar que en 2013 se sancionó en la Legislatura bonaerense la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, cuando gobernaban Daniel Scioli en la provincia y Cristina Fernández a nivel nacional. Entre los muchos puntos que aborda esta ley está la integración de los barrios autoconstituídos o asentamientos al ejido urbano; nada más lejos de promover su desalojo. Esa ley determina la vigilancia del uso del suelo para que tenga uso social y no para la especulación inmobiliaria: es decir el opuesto exacto a la política implementada durante las últimas décadas en el conurbano.

Un ministro en campaña (de criminalización)

Las nuevas declaraciones de Larroque forman parte de una intensa campaña del ministro en los medios, mostrando por un lado algunas refacciones de casas como “respuesta” a una situación dramática que viven miles, y por el otro generando desconfianza hacia las familias de Guernica y quienes las apoyan, afirmando que las organizaciones de izquierda amenazan con sacar planes sociales a quienes lleguen a un acuerdo con el gobierno. Larroque oculta que quienes realmente amenazaron con hacer esto (y lo cumplieron) fueron referentes de su espacio político como Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. El súmmum llegó el jueves 8 por la noche, cuando una verdadera operación mediática mostró el supuesto saqueo e incendio de la casa de un delegado del predio, algo que fue desmentido por las vecinas y vecinos en este diario, con imágenes que lo documentan.
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Anuncios insuficientes que llegan tarde

Días atrás Larroque anunció junto a la intendenta Blanca Cantero un convenio mediante el cual el distrito recibiría dinero para construir dos SUM (salones de usos múltiples) y 1000 viviendas. Según estos funcionarios, un crecimiento desmedido de la cantidad de habitantes habría provocado la situación de crisis habitacional en la que se encuentra Presidente Perón actualmente.

La realidad es que el peronismo gobernó el municipio desde su creación en 1993, y a excepción de los 4 años de gobierno de Vidal, el PJ gobernó la provincia sin pausa desde 1987; sorprende que usen estos argumentos como justificativo, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en el estado de situación. La misma Cantero se desempeñó como concejal allí durante 4 períodos antes de ser diputada provincial y luego intendenta. Según el Instituto de la Vivienda bonaerense, en los 10 años que van de 2007 a 2017 (es decir, bajo gobiernos kirchneristas en el país y la provincia) solo se adjudicaron 262 viviendas mediante ese organismo en ese partido.

Mientras tanto florecieron los emprendimientos inmobiliarios de alta gama, barrios privados y clubes de campo con cientos de hectáreas a disposición, lagos artificiales y canchas de golf. La política urbana en Presidente Perón (y sus vecinos San Vicente y Ezeiza) estuvo claramente orientada a favorecer estos emprendimientos de lujo, mientras la mitad de las viviendas del municipio se encontraba en estado de precariedad y el hacinamiento crecía de manera rampante en los barrios populares. Teniendo en cuenta lo ocurrido con la Ley de Acceso Justo al Hábitat (que aún reglamentada no se cumple) y los numerosos planes de infraestructura presentados por cada gobierno, es lógico desconfiar del plan presentado con bombos y platillos por el gobernador Kicillof hace pocas semanas.

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La respuesta del gobierno provincial y los intendentes ante esta problemática lejos está de ocuparse del nudo de la cuestión. Larroque le dijo a Manguel que “Hoy no hay razón para que sigan habiendo tomas, se desactivaron 300 en lo que va del año”. A los bonaerenses les quedó claro cómo “desactivaron” esas tomas: mediante el uso de la violencia, liberando zonas para que patotas enviadas por intendentes como Espinoza de La Matanza actuaran con violencia contra las familias, o ejerciendo esa violencia directamente mediante efectivos policiales. Como le gusta decir al ministro, el Estado se hizo presente; pero fue para reprimir y violentar los derechos de las familias que no tienen dónde vivir.

A tres días de la fecha prevista para el desalojo los vecinos denuncian la presencia intimidatoria de policías dentro del predio, así como caravanas de móviles y motos policiales por las zonas aledañas y el ingreso de efectivos de civil al predio en cuatriciclos. A esto se suma la presencia de un helicóptero que recorrió el lugar con una sirena y despertó a aterrorizados niños y niñas a mitad de la madrugada, varias veces en la última semana.

El gobierno sigue buscando convencer a los vecinos de irse a cambio de poco más que promesas, pero cientas de familias no tienen otra alternativa que quedarse. Como dijeron en un comunicado las mujeres de Guernica este fin de semana, ellas tienen una propuesta y están dispuestas a ir a otro lugar donde les entreguen lotes, pero si es en lo inmediato, porque "no podemos esperar meses en la calle por una promesa", como explicaron. Esto es lo que están reclamando al ministro estrella del momento, que en cada paso que da por los medios sigue demostrando que se encamina hacia un lugar muy distinto al que necesitan estas familias. En poco más de dos días se verán todas las cartas sobre la mesa.

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