Géneros y Sexualidades

ENTRE RÍOS

Habilitan a ejercer a Rodríguez Lastra, médico condenado por interrumpir aborto legal

Fue decisión del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. El médico antiderechos Rodriguez Lastra, condenado e inhabilitado en Río Negro por haber interrumpido un aborto y obligado a parir a una joven, fue habilitado para ejercer profesionalmente.

Domingo 22 de noviembre de 2020 | 19:56

En la provincia de Entre Ríos, el Ministerio de Salud otorgó la matrícula, que habilitaría a ejercer en el ámbito público al médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado por obligar a parir a una joven que acudió al hospital Moguillansky de Cipolletti con un proceso de aborto en curso enmarcado en la Ley Vigente en la provincia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, conducido por Sonia Velázquez, donde gobierna Gustavo Bordet, aliado al Frente de Todos, otorgó la matrícula al médico tocoginecólogo Rodríguez Lastra, condenado por incumplimiento de la función pública en la provincia de Río Negro.

Rodríguez Lastra, forzó a una joven a continuar con una gestación y a parir en contra de su voluntad. Esta había manifestado su propósito de continuar con el aborto no punible cuando llegó al Hospital Moguillansky de la ciudad de Cipolletti. Por eso, el médico fue condenado el 11 de marzo a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

Condena al ginecólogo Rodríguez Lastra by La Izquierda Diario on Scribd

El médico que se paseaba por todo el país haciendo campaña electoral contra el derecho a decidir y a no morir por aborto clandestino, como candidato por la Ciudad de Buenos Aires, así como dando charlas, revelando información sobre la víctima, podría ejercer en la provincia de Entre Ríos, donde la Interrupción Legal del Embarazo se encuentra reglamentada y en vigencia.

Según contó la periodista entrerriana Paola Robles Duarte, la matrícula le fue otorgada a Rodríguez Lastra con vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025.

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"Amparado en una ley que data del año 1952 –más allá de algunos parches que ha recibido en el marco de modificaciones posteriores- Rodríguez Lastra obtuvo, sin contratiempos, la habilitación por parte del Ministerio a cargo de Sonia Velázquez. De esta manera, el tocoginecólogo condenado por impedir la práctica de un aborto no punible en el sur del país, y referente a nivel nacional del movimiento ’Salvemos las 2 Vidas’, obtuvo en septiembre pasado –por parte de la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud- la matrícula provincial (MP 12642) y la habilitación de la especialización de Tocoginecología en Entre Ríos, con una vigencia de cinco años", contó Duarte en Entre Ríos Ahora.

La lucha por el aborto legal

A pocos días de haberse presentado el proyecto de legalización del aborto por parte del oficialismo, y de las movilizaciones que hubo en todo el país para exigir que se debata el proyecto de la Campaña y se avance en que sea ley, la noticia no puede menos que leerse como un alerta. La necesidad urgente de las mujeres y la diversidad que sigue siendo obligada a parir contra su voluntad y a morir en clandestinidad, no puede tener como respuesta ese mensaje.

En el proyecto del Poder Ejecutivo, se incluye un artículo sobre objeción de conciencia que difiere del proyecto que obtuvo media sanción en 2018 y del que presentó por octava vez consecutiva, en 2019, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Ese artículo tan cuestionado es el que le garantiza a los médicos como Lastra no sólo negarse a la práctica del aborto por creencias personales, sino que abre también las puertas para la intervención de los grupos antiderechos, desde las propias instituciones, como ya se ha visto en numerosos casos en los que mujeres y niñas han sido obligadas a recorrer hospitales, pagar clínicas privadas o incurrir en la más absoluta clandestinidad.

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El derecho al aborto sigue siendo una pelea en las calles, en los lugares de trabajo y estudio. Que se debata la ley es un avance, que se sancione el proyecto de la Campaña Nacional una urgencia, que debe unirse en la pelea por presupuesto para salud y profesionales capacitados, sin que la “objeción individual”, ni el Estado ni la Iglesia decidan por las mujeres.







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