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Red Internacional
La Izquierda Diario

Es el vocero de las patronales del transporte en Tucumán, tiene participación en más ocho de empresas y 14 líneas, no paga las cargas sociales a pesar de descontarlas y ahora pide un boleto a 100 pesos.

Viernes 5 de marzo | 17:46

"Hoy no tenemos dinero para pagarle a los trabajadores (...) Mañana llega el subsidio de la Nación, pero ni de esa manera llegamos a completar el 100%", aseguró Jorge Berretta, anticipando que este mes las empresas volverán a suspender total o parcialmente el pago de los salarios.

A dos semanas del inicio de las sesiones en el concejo deliberante de la capital, los empresarios amenazan con retener el pago de los salarios y exigen un nuevo tarifazo, asegurando que el boleto tiene que estar en $100. Un aumento imposible, pero que expresa las aspiraciones de un sector que viene con un pliego que incluye concesiones impositivas y cada vez más subsidios.

Con uno de los boletos más caros del país, los empresarios recibirán este año más de 3.000 millones de pesos en concepto de subsidios nacionales y provinciales. Con esa masa de subsidios cubren la totalidad de la planilla salarial para los 3.600 empleados del sector. Pero otra vez los empresarios apelan al viejo recurso de empujar a los choferes al paro para poner sobre la mesa su propio pliego de reclamos.

Quien oficia de vocero de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y asegura no tener dinero para pagar los salarios, es uno de los empresarios más importantes del sector. Junto a su hermano, Hernán José Berretta, tienen participación directa en 8 empresas de transporte de pasajeros y más de 14 líneas: La Nueva Fournier SRL (líneas 118, 121, 122, 131), Tandilense SRL (123, 125, 129, 141, 214), Leagas SRL (10, 110, 142), El Portezuelo UTE (118), Rayo Bus UTE (131), Autobuses Santa Fe SRL (10, 110), El Bicentenario SRL (campo) y Los Porteños SRL, sociedad que tiene por objeto el transporte y la venta de repuestos automotores.

De acuerdo a la información pública disponible, por La Nueva Fournier, Leagas, y Tandilense SRL, Jorge Berreta recibió en 2018 cerca de 250 millones de pesos, concentrando el 10% de la masa total de los subsidios. Los 5 empresarios más importantes concentraban en ese entonces, más de la mitad de los subsidios que ingresaban por la Nación.

Además Jorge Berreta preside y posee participación accionaria en Metropolitana SA, una sociedad conformada por las principales empresas de transporte para la administración y control de la facturación por venta de pasajes en la provincia. Una privatización sin tapujos del control de la recaudación, concedida en 2014 por el gobierno de Alperovich y sostenida durante la gestión de Manzur.

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Los mecanismos de fraude laboral son variados, desde el empleo de trabajadores en negro muchos de los cuales fueron despedidos al comienzo de la pandemia -sólo en La Nueva Fournier hubo 20 despidos de choferes, trabajadores de los talleres y limpieza que estaban en negro-, el pago en negro de horas extras y feriados, hasta la retención en el pago de las cargas sociales y aportes patronales a pesar de su descuento. El mismo modus operandi se aplica en La Nueva Fournier y Leagas.

Pero también los trabajadores denuncian persecución y amedrentamiento por parte de la patronal. Suspensiones e informes para manchar el legajo de quienes participan de las movilizaciones autoconvocadas y de los trabajadores con menor antigüedad preparando las condiciones para el despido "con causa", aunque sean inventadas. Esto sucede en numerosas empresas y en forma simultánea.

Tal como consta en los registros de la AFIP, la totalidad de los choferes y empleados administrativos, las empresas de Jorge Berretta tienen suspendido el pago de estas cargas sociales. Esas cargas son retenidas de los sueldos que Berretta paga con subsidios, pero van a parar a su propio bolsillo. Eso implica para los trabajadores la interrupción de la obra social o el desfinanciamiento de la mutual de los choferes a instancias de la Comisión Directiva de la UTA.

Este año los directivos de La Nueva Fournier SRL volvieron a solicitar la apertura de un "concurso preventivo" de acreedores para renegociar sus deudas. Ya lo hicieron en años anteriores. Es el paso anterior al pedido de quiebra y un mecanismo de fraude mediante el cual las patronales cambian de razón social para seguir explotando las mismas unidades y recorridos. Berbus SRL era la sociedad que explotaba la línea 118. Itilico SRL la que explotaba la línea 131. Ambas fueron a la quiebra, para luego cambiar de razón social (El Portezuelo UTE y Rayo Bus UTE).

En el caso de La Nueva Fournier, lejos de deberle "al carnicero, al almacenero, etc" como sostiene públicamente Berretta en alusión a los proveedores de insumos del transporte, los principales acreedores del concurso son el Estado nacional y provincial, a los que debe cerca de 62 millones de pesos de impuestos. El concurso preventivo está orientado centralmente a negociar esa deuda, y por esta razón en cada aparición pública plantea que una de las demandas del sector es la disminución de la carga impositiva para el sector.

Sin embargo, las cosas no parecen ir tan mal para los Berretta ya que, en plena pandemia, armó dos fideicomisos (Fibus y La Nueva Era) para la "adquisición de ómnibus modernos para renovar el parque móvil automotor".

El transporte público de pasajeros en Tucumán está altamente concentrado en manos de un puñado de empresarios, la mayoría de ellos ocupa cargos directivos en la Aetat. De acuerdo al testimonio de los trabajadores del sector, este organismo concede "préstamos" a las empresas mas chicas, que igualmente reciben subsidios y estafan a los trabajadores. Aunque se encolumnen bajo las mismas demandas e intereses, entre los propios empresarios existe una relación asimétrica. A río revuelto, ganancia de los grandes empresarios. Es el caso de Tucumán Santiago SRL (línea 18), de Roberto Villalba, quien regularmente se endeuda con la Aetat y a pesar de recibir subsidios todos los meses, debe salarios desde octubre del año pasado. Hoy mantiene una deuda promedio de 150.000 pesos por chofer.

En las próximas semanas veremos nuevamente al vocero de la AETAT asegurar que "el transporte público puede desaparecer", veremos a los empresarios coordinarse para suspender en forma simultánea el pago de los salarios a la totalidad de los choferes, puedan o no pagarlo, y los veremos también reclamando un fuerte aumento de tarifas como tema prioritaria para el inicio de las sesiones legislativas.

El ajuste a los bolsillos que dispusieron tanto el gobierno nacional, como el provincial siguiendo sus pasos, habilita los tarifazos en los servicios públicos privatizados, como lo estamos viendo en el caso de las naftas y en la electricidad.

La unidad de trabajadores y usuarios es una tarea de primer orden para enfrentar el chantaje de estas patronales que hacen de un servicio público una fuente de ganancias y fraudes millonarios. La salida a este histórico atolladero pasa por terminar con la privatización del transporte y estatizarlo bajo control de trabajadores y usuarios, los únicos verdaderos interesados en un servicio barato, eficiente y en el que se respeten los derechos laborales.




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