Política

REPRESIÓN E IMPUNIDAD

Juicio a Milagro Sala: farsa para criminalizar la protesta social

La juzgan por un escrache del que no participó. En la primera audiencia los testigos se contradijeron y Morales estuvo ausente. Montaje para justificar la represión a la protesta social.

Verónica Valdez

@valveritos

Sábado 17 de diciembre de 2016 | Edición del día

El jueves (15) inició el primer juicio oral y público contra Milagro Sala. Luego de once meses de detención ilegal, está siendo juzgada por “amenazas coactivas y daño agravado”, debido a un escrache al entonces Senador Gerardo Morales, en octubre de 2009, del que la dirigente no participó.

El Tribunal Oral Federal N° 1 a cargo de este juicio está conformado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz. Estos mismos jueces habían declarado, en mayo de 2016, “la extinción de la acción penal por prescripción” de la causa de los “huevazos”, caratulada como “amenazas simples”. Esa decisión fue cuestionada por la Fiscalía y la querella, y el 4 de octubre la Sala IV de Casación revocó esa resolución y ordenó el juzgamiento de Sala por “amenazas coactivas y daño agravado”, causa de una gravedad superior.

La reapertura de esta causa se dio en el marco de la “lluvia” de causas contra la dirigente social, con más efecto mediático que pruebas en la Justicia. La finalidad fue justificar la detención arbitraria de Sala desde enero.

Una audiencia escandalosa

Luego del fallido acto “por la paz, la unión y la libertad civil” y del escandaloso proyecto del oficialismo para plebiscitar la continuidad de la detención de Sala, ante el aumento de la presión internacional que exige su liberación inmediata, el inicio de este juicio fue todo lo irregular que se podía esperar, y más.

La audiencia inició con una hora de retraso, con la llamativa ausencia de Gerardo Morales, principal querellante en esta causa. La defensa tuvo que sortear una serie de chicanas, antes de poder iniciar la ronda de testimonios.

Entre otras irregularidades, destaca la maniobra de los abogados de Gerardo Morales que presentaron un pedido, a las 8.15 de la mañana, cuando la audiencia debía iniciar a las 8, para evitar que declare como testigo Leandro Despouy. Se trata del actual Embajador Extraordinario Plenipotenciario y Representante Especial para los Derechos Humanos, que integra el equipo de la canciller Susana Malcorra y, como señala la defensa, debería estar ocupado en responder a las resoluciones de la ONU y la OEA sobre la detención ilegal de Sala.

La ausencia de Despouy en la audiencia, donde debía prestar declaración como testigo, expresa la contradicción con las funciones que debería cumplir en su actual cargo, pero también la incomodidad creciente del Gobierno de Mauricio Macri, acosado por el cuestionamiento internacional que ya se evidenció en el acto “por la paz” del 9D, donde ningún miembro de su Gabinete se hizo presente.

El resto de los testigos presentados por la querella en esta primera audiencia son todos dirigentes de la UCR, presentes en la conferencia que fuera escrachada en octubre de 2009, como el actual integrante del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel Giubergia, el Secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno Provincial, Carlos Toconás, y el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva.

Sus testimonios no tuvieron más datos que aportar lo que todos saben: ni Milagro Sala, ni ninguna persona identificada con la Tupac Amaru, participaron del escrache en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

El señalamiento de la supuesta responsabilidad de Sala se basa en sostener, sin mucha convicción, las acusaciones de Gerardo Morales sobre la presencia de Graciela López y Roberto Salvatierra -también imputados-, que dirigían cooperativas que en ese momento no integraban la Red de Organizaciones Sociales.

O bien, en supuestos mensajes amenazantes que la propia dirigente enviara a Carlos Toconás, quien llamativamente no podía recordar el contenido preciso, ni la fecha, ni tampoco supo explicar el motivo por el cual no realizó la denuncia en su debido momento.

Pero los testimonios más llamativos fueron justamente los de los supuestos testigos “clave”, Rubén Orlando Avellano y Cristina Noemí Choque, dirigentes de una cooperativa que integró en su momento la Red de Organizaciones Sociales y ahora se encuentran alineados con el Gobierno Provincial. El matrimonio ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos, pero acusan a Sala de haberlos “apretado” para que escrache al entonces senador Morales y “tiroteen” a su hermano Fredy. Estos se contradijeron además en datos importantes, como la fecha misma de los acontecimientos. Un verdadero mamarracho.

Una gestión fuertemente cuestionada

Cruzado por un fuerte cuestionamiento internacional, el Gobierno radical - massista de Gerardo Morales y Carlos Haquim no da el brazo a torcer y monta una nueva puesta en escena para justificar la represión al pueblo trabajador, sus organizaciones y métodos de lucha. Pero no hace más que demostrar el modus operandi de un Gobierno que ha diseñado una Justicia a su antojo, y ha hecho de la detención ilegal de Sala la piedra angular de un régimen de represión e impunidad que pretende torcer la relación de fuerzas legada por la Jujuy convulsiva de los años ‘90, para garantizar la “paz y libertad” de las patronales genocidas como Blaquier, y el puñado de dueños de la Provincia.

Es esto lo que explica que la detención de Sala haya sido defendida en una escandalosa solicitada por esas mismas patronales, hace pocos días.

Sin embargo, este primer juicio contra Sala está mostrando lo absurdo del argumento de aquellos que sostiene que la Justicia jujeña “sabe lo que hace”. Es evidente el armado en pos de justificar la detención de la dirigente social y sostener una política represiva sobre el conjunto del pueblo trabajador de la provincia.

Tensiones en Cambiemos

Este viernes, ante los fuertes cuestionamientos a Morales, llegó a la provincia la plana mayor de la UCR. Ratificando su tradición gorila y anti-obrera, convalidó los pasos dados por el Gobierno de Morales y la casta judicial provincial.

Pero este apoyo está lejos de garantizar que el desprestigio del Gobierno deje de crecer. Por lo pronto, es más una señal hacia el mismo Macri para que no ceda a la presión internacional y abandone a Morales.







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