Política

2010 - 20 de octubre - 2020

Juicio por Mariano Ferreyra: cuando la lucha sentó en el banquillo a la burocracia asesina

A diez años del crimen de Mariano Ferreyra, volvemos a analizar el juicio que condenó a burócratas sindicales, a policías que liberaron la zona y que dejó impunes a los responsables políticos.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Martes 20 de octubre | 00:00

En este nuevo aniversario del crimen del joven militante del Partido Obrero, publicamos en La Izquierda Diario un dossier en su homenaje.

En este artículo repasamos cómo fueron los hechos que desencadenaron el plan criminal de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria (UF), que se conoció en profundidad durante el juicio, y cómo se logró que se condenara a un burócrata sindical aliado del gobierno de Cristina Kirchner.

El 20 de octubre de 2010 Mariano Ferreyra, cayó por las balas de una patota de la UF que disparó contra manifestantes que pedían la efectivización de los tercerizados de la ex Línea Roca. Se trató, sin dudas, de un crimen contra toda la clase obrera.

El odio que generó este crimen se expresó en las calles, y en los pronunciamientos como el de René de Calle 13; figuras del deporte y clubes de fútbol -que en cada partido ponían la bandera en reclamo de justicia-. Además de organismos de derechos humanos, como la Correpi y el CeProDH, organizaciones sociales, centros de estudiantes, así como partidos de izquierdas, entre ellos el PO y el PTS.

El mismo día que asesinaron a Mariano Ferreyra -y dejaron otros varios heridos- se concentró en Callao y Corrientes un importante número de manifestantes. Al día siguiente, una movilización espontánea llegó hasta Plaza de Mayo para repudiar un crimen artero por parte de las patotas de la burocracia. Fue encabezada por los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira -que denunció que Cristina se negó a recibirlos- y Marcelo Ramal, acompañadas por los dirigentes del PTS Myriam Bregman, Christian Castillo; trabajadores de la ex Línea Roca; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas: y el diputado Fernando Pino Solanas, entre otros.

Capital Federal fue el centro de las protestas aquel 21 de octubre, con más de 60 mil personas, pero también en las principales ciudades del país hubo marchas y movilizaciones. Se reclamaba por "el juicio y castigo a los responsables y cómplices del asesinato". En tanto organizaciones sociales y de trabajadores realizaron distintas acciones: el Frente Darío Santillán cortó el Puente Pueyrredón; las trabajadoras y trabajadores de Kraft-Terrabusi realizan un corte en Panamericana, mientras los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro liberaron los molinetes en las cabeceras de todas las líneas. La campaña por justicia se extendió.

El 6 de agosto de 2012 comenzó el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a José Pedraza, mandamás de UF y a 16 acusados, entre miembros de la patota y de la jefatura de la Policía Federal que fueron cómplices del ataque.

Pedraza, el principal instigador del ataque criminal, y algunos autores intelectuales y materiales fueron condenados. Quedaron impunes los responsables políticos.

El modelo de precarización del gobierno kirchnerista

El juicio a Pedraza y sus cómplices, ventiló a viva voz el fraude laboral. El modelo de crecimiento kirchnerista, se basó en la mano de obra barata de millones de trabajadoras y trabajadores precarizados, que dejan la vida en fábricas y empresas por salarios miserables.

Este fue el móvil del crimen, terminar con la lucha de los tercerizados que se venían organizando y luchando por el pase a planta permanente desde principios del 2010.

Los trabajadores ferroviarios fueron testigos claves en aquel juicio. En los tribunales de Comodoro Py, se los escuchó relatar cómo funcionaba el fraude laboral. Dieron a conocer cuál era la complicidad del Estado, a través de la Secretaría y Subsecretaría de Transporte y Ministerio de Trabajo,con los empresarios de la UGOFE (Metrovías-Grupo Roggio, Ferrovías-Grupo Romero y TBA-Ciriglianos) y la Unión Ferroviaria (UF). Además, que la Secretaría de Transporte entregaba millones de pesos a las empresas tercerizadas, elegidas a dedo por la UF y la UGOFE.

¿Quién era José Pedraza?

Fue el secretario general de la UF. Estuvo al frente del gremio desde 1985 hasta que fue detenido por este crimen en 2012. Su mano derecha era Juan Carlos “El Gallego” Fernández, su segundo en el gremio. Sus “méritos” fueron la corrupción y el fraude laboral.

Él y los pedracistas se beneficiaron con las privatizaciones de los ferrocarriles, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem, 85 mil trabajadores fueron despedidos, gracias a la traición de la burocracia sindical. Pedraza se convirtió en empresario: administraba la Cooperativa Unión del Mercosur y el Belgrano Cargas (el ferrocarril de cargas más importante).

¿Por qué el gobierno kirchnerista fue señalado como responsable de este crimen?

La trama de la historia hay que construirla desde que asumió el kirchnerismo al poder. La burocracia sindical elegida por los K, fue la pedracista. Así lo hizo saber en 2009, cuando Cristina Kirchner asistió a un acto de la UF, donde expresó que Pedraza era parte del “modelo del sindicalismo fuerte y responsable”.

El 27 de octubre del 2010 muere Néstor Kirchener, siete días después del crimen de Mariano. Cristina, tiempo después repitió la frase de su hijo “La bala (que mató a Ferreyra NdeR) rozó el corazón de Néstor”.

Una frase que sonó a cinismo en los oídos de los trabajadores tercerizados, y de aquellos que esa mañana del 20 de octubre fueron reprimidos, porque entendían que el objetivo era desvincular a su gobierno de lo ocurrido y ocultar que estos burócratas eran sus aliados y se sentían impunes al amparo del poder del Estado.

Recordemos que además del asesinato de Mariano, hubo varios heridos, entre ellos Elsa Rodríguez con consecuencias importantes por un disparo en la cabeza, Nelson Aguirre con heridas en las piernas y Ariel Pintos -un trabajador tercerizado, que declaró en el juicio y que luchó junto a la Agrupación Bordo, actual Naranja-.

Otro de los motivos para vincular al gobierno en el crimen del joven militante del PO, es porque en 2007 crea la UGOFE, luego de que Taselli fuera echado por la furia popular de usuarios que prendieron fuego Constitución por el pésimo servicio. El Estado financió con millonarios subsidios los gastos operativos de esta “nueva” empresa y abonó los sueldos. Mientras los trabajadores eran contratados en forma precaria por un tercio del salario de un efectivo.

A pesar de los fiscales y los jueces que llevaron adelante el juicio, en las audiencias quedó demostrado que hubo un plan criminal. La burocracia contrató barrabravas y envió a su patota del gremio; los directivos de la UGOFE autorizaron la salida de 120 empleados; el gobierno habilitó a la Federal y a la Bonaerense a que liberen la zona para que actúe la patota.

Las pruebas de cómo se organizó el plan criminal

  •  Allanan las oficinas de UGOFE en Constitución donde encuentran cajas de balas y armas. Se comprueba: que los 120 trabajadores que salieron con “permiso gremial” integraron la patota que atacó a los manifestantes; que Pablo Díaz, delegado de la agrupación de Pedraza, daba las órdenes durante el ataque y que desde un handy le comunicaba al “Gallego” Fernández lo que sucedía.

    Aquella mañana del 20 de octubre, el secretario de Transporte, Schiavi, se encontraba junto a Pedraza y Fernández en un congreso que se realizaba en la sede de la UF.

    Policía Federal

  •  Se demostró que la PFA fue partícipe necesaria del crimen dejando una “zona liberada”. Usaron los handys para comunicarse que les entregó la UF. Muchos testigos en el juicio sostuvieron que los patrulleros de la Comisaría 30 abrieron paso a la patota en el momento del ataque y que luego lo cerraron cuando los agresores huían. Durante el operativo se usó un sistema de comunicaciones, POC , que no permite que quede grabado lo que se habla.

    Pero la fiscalía sólo solicitó penas por “abandono de persona” para los efectivos implicados en el operativo.

    Escuchas telefónicas

  •  Durante el juicio se conocieron las escuchas telefónicas entre el sindicalista Pedraza y el ministro de Trabajo Carlos Tomada. Otra entre Pedraza y la viceministra, Noemí Rial, tres meses después del crimen de Mariano. Las escuchas evidencian que ambos funcionarios tenían no sólo una relación amistosa con Pedraza, sino que tuvieron responsabilidad en el crimen.

    Es Carlos Tomada quien le aconseja a Pedraza cómo hacer un “laburo sindical” sobre los tercerizados que estaban por pasar a planta permanente, “porque no son todos del PTS”. Tomada se refiere a la agrupación Bordó (que hoy se llama Naranja), que impulsa este partido y que tuvo protagonismo en la lucha de los tercerizados del Roca.

    Los que no fueron juzgados

  •  Aníbal Fernández, quien ocupaba el cargo de jefe de Gabinete, tenía entre sus funciones la conducción política de la Policía Federal. Fue el responsable de dar las órdenes y al día siguiente sostuvo: “La policía hizo lo que tenía que hacer”. U
    En el juicio, uno de los comisarios imputados declaró “la policía es el brazo armado del poder político, y el que dispone del poder político es el Poder Ejecutivo”.
    Además, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y la viceministra, Noemí Rial; el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi y el subsecretario Antonio Luna. Y todos los empresarios de la UGOFE.

    El juicio

  •  Comenzó el 6 de agosto del 2012. En el banquillo fueron sentados José Pedraza y 16 acusados, entre miembros de la patota y de la jefatura de la Policía Federal.
    El 19 de abril del 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Ciudad de Buenos Aires, dio a conocer la sentencias. Condenó por homicidio simple a José Pedraza y a su segundo Juan Carlos “El Gallego” Fernández, a 15 años de prisión por considerarlos partícipes necesarios del crimen. A 18 años de cárcel a los integrantes de la patota ferroviaria: el delegado Pablo Díaz y los autores materiales, Cristian Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez. El resto de la patota recibió penas menores: 11 años a Jorge Daniel González y Salvador Pipitó; y 8 años a Claudio Alcorcel.

    Los uniformados también tuvieron penas menores, el comisario de la zona Luis Mansilla fue condenado a 10 años de prisión, 9 años a Jorge Ferreyra y 2 años de ejecución condicional a Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti, y una multa a David Villalba. De la patota quedaron absueltos quienes escondieron las armas, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y del lado de la policía absolvieron a Rolando César Garay. En tanto, el camarógrafo policial que dejó de filmar en el momento del crimen, David Ismael Villalba, fue inhabilitado y condenado a pagar $12.500 de multa.

    El Tribunal cambió la calificación

  •  A juicio oral la causa llegó con la calificación de homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas y el Tribunal lo cambió a homicidio simple, rechazando la hipótesis de que hubo un plan criminal. Este cambio de calificación permitió que quedaran impunes el Gobierno, los empresarios y los burócratas que administran la UGOFE.

    Pero, aún con los límites del juicio, es un hecho político trascendente que se haya juzgado al mandamás de un gremio tan importante como el ferroviario.
    Y esto fue el resultado de una larga lucha de los trabajadores del Roca que logró demostrar en el juicio el fraude de las tercerizadas. Estas condenas son la expresión de que esa lucha se hizo carne entre cientos de miles que sufren la precarización laboral.

    El amplio y masivo reclamo de justicia, permitió que este crimen no quedará impune. Además, el gobierno se vio obligado a soltar la mano a su amigo Pedraza, para despegarse de sus responsabilidades políticas.

    Perpetua a Pedraza fue un reclamo extendido nacionalmente. El mandamás de la UF murió con una condena penal y social.

    Para absolver al gobierno desarmaron el plan criminal







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