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BRASIL - ENMIENDA CONSTITUCIONAL PEC 241/55

La ONU advierte sobre las consecuencias de las reformas brasileras

El relator especial de la ONU para la extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, señaló que la enmienda constitucional 241/55 es un error histórico e implica un enorme retroceso social.

Sábado 10 de diciembre de 2016 | Edición del día

El relator especial de la ONU para la extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, afirmó en un comunicado este viernes (9) que la Propuesta de Enmienda Constitucional 241/55 (PEC241/55), que el gobierno de Michel Temer intenta implementar, es un error histórico, que ubica a Brasil en un lugar único de retroceso social. La enmienda será votada en 2º turno en el Senado brasilero el próximo 13/12.

La propuesta del gobierno de Temer de congelar los gastos por los próximos 20 años ha generado reacciones en Brasil y en el mundo. Este viernes (9) Philip Alston, relator de la ONU para la extrema pobreza y derechos humanos publicó un comunicado alertando los problemas que serán generados con la PEC 241/55: “Si fuese adoptada, esta enmienda bloqueará gastos en niveles inadecuados y rápidamente decrecientes en salud, educación y seguridad social, dejando, por tanto, a toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social muy por debajo de los niveles actuales”, afirma.

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El tiempo de congelamiento de gastos previsto en el texto también es foco de críticas: “Es completamente inapropiado congelar solo el gasto social y atar las manos de todos los próximos gobiernos por otras dos décadas. Si esta enmienda fuera adoptada dejará a Brasil en una categoría única en materia de retroceso social.”

El comunicado agrega que la propuesta viene de un gobierno que llegó al poder a través de un impeachment y que por eso no presentó un programa de gobierno a los electores brasileros. Esto agrava aun más la preocupación expresada en la nota, que critica también el hecho de que la PEC fue tramitada de forma acelerada en todas las instancias de poder. Una encuesta reciente mostró que casi el 40% de los brasileros desconoce su contenido.

La nota del relator caracteriza a la PEC como “una medida radical, desprovista de toda tibieza y compasión”. Philip sostiene además que el congelamiento de gastos afectará con mayor fuerza a los brasileros más pobres y vulnerables, aumentando los niveles de desigualdad en una sociedad ya extremadamente desigual. Con la PEC “los derechos sociales tendrán una prioridad muy baja en los próximos veinte años.”

Además, la nota señala que la PEC viola las obligaciones de Brasil de acuerdo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. EL pacto fue firmado por el país en 1992 y prohíbe la adopción de medidas deliberadamente regresivas, salvo en los casos en que no exista otra alternativa, considerando también que las medidas adoptadas sean necesarias y proporcionales a los problemas que se propone resolver.

El Plan Nacional de Educación prevé un aumento anual de R$ 37 millones en inversiones y la PEC reducirá en R$ 47 mil millones el gasto planeado para los próximos ocho años. “Con más de 3,8 millones de niños fuera de la esuela, Brasil no puede ignorar su derecho a ir a la escuela, ni el derecho de todos los niños a una educación de calidad”, agrega la nota.

Alston, que está en contacto con el gobierno brasilero, también destaca que “Estudios económicos internacionales, incluyendo encuestas del Fondo Monetario Internacional, muestran que la consolidación fiscal típicamente tiene efectos de corto plazo como la reducción de ingresos, aumento del desempleo y la desigualdad de ingresos. Y a largo plazo no existe evidencia empírica que sugiera que estas medidas alanzarán los objetivos sugeridos por el gobierno.”







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