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Red Internacional

Una trabajadora del hospital Marie Curie, nos hizo llegar un audio, donde denuncia al Gobierno de la Ciudad por descuentos y sanciones arbitrarias a ella y sus compañeros. Otro testimonio de la decadencia y el vaciamiento en la salud pública que promueven los Gobiernos desde hace décadas.

Viernes 6 de agosto de 2021 | 23:42

Mientras calienta motores la campaña electoral, nos llegan más testimonios de trabajadores desde los hospitales de la Ciudad que cuentan el maltrato que sufren por parte del Gobierno porteño. Esta vez se trata sobre una trabajadora del hospital Marie Curie, quien denuncia persecución, descuentos y sanciones arbitrarias por exigir que cumplan con la entrega de los elementos de protección personal, entre otras cosas.

Verónica Landriel es enfermera del hospital oncológico Marie Curie, trabaja en el sector vacunatorio del nosocomio. Ella había efectuado una denuncia en el mes de abril del 2020 cuando la habían derivado a trabajar en un sector sin los elementos de protección personal (EPP). Verónica es personal de riesgo por padecer asma y síndrome metabólico. Claramente esto no les importó a las autoridades ni al Gobierno de la Ciudad ya que, ante su denuncia y la negación de tomar servicio sin los EPP en la guardia, el supervisor se molestó y la amenazó. Ante este ataque decidió hacer una denuncia formal, pero solo pudo dejar un descargo en el libro de reportes de enfermería correspondiente a ese día.

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No es de extrañar que los supervisores puestos a dedo por el sindicato Sutecba estén del lado de la administración del hospital. Estos mismos, junto con los directivos fueron los que crearon una sanción para las y los trabajadores que reclaman. Además, Verónica cuenta que, en la evaluación de desempeño anual, que fue realizada mientras ella estaba de licencia, la calificaron a la baja y mal desempeño. “La misma administración que primero me otorgó la licencia, ya que era un riesgo para mi vida trabajar sin EPP en el área de guardia, ahora me sanciona por estar de licencia. Es completamente ilógico”, dijo.

Ante esto, solicitó la rectificación de la evaluación de desempeño ya que fue incorrecta, persecutoria e imparcial. “Estamos frente a un caso de violencia laboral y de género”, afirmó.

“Los empleados del Gobierno de la Ciudad estamos expuestos a una brutal violencia laboral. En vez de reconocernos, nos golpean. Existen muchas maneras de persecución laboral, una de ellas es la psicológica, llegamos a sentir una presión muy grande, nos persiguen porque luchamos por sueldos dignos, por ejemplo. Hay compañeros que fueron a trabajar y les ponen ausente sin justificar, les descuentan el sueldo. Bloquean los cobros porque no reconocen los certificados médicos. Se utiliza una aplicación que reemplaza medicina laboral, la cual se llama MIA, pertenece a una empresa extranjera y no reconoce los certificados médicos, entonces llegan los descuentos”.

Y agregó: “Las y los compañeros que están enfermos se enfrentan a bloqueos de sueldo y descuentos de días por enfermedad. Ponen sanciones disciplinarias a compañeros que están de licencia por ser de riesgo. Obligan a volver a compañeros que son de riesgo, de los cuales, algunos perdieron su vida porque no les quedó otra que volver a trabajar en esas circunstancias de desprotección total. Envían mensajes por whatsapp, mails, amenazan con cesantías y descuentos. Muchos compañeros por miedo a perder su sustento vienen y se exponen. El Gobierno no responde ni las cartas documento, ni los amparos judiciales. Esta pandemia dejó en evidencia las miserias más grandes que pueden existir, porque al profundizarse la crisis sanitaria, se tomaron decisiones políticas como la de no cuidar al personal esencial que deja su vida por vocación. Pero la vocación no justifica todo este maltrato”.

Este testimonio es uno más de cientos que se pueden escuchar en los hospitales. De hecho, Claudio Lois, técnico en hemoterapia del hospital, falleció por covid-19. Trabajaba, aunque era paciente de riesgo por ser diabético insulino dependiente y solo accedió a una primera dosis de la vacuna contra la covid-19. La desregulación y fragmentación del sistema de salud que impuso el Gobierno de Menem, trajo como consecuencia la precarización y vaciamiento de toda la salud pública. A su vez dejó en manos de Gobiernos provinciales y municipales gran parte de los hospitales, los cuales cada vez reciben menor presupuesto. Algo que no revirtió ningún Gobierno posterior.

El Gobierno de Larreta avanza contra los derechos de los trabajadores, con el consentimiento del ministerio de trabajo de la Nación y el propio Gobierno Nacional, que ayer sacó definitivamente el artículo 4, con lo cual obliga al personal de riesgo con dos vacunas a volver a trabajar. El maltrato hacia quienes durante más de dos años estuvieron en la primera línea enfrentando la pandemia, es muestra de que el plan de los Gobiernos es seguir vaciando la salud pública a costa de la precarización de sus trabajadores.

Desde este diario acompañamos y hacemos visible cada una de las denuncias de las y los trabajadores de la salud. Es urgente terminar con la precariedad en la salud y el maltrato. Por todo lo expuesto, el Frente de izquierda Unidad propone discutir una reforma que unifique todos los recursos de salud bajo la órbita del estado Nacional y con el control de las y los trabajadores.

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