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Las Fuerzas Armadas bolivianas buscan impunidad por las masacres de Sacaba y Senkata

Luego de la detención domiciliaria del comandante, Alfredo Cuéllar, por su responsabilidad en la masacre de Huayllani en Sacaba, Cochabamba, durante el golpe de Estado, militares del servicio activo y pasivo buscan impunidad. Hay que impulsar la movilización por juicio y castigo a los responsables, políticos y materiales, de las violaciones a los DD.HH. y crímenes de lesa humanidad.

Domingo 29 de noviembre de 2020 | 14:21

La semana pasada, en el marco de las investigaciones que se vienen desarrollando desde la Fiscalía, respecto a las masacres perpetradas por las FF.AA. durante el golpe de Estado de noviembre del año pasado, debió declarar Alfredo Cuéllar, comandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones (CEO) en Cochabamba.

Luego de que Cuéllar prestara su declaración, el martes 24 de noviembre, la Fiscalía emitió una orden para su aprehensión y fue acusado por el delito de asesinato durante la masacre de Huayllani (Sacaba) en Cochabamba el 15 de noviembre del 2019, donde se registraron más de 10 personas asesinadas. La Fiscalía argumentó que la orden de aprehensión se debía a que alertaron “riesgo de obstaculización y fuga”.

Recordemos que la aprehensión de Cuéllar se llevó a cabo al día siguiente de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las “violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019”.

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Cuéllar estuvo detenido por menos de 48 horas en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Sacaba. Del martes 24 al jueves 26 de noviembre que es cuando un juez ordenó que le otorguen detención domiciliaria, sin derecho a trabajo y con escolta policial (arraigo). Para beneficiarse de esta medida Cuéllar tuvo que pagar una fianza de aproximadamente 36.000 dólares.

Militares “desconcertados”. Exigen que se aplique “justicia militar”

Frente a esta situación el Alto Mando Militar se pronunció en conferencia de prensa. A través de su nuevo comandante, Jaime Alberto Zabala, señalaron que lo sucedido es “desconcertante” y que las fuerzas armadas “no actúan en forma arbitraria, sino cumplen acciones de mando dispuestas por el Capitán General de las Fuerzas Armadas, cargo que es ejercido por el Presidente o Presidenta del Estado”. Así mismo, Zabala en su descargo planteó que “Cuando los conflictos son inminentes, invocamos a Dios y llamamos al soldado; cuando el conflicto pasa, olvidamos a Dios y juzgamos al soldado”.

El desconcierto y malestar por la detención de Cuéllar, como expresa la declaración del Alto Mando Militar, pone de manifiesto su rechazo a que se esté juzgando a “quienes siguen órdenes” y no “a quiénes las dan”, es decir, a los responsables políticos.

Alfredo Cuéllar es el primer militar investigado y con proceso abierto por las masacres de noviembre del año pasado. En este marco lo que piden los militares es que se aplique la “justicia militar”. Es decir, que sean juzgados en la justicia militar y no en la justicia ordinaria. Con ello lo que buscan es garantizar la impunidad por los asesinatos en las masacres.

La detención de Cuéllar también motivó el repudio y movilización por parte de miembros de las FF.AA. del servicio pasivo (en reserva) quiénes rechazaron la detención y calificaron esta medida como “persecución penal”.

Así, los militares del sector pasivo y militares jubilados realizaron marchas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con consignas en las que señalaban que “las FF.AA. solo cumplen órdenes superiores” y denunciando que sufren “acoso y persecución”.

En declaraciones recogidas por la prensa, el representante de los militares en reserva y miembro del sector pasivo en Santa Cruz, Jorge Santiesteban, remarcó el “rechazo enérgico a la arbitrariedad del Ministerio Público que ha aprendido a un general”. Así mismo denunció que existe persecución penal: «(…) Rechazamos categóricamente la persecución penal ejercida por el Ministerio Público contra los militares del servicio activo con el afán de cercenar la moral, humillarlos y alterar la conducción del mando militar».

La defensa de Cuéllar alega que éste comandante solo hizo un trabajo de coordinación administrativa y que no participó en las operaciones militares por lo que consideran que la acusación es “poco objetiva”.

Las Fuerzas Armadas.: un actor político cada vez con más autonomía

Como hemos venido señalando desde estas páginas, luego del golpe de Estado se abrió un nuevo ciclo político en el que la derecha golpista retiene un importante espacio parlamentario y donde las FF.AA. se constituyen en un actor político con una mayor autonomía relativa. Esto se pone en evidencia con las referidas movilizaciones del sector pasivo y con las declaraciones del nuevo Alto Mando Militar.

Así el Gobierno de Luis Arce se encuentra intentando navegar en corrientes de agua que expresan contradicciones profundas. Por un lado, una derecha que ha lanzado una fuerte campaña para garantizar la impunidad de todo el bloque golpista y, por otro lado, un movimiento de masas que demanda justicia por sus muertos, torturados y detenidos durante el golpe, y que le dio a Arce un importante respaldo electoral en las pasadas elecciones.

Estas contradicciones se manifestaron con enfrentamientos en la audiencia del comandante Alfredo Cuéllar, donde grupos derechistas al grito de “¡inocente!” provocaron a los familiares y víctimas de Huayllani (Sacaba) que estaban presentes en la audiencia para exigir justicia.

El Gobierno boliviano intenta resolver esta encrucijada buscando un pacto social sobre la base de prometer concesiones políticas y económicas a las instituciones armadas. Esto lo vimos recién, cuando el nuevo ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que hay que aumentar los ingresos y recaudaciones de la Policía para que ésta institución se beneficie con una jubilación del 100%.

Privilegio del que hoy solo goza las FF.AA. Por otro lado, la búsqueda de este pacto social por parte del MAS lo vemos cuando limitan la acción de la justicia a algunos casos individuales evitando comprometer a las decenas o cientos de responsables, políticos y materiales, de todas las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pero además, no olvidemos los discursos de nombramiento de los nuevos mandos militares y policiales, por parte del presidente Arce así como las declaraciones del ministro de Gobierno, quiénes enfatizaron que se respetará la institucionalidad de los aparatos represivos del Estado pidiendo que el “pueblo debe reconciliarse” con estas instituciones armadas.

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Un gesto de respeto a esta institucionalidad se puso en evidencia ante el pedido de algunos dirigentes y diputados del MAS que solicitaron que las FF.AA vuelvan a establecer el lema de “patria o muerte”. Lema que fue eliminado por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez. Sin embargo, este pedido fue rechazado por esta institución arguyendo que era un lema “importado”. Recordemos que Evo Morales, durante sus 14 años de Gobierno, había establecido aquel lema en un intento de embellecer a estas instituciones represivas, confundiendo al movimiento de masas en el momento en que había que enfrentar el golpe. Lo cierto es que más allá del lema, lo que se puso en evidencia es que estas instituciones represivas por más cambios de forma o medidas cosméticas que se hagan, no modifican su naturaleza que es la de estar al servicio de las clases dominantes y proteger sus intereses.

Desde la LOR-CI (Liga Obrera Revolucionaria), organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, llaman a estar alertas frente a los intentos de dejar en la impunidad a los responsables civiles y militares del golpe de Estado y de la violación masiva de derechos humanos, impulsando con sindicatos y organizaciones sociales, indígenas, campesinas y comunales, la organización permanente por justicia y resarcimiento para las víctimas.

Así mismo, repudian la presión que están ejerciendo estas instituciones armadas y toda la oposición de derecha, ya que se constituye en una amenaza latente contra las trabajadoras, trabajadores y el pueblo. Esta situación se agrava ante la política de conciliación y de negociación sistemática del MAS, que con sus dos tercios en el Parlamento legalizó el golpe y hoy, que conserva mayoría parlamentaria, viene allanando el terreno para el pacto social a expensas de los derechos e intereses de los sectores que resistieron el golpe y del pueblo trabajador que sigue resistiendo los costos de la pandemia.

En esta línea, rechazan las declaraciones del ministro de Gobierno de pretender aumentar los recursos de la Policía para que se jubilen con el 100% mientras se ajusta a la salud y la educación y mientras el pueblo trabajador está condenado a jubilaciones de hambre. Consideramos que debemos empezar a discutir en el seno de las organizaciones sindicales, barriales, vecinales, estudiantiles, la necesidad de la disolución de la Policía y su reemplazo por los trabajadores y el pueblo organizado como sucedió en la localidad de Achacachi que entre el año 2000 y 2006 expulsó a la policía de la ciudad y que solo pudo volver gracias a los “buenos oficios” de Evo Morales al inicio de su primera gestión de Gobierno. La quema de la wiphala y el rol de los policías en sus ataques racistas a mujeres de pollera pone en evidencia la necesidad de su disolución.

Por otra parte, en las FF.AA., en cuya base se encuentran miles de hijos de trabajadores del campo y la ciudad que realizan su servicio militar, para terminar con los abusos que realiza la reaccionara casta de oficiales y de altos mandos del Ejército, y para impedir que los soldados sean usados para reprimir a sus familias, a sus madres y padres, un primer paso es exigir plenos derechos de organización sindical y política para la tropa.

Por todo esto y en el marco de una profunda crisis económica en marcha se hace también urgente la reducción drástica del presupuesto destinado a los aparatos represivos para poner todos esos recursos al servicio de la salud, la educación y para garantizar el derecho al trabajo de las grandes mayorías.







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