SEMANARIO

Los negocios non sanctos de Vicentin

Pablo Anino

política
Ilustración: Mar Ned-Enfoque Rojo

Los negocios non sanctos de Vicentin

Pablo Anino

La imagen de Gustavo Nardelli, uno de los dueños de Vicentin, paseando en yate por el Río Paraná en plena cuarentena parece ser una síntesis de la impunidad con la que se mueven los dueños de los medios de producción: las fábricas, los puertos, la tierra. Para certificar que el lujo es vulgaridad, el yate fue bautizado Champagne.

Si cualquier ser humano, sin yates ni puertos propios, se presenta ante un banco para solicitar un préstamo le pedirán hasta análisis de sangre como ceremonia previa para, muy probablemente, rechazarle la aprobación porque, lamentablemente, no cumple los requisitos.

A los Nardelli (que son una familia numerosa), los bancos los tratan distinto que a la inmensa mayoría de los seres humanos. Mucho más la banca pública: Vicentin adeuda $ 18 mil millones al Banco Nación por préstamos que obtuvo vulnerando los circuitos internos de la entidad. Con ese dinero se podrían construir 8.000 viviendas de tres ambientes. El cómplice en la operatoria fraudulenta es Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos.

Según un relevamiento de noviembre de 2018 realizado por la Provincia de Buenos Aires, en Villa Itatí y Villa Azul [1] en Quilmes, uno de los focos del coronavirus, viven 18.270 personas distribuidas en 5.085 hogares. Con la plata que recibió Nardelli del Banco Nación sobraba para urbanizar esa zona del conurbano.

Parafraseando al filósofo expresidente, que afirmaba que “hay lugares donde falta agua y otros lugares donde sobra el agua”, hay lugares donde sobran préstamos, mansiones y yates, y otros donde falta todo.

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Estado Hood Robin

Claudio Lozano, nombrado director del Banco Nación con la llegada a la presidencia de Alberto Fernández –el mismo que hoy busca una “propuesta superadora” con la gerencia de Vicentin-, supo investigar las maniobras fraudulentas de la empresa. De acuerdo a esos informes, a los que accedió Ideas de Izquierda, los negocios crecieron exponencialmente durante la gestión macrista. Todos los años para los que existen datos se observa que su facturación creció más que el promedio de la cúpula de las 200 empresas que tienen mayor facturación en el país. Dentro del ranking de esas grandes empresas, Vicentin ascendió desde el puesto 19 en 2015 al 6 en 2018.

Este crecimiento no estuvo impulsado por el espíritu emprendedor de un empresario que toma riesgos. Ni siquiera por la política de convertir a la Argentina en el “supermercado del mundo”, el gran sueño de Macri, en función del cual quitó las retenciones a todos los productos exportados y las redujo progresivamente para la soja, desfinanciando el presupuesto público. Ni siquiera por las devaluaciones sucesivas que hicieron que el dólar trepara 424 % en la era Macri mejorando los ingresos del agropower en la misma proporción. Sino que, fundamentalmente, el crecimiento de Vicentin estuvo apalancado por los préstamos oficiales y los préstamos oficiales fueron facilitados, seguramente, por el apoyo de Nardelli a Macri. En 2019, a través de distintas empresas, Nardelli aportó $ 4,5 millones a la campaña electoral del expresidente.

Vicentin facturó $ 118 mil millones en 2018, una suma idéntica al presupuesto nacional de salud de aquel año. De nuevo: una sola empresa obtuvo ingresos equivalentes a todo el presupuesto de salud. La deuda de Vicentin con el Banco Nación representa apenas el 15 % de su facturación de 2018 (al momento de elaborar el informe no estaba disponible el último balance de la empresa). Y las deudas totales en el ámbito local representan apenas el 20 % de su facturación. El ratio de deuda sobre ventas de otras empresas es más alto: Arcor tiene deudas que representan más del 50 % de sus ventas y el pasivo de YPF representa el 65 % de las ventas. Es decir, las finanzas de Vicentin no están particularmente estresadas, como dicen sus dueños.

Vicentin también tomó empréstitos en el exterior a través de Renova para financiar la molienda de soja. Renova es una empresa que produce biodiésel en la que Vicentin mantiene un joint venture (un proyecto conjunto) con la suiza Glencore, un comercializador global de granos. Renova tomó un préstamo por U$S 295 millones (o el equivalente a $ 17.700 millones) con la Corporación Financiera Internacional (IFC), perteneciente al Grupo Banco Mundial, y los bancos Natixis y Rabobank. En diciembre último, Vicentin transfirió 16,66 % de su paquete accionario a Glencore, por lo cual la mayoría accionaria queda en manos de la empresa suiza.

De toda esta información, Lozano concluye que la deuda de Vicentin con la IFC y bancos internacionales es menor que la que tiene con el Banco Nación, por lo cual destaca “el trade off en que se encuentra la firma, entre el cumplimiento de sus pasivos con actores financieros internacionales […] y la que detenta con los actores financieros del mercado doméstico, como el que detenta con el Banco Nación”. Dicho en criollo, le hace un paga dios al Banco Nación para privilegiar su deuda con el extranjero. En el camino, también, se extranjeriza el capital de la empresa.

Incluso esto ocurre aun cuando el análisis del último balance (presentado el 31 de octubre de 2018) exhibe un estado patrimonial positivo: sus activos superan sus pasivos (deudas). Es cierto, que la devaluación de la moneda agravó su situación financiera en dólares. Pero la evaluación de conjunto no alcanza a ser estresante. No solo eso, la empresa obtuvo una ganancia operativa de $ 25.745 millones, es decir el equivalente a un cuarto del presupuesto de salud de 2018, antes citado. Ahí aparece la contabilidad creativa, en tanto la empresa, a esos $ 25.745 millones, siguiendo las recomendaciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, le aplica una deducción porque “son el resultado de la ganancia por devaluación del tipo de cambio”. Es decir, la ganancia que obtuvo por la devaluación, un efecto buscado por todas las agroexportadoras para incrementar sus ingresos, no la consideran tal, sino casi un perjuicio que lo descuentan de su estado de resultado. Como reconoce el propio Lozano, de todo este enjuague resulta que “para colmo, el pago del impuesto a las ganancias que figura en el balance es de apenas $46,2 millones. La empresa apenas paga el 2,4 % de las ganancias que declara!!!”.

A partir de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ideas de Izquierda construyó una serie de las exportaciones de Vicentin entre 2016 y 2019. En ese período, las ventas externas crecieron 58 % hasta superar las 10 millones de toneladas: un 74 % corresponde a aceites y subproductos; el 24 % restante a cereales. En el año 2019, para el cual todavía no se conoce el balance de la empresa, sus exportaciones alcanzaron un récord. Incluso el año pasado sus ingresos escalaron al calor de la devaluación. No parece ser que con exportaciones récord la empresa atravesara una situación que le impida pagar sus créditos.

El latrocinio no concluye ahí. Vicentin trianguló ventas externas a través de Paraguay y Uruguay para evadir el pago de retenciones y otros impuestos en Argentina. El Comité de Acreedores de Vicentin denunció esta situación en Paraguay para que se investigue, además, maniobras de lavado de dinero: por ejemplo, el producido por la venta de una parte del paquete accionario de Renova a Glencore no sé sabe a dónde fue a parar. ¿A paraísos fiscales? Es probable, Vicentin armó un esquema de mamushkas: una empresa dentro de otra, y esta otra dentro de otra más y así sucesivamente, con el objetivo que se pierda el rastro de los activos y de sus dueños. Estos esquemas societarios se utilizan para el lavado de activos.

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Este prontuario delictivo no evitó que Alberto Fernández recibiera a otro de los dueños de Vicentin, Sergio Nardelli (el hermano del navegante y el cerebro del grupo económico), en la Quinta de Olivos para explicarle que el “objetivo es el rescate de la empresa”, e incluso abrir un diálogo por si se le ocurre una “propuesta superadora”. En su desfachatez, los Nardelli pueden llegar a pedir otro préstamo como “solución superadora”. En realidad, correspondía citarlos, no en Olivos, sino en los tribunales.

Con el peronismo, los rescates de empresas concluyen, como en el caso de la nacionalización parcial de las acciones de YPF, con los empresarios con las cuentas llenas de dólares. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, comenzó diciendo que Repsol tenía que indemnizar a la Argentina por el pasivo ambiental, para terminar pagando más de U$S 5.000 millones a la empresa española, en agradecimiento por años de saqueo: en esa operación también sacó su tajada J.P. Morgan, que “facilitó” el financiamiento. Con el paso del tiempo y el pago de interés, se estima que la indemnización de Repsol terminó costando unos U$S 8.000 millones. Ni que decir que la previa y fallida argentinización de YPF con la familia Eskenazi resultó en una estafa para el libro Guinness: estos banqueros santacruceños, amigos de los Kirchner, abrieron el camino a un litigio, a través de la venta de sus “derechos” al fondo buitre Burford, que cursa en este momento en Nueva York contra el Estado Argentino y podría costar unos U$S 3.000 millones. Esa novela, concluyó con un pacto neocolonial con Chevron para que explotara, junto a YPF, Vaca Muerta.

Para evitar este devenir, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, presentó en el Congreso un proyecto que establece la expropiación sin pago de indemnización al grupo empresario fraudulento propietario de Vicentin. Además, que la administración y explotación de los activos de las empresas pasen a manos del Estado bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Entre otras voces empresariales, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), emitió un comunicado donde expresa que le “preocupa la seguridad jurídica y un mayor avance del Estado sobre las cadenas agroalimentarias” [2]. Un desatino que no da cuenta del avance de Vicentin en el robo del patrimonio estatal ni de la utilización de la “seguridad jurídica”, de las propias leyes burguesas, para hacer imposible el rastreo de su patrimonio.

La fábula liberal del empresario exitoso que construye su emporio por su propio esfuerzo queda desnuda con el caso Vicentin. Como aquella otra fábula que reza que en el país existe una presión fiscal insoportable, algo que, por un lado, no es cierto, y por el otro, si lo fuera, Vicentin la gambetea mejor que Maradona a los ingleses.

Agronegocios

Vicentin construyó un emporio con tentáculos en muchas ramas de la producción. La empresa reconoce sus orígenes en un pequeño establecimiento de acopio y ramos generales inaugurado a fines de la década de 1920 en la localidad de Avellaneda, Santa Fe [3]. Hoy esa localidad y su vecina Reconquista son el equivalente de General San Martín para Ledesma: allí los Nardelli manejan todo, hasta las movilizaciones de vecinos que recibieron a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

Uno de los hitos en la historia de la empresa se ubica en 1966 cuando incorporó en la molienda el proceso de extracción por solventes. Esto le permitió consagrarse en la rama agroindustrial. Otro hito se observa en 1979, en plena dictadura cívico militar, cuando inauguró una segunda planta de molienda de soja y girasol. En aquellos tiempos en los que se ampliaban sus negocios, veintidós obreros de Vicentin fueron detenidos y desaparecidos, catorce de los cuales eran delegados. Sufrieron vejaciones y torturas en Centros Clandestinos de Detención hasta que se los “blanqueó” en cárceles comunes.

Finalizada la dictadura, en 1985, Vicentin comenzó a exportar desde su propia Terminal de Embarque en San Lorenzo. Los años 1990 fueron testigos de una gran expansión de los agronegocios: en 1997 inauguró la tercera planta de molienda de soja en el complejo portuario de San Lorenzo. La “década ganada” también lo fue para Vicentin. En 2005 duplicó su capacidad instalada de molienda con una nueva planta: Oleaginosa San Lorenzo. En 2007 comenzó las actividades Renova, la empresa ahora controlada por Glencore, que se constituyó en la principal productora de biediésel (elaborado en base a soja). En 2008, Vicentin construyó en Avellaneda una planta para procesar algodón hidrófilo y adquirió la marca Estrella. En 2010, con la integración de Molinos Río de la Plata a Renova puso en pie un nuevo puerto y una planta de “crushing” (partición de granos) con generación de energía en Timbués, Santa Fe. En 2012, Vicentin comenzó a producir bioetanol en base de maíz y sorgo, también en una planta instalada en Avellaneda.

La Ley de Biocombustibles (Ley 26.093 de 2006) del primer kirchnerismo otorgó beneficios impositivos, precios y cupos de venta garantizados por la regulación estatal para las empresas que producen bioetanol y biodiésel. En la actualidad, el diésel que se vende en las estaciones de servicio contiene un 10 % de corte de biodiésel (en base a soja) y las naftas un corte del 12 % de bietanol (producido en base a caña de azúcar, maíz o sorgo). Vicentin es uno de los principales beneficiarios del corte de bioetanol, no así del corte de biodiésel, preservado por el Estado para empresas de menor tamaño, mientras los grandes jugadores, como Renova, destinan su producción al rentable mercado mundial.

En la actualidad, Vicentin participa en el rubro textil a través de Algodonera Avellaneda, en el engorde vacuno con Los Corrales Nicanor, en la venta de carnes al mercado interno y externo a través del frigorífico Friar, en la producción de vinos con Vicentin Family Wines, en la elaboración de miel con Promiel, en la industria de agroquímicos e insumos farmacéuticos.

Si bien es una empresa de agronegocios, no está orientada principalmente a producir alimentos para el consumo humano. Con excepción de los aceites comestibles, la mayor parte del procesamiento de cereales y oleaginosas es para obtener harinas y pellets para la exportación, principalmente con destino de alimento para ganado en el sudeste asiático. Otra parte del procesamiento está destinada a la elaboración de biocombustibles: allí participa con el 8 % en la producción nacional de bioetanol y el 12 % en la de biodiésel, que mayormente exporta. En el negocio de las carnes tiene una participación menor, que se ubicó por debajo del 1 % en 2019.

La idea que formuló el presidente, Alberto Fernández, acerca de que con Vicentin se busca alcanzar la soberanía alimentaria, está floja de papeles.

Los cuatro grandes

Si hasta aquí Vicentin se ve como un gigante, cuando el “zoom” se amplía para observar más en general la configuración de los agronegocios, queda en cierta medida empequeñecido en relación a las empresas multinacionales que actúan en el país. Mal que pese, en este rubro, los cuatro grandes no son Boca, River, Independiente y Racing. Los cuatro grandes son las compañías imperialistas que hace más de un siglo dominan el comercio mundial de granos y tienen gran influencia en los precios de los alimentos. Se trata de Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, todas de los Estados Unidos, y Louis Dreyfus de Francia. Son las llamadas ABCD, por sus letras iniciales. Junto con otras empresas, dominan las cadenas mundiales de valor agroindustriales, estableciendo pautas financieras, productivas y tecnológicas. Algunas de ellas tienen sede fiscal lejos de sus casas centrales: en paraísos fiscales. Después de todo, Vicentin no inventó nada nuevo en la práctica de ocultar su patrimonio y evadir impuestos. A escala mundial son denunciadas por la deforestación, el trabajo infantil, el uso de transgénicos, entre otras maravillosas contribuciones al avance de la humanidad [4].

Aun siendo un pulpo local, Vicentin es apenas un jugador menor en el negocio global agroalimentario. Esto queda en evidencia cuando se observa la facturación de 2018: Cargill factura a nivel mundial 28 veces más que Vicentin, sumando ingresos que equivalen a una cuarta parte el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina. La empresa santafesina se inscribe bien en el derrotero distintivo de la burguesía “nacional”: es una socia menor del capital extranjero. Esto tiene raíces históricas profundas en la inserción de Argentina cómo apéndice agrario abastecedor de materias primas de las principales potencias económicas. Se trata de una relación asimétrica, donde la impronta sobre qué se produce, cómo se produce y quién se apropia de los beneficios se define a miles de kilómetros de estas pampas.

La desproporción entre las multinacionales y las empresas argentinas en la participación del agronegocio, no solo queda en evidencia en la facturación mundial, sino también en la escala local. Cuando a los cuatro grandes, se suman en nuestro país la compañía china Cofco, que se transformó en la principal empresa exportadora y la suiza Glencore, se llega al resultado de que más del 60 % del comercio está en manos extranjeras: existe en los hechos un oligopolio privado extranjero del comercio exterior. Las “manos argentinas” (AGD, Vicentin, Molinos) tampoco parecen estar comprometidas en una agricultura sostenible ecológicamente, sino que siguen el modelo del agrobusiness. Incluso dentro de las 500 grandes empresas del país, que releva una encuesta de Indec, las de alimentos, bebidas y tabaco suman 101: 44 son locales y 57 son extranjeras [5].

El investigador del Conicet, Pablo Wahren, explica que la dinámica local no puede ser escindida de las transformaciones globales en el agro y que las “firmas multinacionales fueron y son protagonistas de dicho proceso a través de diversas vías”. Señala cuatro factores que dan cuenta de ese protagonismo: la difusión del nuevo modelo basado en el paquete tecnológico; acaparan las principales capacidades innovativas y regulatorias en la perspectiva de desarrollo de nuevos productos; concentran el mercado de semillas y agroquímicos (por producción directa o cobro de regalías); detentan el control sobre los comercios locales [6].

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Esto no es problema menor para poder orientar la producción en la perspectiva de la soberanía alimentaria, que según Vía Campesina, comprende el “El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. La primera parte de la definición (“el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles”) requiere, además de una reorganización de la forma de producir que la libere de la búsqueda de la ganancia, políticas que permitan que la clase trabajadora tenga los ingresos necesarios para vivir. Todo indica que en el medio de la pandemia, los pactos UIA-CGT para bajar salarios, un IFE que no llega a todos lo que lo necesitan y no alcanza más que para pocos días, la población bajo la línea de la pobreza se aproxima al 50 % del total. En relación a la segunda parte de la definición de soberanía alimentaria, que refiere a un “propio sistema alimentario y productivo”, el dominio estructural de grandes empresas del agronegocios excluyen cualquier hay posibilidad de cumplir con esa idea.

Independientemente que el Estado pueda contar con más información sobre la dinámica del agronegocio a través de Vicentin, el fundamento de contar con una “empresa testigo”, que desliza el oficialismo, tampoco trasciende el terreno de la ilusión. Ni siquiera con YPF, que tiene una participación determinante en el negocio de hidrocarburos (poder del que carece Vicentin), el Gobierno de Cristina Fernández y el actual de Alberto Fernández, quisieron sustraer el negocio de los hidrocarburos de la lógica de la ganancia. Por el contrario, siguieron las “mejores prácticas” internacionales: de nuevo, el acuerdo con Chevron está para dar un testimonio de ello. O la propuesta (ahora en crisis) del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de impulsar con todo el fracking en Vaca Muerta para obtener dólares no para desarrollar el país, sino para pagar la deuda.

En un negocio, dominado de principio a fin por grandes multinacionales, si no son afectados sus intereses, terminando con el monopolio privado del comercio exterior e imponiendo -como desarrolla Esteban Mercatante en otro artículo de este número de Ideas de Izquierda- el monopolio estatal del comercio exterior y la expropiación de los grandes terratenientes, es imposible hacer lo que corresponde: poner fin al extractivismo de la tierra, establecer un plan de producción agropecuaria racional que priorice la protección del medio ambiente y esté orientado a atender las necesidades de las grandes mayorías populares, con arrendamiento barato para campesinos pobres y pequeños chacareros que no exploten fuerza de trabajo. Este es el camino para conquistar, no solo la soberanía alimentaria, sino también para lograr una reorganización general de la economía que termine con el dominio de unos pocos.

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NOTAS AL PIE

[1Informe Censo Villa Itatí - Villa Azul, Provincia de Buenos Aires. Fue elaborado en junio de 2019 en base a un relevamiento de noviembre 2018.

[2El comunicado puede leerse completo aquí.

[3Así presenta la empresa sus orígenes en su sitio web.

[4Henry Waxman, un político del Partido Demócrata de California, en la explicación de su desencanto para convencer a Cargill que cambie sus prácticas dice lo siguientes “Las personas que han enfermado o fallecido por comer carne de Cargill contaminada, los niños que trabajan cultivando el cacao que Cargill vende en forma de chocolate por todo el mundo, los habitantes del Medio Oeste que beben agua contaminada por Cargill, los indígenas desplazados por la inmensa deforestación para dedicar esos terrenos a la alimentación de los animales de Cargill y los consumidores corrientes que han tenido que pagar más para llevar comida a la mesa debido a las malas conductas financieras de Cargill, todos ellos, han sufrido las repercusiones de este gigante de la industria agroalimentaria. Su vida es peor por haber entrado en contacto con Cargill”. Disponible en este link.

[6Pablo Wahren (Primer semestre de 2020), “Historia de los cambios tecnológicos en el agro argentino y el rol de las firmas multinacionales, 1970-2016”, en la revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad.
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Pablo Anino

@PabloAnino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
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