Política Venezuela

Maduro comparece ante el Congreso y presenta decreto de emergencia económica

El primer mensaje anual presidencial del chavismo ante un Congreso controlado por la oposición vino acompañado por los primeros datos oficiales del BCV sobre la variación acumulada durante el 2015, y la presentación de un Decreto de Emergencia Económica Nacional, siendo también la primera vez que al chavismo tocará enfrentar la caída drástica del petróleo venezolano a US$ 24 el barril, en el marco más amplio de una profunda crisis económica y social.

Humberto Zavala

Venezuela | @1987_zavala

Sábado 16 de enero de 2016 | Edición del día

Según lo previsto luego de que la oposición acatara el fallo del TSJ, el mensaje anual del presidente Maduro se dio lugar este viernes 15 a las 5pm, dentro del Hemiciclo protocolar del Congreso, en presencia de representantes de los 5 poderes de la nación, para dar cuenta de gestión durante el período 2015 y presentar a la Asamblea Nacional el decreto presidencial N° 2.184 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 40.828, donde se declara el “Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional”.

Memoria y Cuentos

Las casi tres horas del mensaje presidencial pueden resumirse en el largo intento de justificación que el presidente Maduro hacía de su gestión. Al momento de explicar los factores que más han afectado la economía nacional intentó posicionar la tesis de la “guerra económica” que, como hemos sostenido en otros artículos, le es funcional al gobierno para eludir su propia responsabilidad en la crisis y su peso siempre mayor entre los trabajadores y los sectores populares.

En este sentido enunció cuatro factores: a) Caída de los precios del petróleo y desplome de los ingresos, considerada por Maduro parte de un plan diseñado desde Washington, y no como parte de una dinámica objetiva propia del mercado petrolero (ver acáy acá); b) ausencia de un aparato productivo que genere ingresos a la nación, evitando hacer mención al efecto destructivo de la burocracia gubernamental sobre la industria nacionalizada; c) la falta de cooperación de la empresa privada en el desarrollo nacional, falencia más propia del modelo político y económico del chavismo al invocar una inexistente “burguesía nacionalista”; y d) la “guerra cambiaria”, del dólar paralelo, especulación, las casas de cambio desde Cúcuta en Colombia, problema que no parece disminuir aunque ya van casi 5 meses de estado de excepción en la frontera.

Teniendo que reconocer amargamente que “no hemos logrado frenar la guerra económica” Maduro intenta suavizar no con poco cinismo que “esta tormenta que es de un país entero”, ¡como si tamaña crisis no la estuvieran descargando precisamente el empresariado, los banqueros nacionales y el gobierno, sobre el bolsillo del pueblo trabajador!

Los datos oficiales ocultados por el Banco Central a lo largo del 2015, fueron finalmente publicados para la Memoria y Cuenta del presidente Maduro, donde se revela que el índice inflacionario anualizado al cierre del tercer trimestre de 2015 se ubicó en 141,5%, de ahí los golpes de pecho que días atrás el Ministro de Comercio Exterior Jesús Faría predicó para confesar lo obvio: “el modelo que tenemos está en crisis. Es un modelo rentista, petrolero, parasitario donde se produce poco y se roba mucho, un sistema estatal burocratizado, altamente corrompido”.

Dos modelos, la misma clase dominante

La defensa irrestricta del “modelo” cubrió de cabo a rabo el discurso presidencial, con la acostumbrada demagogia de que tanto las medidas económicas implementadas el pasado año, y el plan económico de emergencia que se proponen implementar están “siempre orientados en la defensa del pueblo”, a pesar de que en todo este tiempo es el pueblo trabajador quien ha sufrido los embates de la crisis del “modelo”.

También derecha también mostró la defensa irrestricta del “modelo” que persiguen. Cuando Maduro declaró contra la Ley de titularización para beneficiarios de la Misión Vivienda: “Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización” la derecha coreó su prédica: “¡Propiedad, propiedad, propiedad!”, pero en el mismo discurso afirma que el suyo “no es un modelo estatista, ni lo va a ser, no es un modelo negador (de la propiedad privada)”, sino –por el contrario– uno que este año se propone cancelar “$ 20 mil millones con la deuda (extranjera) y vamos a cumplir con nuestros compromisos”.

En otro intento para mostrarse ante los dueños del capital como “confiable” y hasta como el principal garante de la estabilidad social en el país, Maduro propuso “la creación de una Comisión Nacional de Justicia, Paz y Verdad paritaria”, para fomentar un “diálogo nacional”. Finalizada su intervención, fue Ramos Allup quien replicó que la oposición celebra “que después de 17 años nos llamen al diálogo” aclarándole además que lo importante es que “hay que discutir la agenda”.

Días atrás Maduro afirmaba que “por primera vez el petróleo venezolano llegó a 24$ el barril” y que la nueva orientación es que “hay que generar divisas convertibles en dólares”, en ocasión de su mensaje anual se refirió al tema del aumento de la gasolina, que confesó haber pospuesto hasta después de las elecciones midiendo el costo político de la medida, además del impacto tremendo que tendrá sobre el conjunto de los precios.

En el tema de los precios, el actual Ministro de Industrias, y empresario Miguel Pérez Abad, ha expresado su interés en cambios hacia “una política de precios justos que garantice el suministro adecuado y a tiempo” como refirió en su cuenta de twitter, que se traduce en mayores aumentos.

Todo esto aplicable dentro del marco del Decreto de emergencia económica nacional, haciendo parte del esfuerzo que realiza el gobierno para estimular la inversión extranjera y canalizar el descontento popular, mostrando “iniciativas” para ocultar su impotencia ante la gravedad de la crisis, como ya lo hemos señalado.

Sobre el Decreto de Emergencia Económica

Tal como había sido anunciado desde el pasado 7 de enero, se hizo público en Gaceta Oficial Nº40.828 el Decreto de Emergencia Económica, dado a conocer este viernes 15 por el actual vicepresidente del área económica Luis Salas cerca del mediodía (hora local), posteriormente presentado por Maduro ante el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y que deberá ser revisado los próximos días para su aprobación.

Días atrás, en representación de todo el sector empresarial, el presidente de Fedecámaras Francisco Martínez había sentado su posición: “Esperamos que esa emergencia venga acompañada con todos los mecanismos de ajustes (...) si eliminas los dos grandes inhibidores como lo son el tema cambiario y el control de precios, esos son los mecanismos que estamos esperando que se aborden a la brevedad”.

Este decreto está estipulado en el artículo 338 de la Constitución (título VII, capítulo II, que hace referencia a “los Estados de excepción”), en el mismo se puntualiza que la duración será de “60 días prorrogables por un plazo igual (…) La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional”.

Seguramente lo que más se discutirá desde la Asamblea Nacional se encuentre en su Artículo 2, donde este decreto le permite a la Presidencia, entre otras cosas, “dictar las medidas que considere necesarias” en relación a partidas presupuestarias, asignación de recursos extraordinarios, etc., y en los artículos subsiguientes que amplían algunas competencias de la Presidencia, del Ministerio de Economía y Finanzas y de los Poderes Públicos (Artículos 3, 4, 5), en un esfuerzo por salirle al paso a las limitaciones que puedan ser impuestas desde la Asamblea Nacional.

Pero en el actual escenario de crisis económica y social, lo más grave para la clase trabajadora que padece los impactos de la misma, se encuentra en aquellas disposiciones que se suman a las ya existentes en la legislación venezolana para vulnerar el derecho a la protesta.

Pues, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, el estado tomará “las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados” (artículo 19); y como la disposición 9 del artículo 2 en este Decreto establece que se debe “adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno a los bienes de primera necesidad” y los “organismos de seguridad ciudadana, la policía administrativa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (deben) colaborar con las medidas del decreto.”, se está reforzando un marco legal para la represión de las luchas en curso y las que pueden surgir.
Todo lo cual deja entrever que la principal medida tomada por el gobierno como “salida” de la crisis ha de ser un mayor bonapartismo, descargando como siempre los mayores costos de la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares, intentando a su vez cerrarles todas las vías por donde pueda manifestarse el descontento social de forma independiente.

Por ello los trabajadores y pueblo pobre venezolano no debemos depositar ninguna confianza en que detrás de este decreto vendrán las soluciones a nuestros problemas, por el contrario, los ataques al bolsillo y al consumo serán sin duda mayores.







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