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Red Internacional

Las y los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia hicieron público que se encuentran en estado de alerta. Están siendo responsabilizados y señalados por el caso de Rocío. La situación en materia de Niñez en Tucumán es alarmante y presentaron petitorios en numerosas oportunidades al ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin sin obtener respuestas.

Miércoles 21 de julio | 11:05

El asesinato de Rocío a principios de julio, sacudía nuevamente a Tucumán. Rocío era una niña de 4 años que vivía en condiciones de extrema pobreza, en el Barrio La Chabela, un asentamiento en las afueras de Lules, levantado por los mismos vecinos y que carece de servicios básicos. La menor fue víctima de tres adultos con los que convivía. Los pormenores de los maltratos que sufrió la niña se pusieron en el centro de la escena provincial desde los medios locales. Poco se habló de la vulnerabilidad en la que se encuentran las infancias en Tucumán.

Rocío, Abigail Riquel y Abigail Luna, Erica, Solange, son niñas que fueron víctimas de femicidios entre el 2020 y 2021, pusieron también de manifiesto la situación de extrema precariedad en la que viven miles de niños en la provincia. Si bien, es difícil que alguien desconozca la pobreza estructural a la que se encuentran sometidas muchas niños en Tucumán, esto viene a desnudar una vez más una realidad de la que poco habla el Gobierno provincial. El caso de Rocío saca a la luz la enorme responsabilidad del Estado.

Niñez en alerta

Los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia hicieron público que se encuentran en estado de alerta debido a que nuevamente están siendo responsabilizados por el femicidio de Rocío, como ya ocurrió en el 2020 por un caso similar. No se puede apuntar la responsabilidad hacia una falla técnica cuando las y los trabajadores de la Dinayf vienen denunciando desde el 2016 que la situación en materia de Niñez en Tucumán es alarmante y presentaron petitorios en numerosas oportunidades al ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, sin obtener respuesta alguna. No se aumentó personal o recursos, ni hay más transporte para ir a hacer visitas. Salen una vez a la semana y cada técnico/a interviene entre setenta y cien casos.

Sin ir más lejos, hace algunos días, los Colegios de Trabajadores Sociales y Psicólogos de Tucumán, pidieron una audiencia con la Dirección de la Dinayf para tratar las condiciones laborales de dichos profesionales.

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Entre los reclamos se destacan: “el respeto por las incumbencias profesionales de cada actividad, las tareas que deben realizar ante los pedidos de intervenciones judiciales, el aumento del número de casos complejos que requieren seguimiento determinado, la dificultad de que toda esta tarea pueda realizarse en el horario laboral, las condiciones de contratación y estabilidad laboral en el área”.

Desde el Colegio de Psicólogos señalaron que "cada vez hay más vulnerabilidad y entonces aumenta la población de casos de violencia, de abuso sexual”.

Desde La Izquierda Diario nos comunicamos con una Trabajadora Social, que se desempeña en la Dinayf, quien hizo hincapié en que a ella y a un grupo de compañeros les urge denunciar que se está llevando adelante un vaciamiento de recursos y un importante ajuste en los organismos que se encargan de abordar los casos de niños y niñas en extrema vulnerabilidad. Cada trabajador debe hacer un seguimiento de entre 70 y 100 casos en simultáneo, en condiciones de contratación precarias que dejan a muchas familias sin su acompañamiento cuando al profesional se le termina su contrato, que es necesario resaltar que son contratos de locación de obras, con menor remuneración en comparación de otros profesionales.

A pesar de que las propias autoridades del Ministerio de Desarrollo Social lo nieguen, el vaciamiento incluye además una importante cantidad de programas que deberían abordar la promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y que no cuentan con el presupuesto suficiente, como por ejemplo el programa Fines, que se encontraba funcionando en esa misma Dirección y permitía a jóvenes terminar sus estudios secundarios, o las derivaciones que los trabajadores hacían a la Dirección de Juventud una vez que los adolescentes cumplían 18 años. Éstas se vieron truncadas por la falta de presupuesto, con el agravante de que hasta el momento cuentan con menos de 10 profesionales para sostener su funcionamiento.

En relación a los servicios de Primera Infancia, los profesionales también destacaron que se cortaron programas importantes, tales como el denominado “Primeros años”, y que dejaron de funcionar decenas de dispositivos que eran Centros de Desarrollo Infantil, a pesar de que el Ministro Gabriel Yedlin había anunciado la apertura de 20 CDIs para el 2021.

Cabe destacar también, que las partidas presupuestarias para los Comedores Infantiles no alcanzan para la demanda existente, el gobierno provincial solo destina $25 por cada niño. Los trabajadores se preguntan si un niño puede realmente alimentarse con $25, si puede con este monto irrisorio recibir una alimentación que favorezca a un desarrollo y crecimiento saludable.

Tucumán: el índice de pobreza más alto del NOA

Según el INDEC, en Tucumán el 43,5 por ciento de los habitantes es pobre. De ese número, el 7,1% vive bajo la línea de indigencia. En este contexto entonces, a la responsabilidad del Gobierno provincial y nacional de la situación de emergencia que viven niños y niñas en la provincia no hay retórica que pueda negarla.

Por otro lado, la oposición en la provincia intentó también desligarse de responsabilidades. En diálogo con el programa local Los Primeros, el Legislador Federico Masso afirmó que “hace treinta años que los gobiernos pasan y ninguno se ocupa de la pobreza estructural, muchas veces se habla de cientos de miles de millones de pesos destinados a contener a los sectores vulnerables, pero si vemos en realidad, el Estado asigna 19,75 pesos para un almuerzo". Pero el legislador Masso omite que también es parte de la casta política que gobierna la provincia hace 30 años, primero como aliado del Alperovichismo, luego como parte de un frente con Cambiemos y el intendente de la capital Germán Alfaro, y actualmente es parte del Frente Amplio (conformado por Libres del Sur, el Partido Socialista y el Frente Grande).

En medio de este alarmante panorama, se aproximan las elecciones parlamentarias, en las que el PJ provincial se encuentra peleando en una interna que se puso en el centro de la realidad mediática en la provincia. El Ministro Gabriel Yedlin, aliado del Gobernador Manzur, hasta el momento no emitió palabra respecto al reclamo de los trabajadores de la Dinayf, tampoco respondió al pedido de los profesionales de declarar la Emergencia en Niñez en la Provincia.

El Ministerio de Desarrollo Social es actualmente blanco de constantes señalamientos y denuncias. Por un lado, por ser una máquina de precarización del mismo Estado, por otro, debido a las políticas de administración de la miseria que lleva adelante. En el marco de un enorme ajuste, Manzur, Yedlin, y todo el régimen provincial se encuentran muy ajenos a la realidad de miles de niñas y niños. Y es que se enmarcan en una política nacional de pactar con el FMI el pago de la deuda externa, mientras se ajuste y miles de familias caen en la pobreza.




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