Sociedad

DERECHO A LA VIVIENDA

No hay salud mental sin vivienda digna

Un debate con Alicia Stolkiner, que asesora en Salud Mental al Gobierno de Fernández, que tras el desalojo de Guernica, no tardó en replicar en sus redes sociales argumentos falaces, responsabilizando a corrientes de izquierda, para justificar la represión.

Alina Baena

Psicóloga - Programa médicos comunitarios

Domingo 1ro de noviembre de 2020 | 09:24

A pocas horas del brutal desalojo y represión que recibieron las familias de Guernica como respuesta a su reclamo de tierras para vivir, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales de referentes de Salud Mental que asesoran al Gobierno de Fernández, como es el caso de Alicia Stolkiner, donde con argumentos falaces e incluso acusatorios contra corrientes de izquierda, justifican la represión como buena respuesta. Un mecanismo perverso donde las víctimas son transformadas en victimarios.

Salud mental y derechos humanos

Mucho se dijo por los medios tergiversando la información y contando una historia construida en base al relato que quiso instalar el gobierno, sus funcionarios y la justicia.

Hablaron de una negociación fallida, que había personas ajenas que se volvieron intransigentes, y que eso fue lo que motivó la represión.

Lo llamativo de todo esto, fue la premura con la que el gobierno quiso cerrar la negociación (cuando nada habían otorgado), luego de intentar por medio de maniobras dividir y enfrentar a las familias dentro del predio, apelando a una lógica de “sálvese quien pueda”, cuando lo que allí sucedió fue una organización de miles de familias que reclaman un derecho que se avasalla; para finalmente adelantarse un día a la fecha tope de desalojo.

Pareciera que lo que más enoja a las y los referentes y funcionarios del gobierno, es que haya personas con muchas necesidades, pero con mucha capacidad de pensamiento, organización y decisiones propias, y que cuestionen el manejo oficial en materia de vivienda, salud y posesión de las tierras.

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Por eso en todo momento, con un discurso desautorizando a quienes toman decisiones, intentaron generar un marco de intrigas. Si había un acuerdo este nunca fue mostrado, había cláusulas secretas, y mucho hostigamiento y nada de diálogo.

La vivienda es un derecho humano, que además que se encuentra en la constitución como el derecho a una vivienda digna. Y si hablamos de salud mental, no podemos pensar un equilibrio si no hay alimentación, cuidados ni menos que menos un lugar donde protegerse. Un techo significa eso: la certidumbre de que se van a tener los cuidados mínimos para la vida, el esparcimiento y el descanso.

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Cuando hay un derecho y es vulnerado no puede dejar de verse que ahí la salud mental está afectada. La posta de salud que funcionó en el barrio, levantada por trabajadores, trabajadoras y estudiantes de salud y vecinos puso en evidencia lo que el Estado también les negaba. El derecho a la salud, en su integralidad física, mental y social. Muchos vecinos denunciaban que en los centros de salud cercanos les negaban la atención médica cuando informaban que vivían en la toma. Eso es parte, también, de la persecución que bajaron desde las autoridades.

El amedrentamiento que sufrieron las familias en estos días, donde se los acusó de usurpadores, delincuentes y se los trató como si no fueran personas que merecen ser escuchadas y respetadas. Se les cortó la luz, se les impidió el acceso al agua, no pudieron entrar algunas pertenencias para poder protegerse del clima, les negaron la atención en salud, y cientos de niñes tampoco tuvieron acceso a la escuela.

Cuando el gobierno dice que durante 40 días buscó el diálogo, lo que en realidad hizo fue instalar todos sus artilugios para dividir la pelea queriendo enfrentar a los barrios de la toma.

Todo ello con helicópteros rasantes y luces apuntando en lo profundo de la noche, amenazas de desalojo en su cabezas, y subestimación de la capacidad de discernir y organizarse de cada de una de esas personas que estaba en el predio.

La saña, el avance de topadoras, y las casitas quemadas

La imagen que deja el gobierno dista mucho de una búsqueda de un acuerdo para encontrar una solución al problema de la vivienda. En nombre de la propiedad privada, sagrada y sacrosanta, se justifica el arrasar con las pocas pertenencias de quienes nada tienen. El llanto de bronca de esas mujeres que bajo ese poquito de tierra, esas maderas que comunitariamente pudieron comprar, pudieron sentir que podían tener un lugar donde vivir, eso que puede ser considerado un poco de proceso comunitario, y ser partícipes de un proceso de subjetivización.

Familias trabajadoras que durante el día salían a ganarse el pan en trabajos precarios, y que a la noche volvían a seguir levantando un espacio para vivir. Familias que se auto organizaron y armaron calles, manzanas, parcelas, ollas comunitarias, una escuelita, y una posta sanitaria.

Familias que compartían patios de juegos donde les niñes de varias familias pudieran jugar juntes. Todo eso es parte del proceso de subjetivación hecho en comunidad. Eso tiraron abajo las topadoras: el lazo social que esos vecinos estaban construyendo.

Mucho se debatió sobre la salud mental en la pandemia, desde las salidas individuales que planteaba Jorge Biglieri, decano de la Facultad de Psicología de un lado, hasta las propuestas comunitarias que levantaba Stolkiner, donde plantean un salida comunitaria, pero poniendo en un estado paternal, por encima de las clases.

Son debates sin sentidos si cuando se habla de salud comunitaria no se tiene en cuenta las necesidades de miles que hoy no tienen nada y cuestionan lo más básico de los derechos, que es un lugar para vivir. Y cuando en la comunidad, esto se toma por sus manos, se plantea una pelea por sus derechos, eso también es parte del proceso de constitución de la subjetividad.

A la angustia de no tener alimentos, de haber perdido sus ingresos, la posibilidad de pagarse un lugar donde vivir como muchos contaban con solo sentarse a hablar, o las mujeres que escapando de situaciones de violencia de género, encontraron en un terreno bajo un lynon un lugar donde vivir, algo que no pudieron resolver de otra manera.

La salud mental es también un proceso colectivo, y en este caso, un proceso comunitario que habilitó a sentirse subjetivadas como parte de un colectivo que les dio identidad. Miles peleando por un derecho básico, a la vivienda y en condiciones dignas. Vivieron un invierno casi a la intemperie, sufrieron los estragos de las fuertes tormentas, pero encontraron también la solidaridad de miles, como se veía en el momento del desalojo, el apoyo que recibían de vecinos del barrio.

Lo que se encontraron del otro lado, fue un gobierno que en todo momento los desoyó, los quiso cercenar, demonizar y quebrar. Que su presencia fue por medio del terror, de la amenaza. No fue una imposición del poder judicial, sino una decisión política de avanzar sobre mujeres, niños y niñas, que luego jugaron con lo que les quedó: los cartuchos para la represión.







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