CUARENTENA REPRESIVA

Organismos de Derechos Humanos de Mendoza contra el abuso policial

En el marco del aislamiento social, organismos de DDHH enviaron una carta al gobernador Rodolfo Suarez ante "los excesos, arbitrariedades y abusos de la Policía". Además exigen políticas de emergencia para “territorios de alta vulnerabilidad económica”

Jueves 2 de abril | 13:19

Foto MDZOL

Organismos de Derechos Humanos de la provincia hicieron pública, a partir de una carta dirigida a Suarez, su preocupación respecto a "los procedimientos y mecanismos a través de los cuales han sido llevadas a cabo las mismas -detenciones-, teniendo en cuenta que diariamente recibimos relatos que describen la intervención policial y expresan vejámenes, malos tratos e incluso tortura". Desde La izquierda Diario venimos publicando dicho accionar policial.

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“En cumplimiento con lo manifestado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2010, remita a la Legislatura Provincial un proyecto para la derogación del artículo 11, inciso 3 de la ley 6722 bajo la cual se ampara, desde hace décadas, la práctica policial de las detenciones ‒ya tristemente célebres a nivel internacional‒ conocidas en el ámbito jurídico como “delito de aspecto” o “portación de rostro”. Prohibición explícita de detener a cualquier ciudadano/a por averiguación de antecedentes”. Agregan en la carta, entre otras exigencias como la “eliminación del toque de sirena desde las 19 para el anuncio de la no circulación, establecido en el marco de la cuarentena; entendiendo que responde a mecanismos utilizados durante la dictadura militar o en situaciones de toque de queda, y no en circunstancias como las actuales dónde debe prevalecer la concientización y protección de la población”.

Frente a la crisis por el Covid-19 es de público conocimiento que son los sectores más empobrecidos de la sociedad quienes pagan los más altos costos. En esta sintonía, los Organismos le exigen al gobierno que se apliquen “políticas de emergencia, soluciones reales y concretas a territorios de alta vulnerabilidad económica”, tales como la provisión de alimentos y agua potable.







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