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Pablo Salinas: “La modificación del Comité de Prevención de la Tortura es otro paso atrás que da Mendoza”

Reproducimos entrevista a Pablo Salinas, abogado referente de los Derechos Humanos en la provincia y docente universitario, en el programa La Izquierda en la Radio

Domingo 23 de agosto de 2020 | 17:29

Este viernes, en el programa La Izquierda en la Radio, emitido por Radio La Mosquitera, dialogamos con el abogado Pablo Salinas, sobre la situación en la provincia respecto a la modificación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura

- Con los votos del oficialismo hace una semana se aprobó en el Senado la modificación de la ley 8284. Contanos sobre este intento de modificación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura

  •  Esta modificación tiene media sanción, se aprobó en Senadores y ahora falta que pase por Diputados todavía. Es otro pasó atrás para Mendoza porque venimos en una situación muy delicada, con la propuesta de una candidata que no cumple los requisitos de la Constitución para ser Ministra de la Corte y ahora intentan la eliminación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que es un organismo de control y un mecanismo de exigibilidad, integrados por doce miembros, el corazón de este mecanismo son las organizaciones de Derechos Humanos.

    Estos doce miembros que son ad honorem dejan el Comité y se crea uno nuevo con la élite política que designa el propio Gobernador, quiere decir que se desnaturaliza este mecanismo de control, porque justamente para que la democracia funcione tiene que tener independencia del Ejecutivo, en este caso el Procurador del Comité al ser designado sin concurso público, que es otra de las cuestiones que elimina este proyecto, pierde total independencia política, y al eliminar a los representantes de los organismos de Derechos Humanos".

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    Por lo tanto es un órgano que se va a dedicar a adular las políticas del gobierno de turno, gobierne quien gobierne, ya que además de lo que describía anteriormente, va a estar constituido por un representante de la Dirección de Derechos Humanos que también lo nombra el Gobernador, y otro representante que tienen fuertes vínculos políticos del oficialismo, es como cuando el Pro nombró a Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, esa oficina deja de cumplir un rol de control porque es un funcionario del propio gobierno el que debe ser observado.

    Este tipo de retrocesos institucionales le hacen muy mal a la democracia.

    - ¿Cuál es el interés de fondo del Gobierno con respecto a esta modificación?

  •  Hay un avance contra los mecanismos de control, que ya viene desde hace tiempo y es un avance que no encuentra límites, es decir hoy no hay contra peso, en el Senado la mayoría que tiene el oficialismo es abrumadora, en Diputado podría frenarse si parte de los partidos que acompañan la alianza de gobierno en Mendoza no acompañan, es decir no tendrían que apoyarlo el Partido Socialista, o Libres del Sur o Frente Renovador, yo creo que sería muy importante hacerle un llamamiento a que no lo acompañen porque hoy son oficialismo pero en el futuro pueden ser oposición, y como decía, esto le da facultades a cualquier oficialismo para no tener nadie que lo controle".

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    -La Senadora Rus en su presentación durante el tratamiento de este proyecto de modificación en la legislatura, afirmó que la situación de las personas privadas de libertad ha mejorado y que no hay hacinamiento en las cárceles de Mendoza. Sin embargo en entrevista anteriores nos contabas que las cárceles de Mendoza es la peor del mundo. ¿Qué tiene que ver esto y cómo se relaciona con el Comité?

  •  La cárcel de Mendoza estuvo sujeta a medidas cautelares y provisionales en el sistema Interamericano junto con la cárcel de Burso Branco de Brasil, fueron las dos cárceles por el sistema Interamericano de Derechos Humanos elegidas para ser monitoreadas porque eran las dos peores o las que se vivía mayores grados de violencia, con crímenes espantosos como el del joven Salinas Ares que fue descuartizado, por la tanto Argentina quedó a un paso de ser condenada a nivel internacional y el Gobierno argentino decidió construir la cárcel de Cacheuta.

    Pero las políticas que se llevaron adelante durante estos últimos años y que además ya venían implementándose, volvió a colapsar rápidamente todo el sistema carcelario, es decir, si bien se crearon un cárcel nueva y una federal, a partir de la modificación de la Ley de Ejecución Penal y la modificación de las leyes de Excarcelaciones y las modificaciones de lo que se llama en el Derecho Penal “inflación penal”, se volvieron a ocupar velozmente todas las plazas, incluso se detuvo muchísima gente por delitos menores, a esto hay que agregarle todos los detenidos que generó y que se generan a partir de las normas que tienen que ver con el cumplimiento de las restricciones de la pandemia, y a esto hay que agregarle las normas de Derecho Común que generalmente se utilizan para una persecución política.

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    Digo que hay en el Derecho Penal un rol disciplinador de persecución política y también de disciplinar la pobreza, es decir hay una criminalización de la pobreza y de la protesta, pero esto no ocurre sólo en Mendoza sino que en el mundo, sobre todo en Latinoamérica que es la región más desigual del mundo y hay un abuso en las prisiones preventivas como única medida de reproche penal, cuando en realidad en los países más avanzados, lo que se tiende en los delitos más leves son medidas alternativas, y la cárcel restringido como último recurso para delitos graves, incluso en países donde se aplica la mano dura como en EEUU.

    De hecho ahora estoy evaluando una tesis doctoral de un abogado que presentó con una tesis de más de 500 páginas con medidas alternativas a la prisión. No tenemos especialistas que estén trabajando en estos niveles de seguridad humana en la provincia.

    Es decir no coincido con lo que dice Rus, creo que el sistema carcelario está colapsado.

    - ¿Cómo fue la presentación realizada junto a los abogados Lavado y Salgado en la Comisión Interamericana de Derechos humanos?

  •  Tuvimos audiencia con la comisionada Julissa Mantilla y la Secretaria Érica Montero en Washington donde analizamos todo el acuerdo de Solución Amistosa y los puntos de cumplimientos donde la comisionada manifestó su preocupación de reforma del Comité, y su vez indicó los puntos que faltan en el cumplimiento de la Solución Amistosa, porque el Estado mendocino pero que a nivel internacional es el Estado argentino, no ha cumplido con este acuerdo, porque no ha creado la figura de Defensor del Pueblo, en 2011 acordó que la iba a crear y no lo hizo, y además porque no ha creado suficientes juzgados de ejecución".

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  •  En Mendoza tenemos cerca de 5500 personas privadas de libertad y tenemos dos tribunales colegiados de jueces, es decir sólo dos instituciones que trabajan en la ejecución de la pena. Mendoza debería tener por la población carcelaria, al menos 6 juzgados de ejecución. Acá vemos las grandes falencias que tiene el sistema penal y sobre todo el sistema institucional, que analizado desde la criminología organizacional, nos demuestra que tenemos muy malas y deficientes instituciones, porque no alcanzan y además no tienen los recursos presupuestarios necesarios, no puede ser que el organismo criminológico tenga solo dos vehículos cuando estamos hablando de más de 5500 personas privadas de libertad o que la Dirección Promoción del Liberado no tenga sedes en cada uno de los departamentos para poder hacer un seguimiento a las personas que obtienen su libertad.

    El derecho es una lucha por el derecho, y tenemos que luchar para que no se modifique este Comité, como hemos luchado para que se dejara sin efecto la modificación de la Ley que permitía la minería contaminante, tenemos que salir a los medios y a las redes para sacar a la luz que ésta es una muy mala reforma, quedándonos en casa para evitar los contagios de este virus que es una pesadilla".

    Escuchá la entrevista completa:







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