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JUJUY

Para el FIT el decreto de Morales es un ataque brutal a trabajadores de la salud

Tras conocerse el Decreto Acuerdo 1444-S/2020 del 24/08 que salió en el Boletín Oficial 104 del 31/08 los diputados del bloque del PTS FIT expresaron su rechazo al mismo “ya que es un paso adelante en la criminalización a los trabajadores que defienden sus derechos”.

Miércoles 2 de septiembre | 13:47

También sostuvieron que es un grave antecedente para el resto de los trabajadores y afirmaron que “el gobernador Morales en vez de dar respuestas a los graves problemas que plantean quienes están en la primera línea ante la pandemia del coronavirus, refuerza el castigo, las multas y el avasallamiento de derechos humanos”.

La diputada Natalia Morales sostuvo que “ante las múltiples denuncias recibidas por parte de trabajadores de la salud de toda la provincia de persecución, hostigamiento, y ataques como fueron los descuentos salariales a quienes tomaron licencia por tener covis-19, presentamos desde el bloque del PTS FIT un pedido de informes para que el ministro de salud Bouhid dé explicaciones sobre avasallamientos a derechos democráticos a trabajadores que están sosteniendo un servicio esencial como es la salud. El decreto refuerza lo que venimos reafirmando que en Jujuy funciona un régimen policíaco que se profundizó con la cuarentena”.

Podes leer: Morales contra los derechos de trabajadores de la salud: multas de hasta de un millón y arresto

Por su parte Eduardo Hernández manifestó que “el ataque es inadmisible para quienes salvan vidas y arriesgan las suyas ante la crisis sanitaria por el coronavirus en curso. El decreto deja abierta la puerta para que el Gobierno ataque de manera discrecional y discriminatoria a trabajadores que cuestionan realizar sus tareas sin protocolos, sin equipos de protección personal o sin recibir el pago de salarios adeudados como sucede actualmente. Fortalece las sanciones y memorándum de directivos y jefes que ejercen violencia laboral con multas que van desde 40 mil al millón de pesos como también la posibilidad de inhabilitación y detenciones”.

Para finalizar Alejandro Vilca planteó que “exigimos que el Gobierno de un paso atrás en esta medida de carácter inconstitucional y violatoria de derechos laborales, como también garantice condiciones de trabajo como establecen los mismos protocolos que escriben, y las demandas del sector de salud que se vienen manifestando en estas últimas semanas ante la falta de respuesta. Queda más que claro, una vez más, que el Código Contravencional, es una herramienta para atacar a todos los que se organizan y luchan por sus derechos. El gobierno usa el mismo para disciplinar y amedrentar, y descargar la crisis sobre las mayorías por eso es necesaria su derogación”.







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