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VILLA CONSTITUCIÓN

Para la juventud, más violencia institucional

El reciente caso de Ángel Colazo constituye una muestra de lo que el Estado y sus instituciones tienen para ofrecer a la juventud, especialmente la de los sectores más vulnerables.

Viernes 22 de enero | 20:40

Este jueves se conoció la noticia de que un joven de 16 años que estaba internado desde el día 30 de diciembre en el Hospital SAMCo tras ser llevado por la policía, tuvo muerte cerebral. APDH Rosario denuncia que estuvo durante varios días atados de pies y manos en una camilla bajo custodia estatal. La situación recién cobró estado público a partir de la denuncia del organismo, a pesar de que hace varios días, por no decir años, que los derechos de Ángel vienen siendo vulnerados. El caso de este adolescente no deja de ser una muestra brutal de lo que el Estado y sus instituciones dan como respuesta a la juventud.

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El INDEC informó este miércoles que durante el último trimestre del 2020 se registró en el país una caída de casi 2 millones de puestos de trabajo en relación al año anterior. Son datos que confirman la caída de la actividad y cómo afecta a la clase trabajadora teniendo en cuenta que las proyecciones de la situación económica están sujetas a las posibilidades de un rebote de la pandemia. En nuestra región, siguiendo con los datos del INDEC, la desocupación es cada vez mayor e impacta directamente en la juventud y las mujeres, que son quienes le pusieron el cuerpo a la pandemia y sostuvieron a sus familias con trabajos precarios, como los trabajadores y trabajadoras del Call Center Hey Latam que hace más de dos meses que vienen luchando para mantener sus puestos de trabajo en la vecina ciudad de Rosario.

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No es la primera vez que los problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza y el desempleo que sufren los jóvenes se intentan resolver desde el Estado con represión, control social y encierro, tanto en instituciones carcelarias como de salud, situación que se agravó aún más durante la cuarentena. En Villa Constitución y la región, como en el resto del país, el accionar de las fuerzas represivas fue escalando, multiplicándose los casos de brutalidad policial contra los pibes en los barrios. El 2020 deja muchos por nombrar solo en nuestra ciudad.

Hay otros dos casos recientes que dejan al descubierto la combinación entre precarización y violencia estatal. El primero tiene que ver con el fallecimiento de Nicolás Malgarejo, joven rosarino de 15 años que fue atropellado durante un operativo policial. El segundo, similar al anterior, el caso de Ezequiel y Ulises atropellados a mediados del año pasado por la policía de San Nicolás y que esta semana, tras la lucha de las familias, amigos y organizaciones cambió la carátula que involucra al policía que conducía el patrullero, pasando de homicidio culposo a homicidio doloso.

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Esta es la realidad de la juventud en nuestra región y el país a la que le roban el futuro quitándole la posibilidad de estudiar y viéndose obligada a una vida de trabajo precario, mientras el Estado responde con más violencia. Ante esta situación, es fundamental una exigencia por parte del conjunto de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales a una investigación con una comisión independiente del Estado, que sea objetiva e imparcial, para que el caso de Ángel no quede impune y que se repudie ampliamente el hostigamiento y la persecución a los jóvenes.







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