Géneros y Sexualidades

SE TENÍA QUE DECIR

Presas y judicializadas por abortar: una realidad invisibilizada en todo el país

Entre otras cosas, la clandestinidad del aborto es responsable de que en Argentina siga habiendo cientos de mujeres judicializadas y presas por abortar. Para conocer más sobre eso, hablamos con Soledad Deza, abogada de Belén en Tucumán, integrante de Mujeres por Mujeres y autora de Jaque a la Reina, un libro que sintetiza una investigación inédita en Argentina, que puso luz sobre esta situación tan invisibilizada en la provincia y en todo el país.

Sol Bajar

@Sol_Bajar

Martes 7 de julio | Edición del día

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La semana pasada, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto denunció que en el marco de la pandemia, es decir, de un problema sanitario mundial, y habiendo desde declaraciones de la OMS hasta manuales y protocolos que refrendan este derecho, 4 mujeres fueron judicializadas en Santiago del Estero. ¿Cuántas son en todo el país? ¿Porqué se criminaliza a las mujeres que acceden a la Interrupción Legal del Embarazo?

Para hablar de eso, nos comunicamos con Soledad Deza, abogada de Belén en Tucumán y autora de Jaque a la Reina, un libro que puso luz sobre este tema en Argentina.

En primer lugar, le preguntamos qué pasó en Santiago del Estero. ¿Porqué hay 4 jóvenes judicializadas por abortar?

En general, cuanta Soledad, "estos casos se dan luego de que llegan a una institución asistencial, en el marco de la atención pos aborto. O porque se hicieron un aborto casero o porque tuvieron una complicación en el marco de un aborto hecho por fuera del sistema". "Más allá de las particularidades de estos casos es necesario pensar en cómo opera la criminalización del aborto en la vida de las mujeres, porque una de las excusas para no dar el debate de legalización del aborto es precisamente que la figura del aborto, el tipo penal, no se utiliza en los hechos", dice la abogada que defendió a la joven Belén en Tucumán, luego de que fuera condenada a 8 años de prisión, y finalmente absuelta.

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"En los casos de Santiago podemos ver mujeres que están privadas de la libertad o no, pero que están encausadas o imputadas a consecuencia de aborto. Esos casos, independientemente de que se logre una condena, o que esas mujeres estén privadas de libertad, el proceso penal de aborto opera en sí mismo como una pena, por el estigma que tiene, por lo que supone en términos simbólicos y en términos reales entrar al sistema penal, donde la selectividad es muy fuerte y donde hay un sesgo de género y un sesgo de clase en esa persecución punitiva de los abortos".

Jaque a la Reina

En el ajedrez, lo que define el juego es el rey. Pero el libro que publicó Soledad Deza junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte, se llama Jaque a la Reina. Es que, como señala esa investigación publicada en 2014, las reglas del juego no siempre coinciden con la realidad. Pese al marco normativo para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, la realidad demuestra que no sólo no es fácil acceder, sino que además, los casos se criminalizan.

"Investigamos 20 años de criminalizción de aborto, entre 1992 y 2012", cuenta Soledad, y destaca que "descubrimos que lejos de lo que se sostiene, de que no se usa el tipo penal, acá en Tucumán había 534 causas de aborto, donde sólo el 3 por ciento tenía como imputado a quien hacía el aborto. El resto, ese 97 por ciento, tenía a las mismas mujeres como imputadas".

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"Otro dato significativo es que desde 2008 en adelante el 25 por ciento de las causas que habían ingresado a la justicia era por abortos naturales, espontáneos o tentativas de abortos, que no son tipos penales, sino eventos obstétricos adversos, que no pueden ser perseguidos punitivamente. Es lo que luego le pasó a Belén", cuenta.

Para Soledad Deza, esto muestra a las claras que "hay una urgencia de que se debata la legalización del aborto, porque es una forma de desincriminar moralmente la decisión de interrumpir un embarazo dentro del primer trimestre. Pero es una forma también de sacar del closet esta crueldad que significa toda la maquinaria del Estado persiguiendo a una mujer que desafió un mandato patriarcal de maternidad obligatoria. Sea porque no puede parir, que no puede gestar o que no puede cuidar".

En Tucumán...¿y en el resto del país?

Una de las conclusiones que devela Jaque a la Reina es que en la mayoría de los casos, estudiados en el libro uno por uno, causa por causa, las víctimas de la acusación judicial son mujeres jóvenes, pobres, en situación de vulnerabilidad, que fueron atendidas en hospitales públicos.

Otra cosa que devela Jaque a la reina son los actores: en esa inmovilización de las mujeres, confluyen las instituciones del Estado, las cúpulas de las Iglesias, el poder médico que orienta el sistema de salud en una provincia gobernada por el ex ministro Manzur, que viene de declarar "pro-vida" a Tucumán.

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Soledad también habla de este tema y destaca que "hicimos un pedido de información pública para conocer las causas que hay entre 2012 y 2020, para completar el cuadro de qué pasó desde María Magdalena y desde Belén en adelante". Además, denuncia que "hay una tríada de poder que la conforman operadores de la salud, personal policial y operadores del derecho, que es la que habilita la criminalización".

"Para que una mujer que busca ayuda sanitaria termine presa o termine en una causa de aborto, hay un profesional de la salud que viola el secreto profesional y la confidencialidad indebidamente, y eso debiera no sólo ser investigado en términos administrativos, porque estas cuestiones se dan en hospitales públicos, ahí también hay sesgo de clase". "No hay ninguna ley que diga que las personas pobres se atiendan en hospitales, ahora, es sabido que quien va a una clínica tiene dinero para pagar una consulta, y por lo mismo pareciera que su intimidad valiera más. También en esa tríada de poder hay personal policial que se presta indebidamente para esta maquinaria simbólica", agrega.

Otra cosa que destaca Soledad es que de las 534 causas investigadas entre 1992 y 2012 en la provincia de Tucumán, "solo el 1 por ciento había sido sobreseída. ¿Qué quiere decir? Que el resto de las causas, por más que no hubiesen tenido una condena, continuaban tenido a las mujeres como rehenes en esos procesos, porque cuando uno sobresee, desincrimina finalmente a quien ha sido imputada por algún delito. Pero cuando uno archiva la causa, al no dictar el sobreseimiento, si una mujer busca un certificado de buena conducta, no lo va a encontrar. Es una forma que se proyecte el estigma a lo largo de la vida , y queda como una espada de Damocles su paso por el sistema penal", dice.

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"Tenemos que pensar como sociedad hasta dónde una política sanitaria puede tener el sesgo violento de la política criminal. Hasta dónde vamos a mezclar salud y derecho penal. Hasta donde vamos a mezclar autonomía reproductiva y persecución punitiva de delito. Tiene que ver con una cuestión democrática".

Esos, sin embargo, son sólo datos registrados en la provincia de Tucumán. Le preguntamos a Soledad Deza si hay alguna proyección o estudio que magnifique esta situación a nivel nacional.

"Hasta ahora no conocemos ninguno", responde, y subraya que "esos son los únicos datos elaborados con información oficial, fehaciente, donde se han constatado las causas". Además, remarca que esas son sólo las causas caratuladas como "aborto", porque también hay otras causas que se caratulan distinto (las que acusan a las mujeres, por ejemplo, de "homicidio" u "homicidio agravado por el vínculo", por acceder a la ILE o por sufrir abortos espontáneos, como sucedió con Belén).

"El caso de Belén estuvo caratulado, hasta que ella encuentra una defensa feminista, luego de que se la condena, como ’homicidio doblemente agravado y por alevosía’", ejemplifica Deza, y cuenta además que "ayer terminé una apelación de elevación a juicio oral de un aborto de una criatura de 14 años en un baño en Tucumán que estuvo caratulada como homicidio, pese a que hay un certificado de muerte fetal, intrauterina. Y está acusada la niñita (que fue sobreseída porque es inimputable, por la edad) y están imputados los padres".

"Son distintas formas que tiene el Estado de utilizar otros tipos penales para castigar de forma más violenta lo que en definitiva es el derecho a decidir, desafiar el mandato de maternidad. Es una verdadera tragedia", dice, y agrega que "lo importante también es pensar como feministas que estos son algunos casos a los que uno puede llegar porque toman estado público, pero ¿qué pasa con los casos que hay detrás? El año pasado murió Patricia, una chica que estaba presa por abortar en Provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos casos se nos escapan a las mismas feministas que estamos atentas incluso? Eso también es parte de esa estructura opresora que compone el sistema patriarcal, que nos oculta ese tipo de casos. Seguramente hay otros casos que no conocemos".

¿Cuál es la agenda que debería debatirse hoy?

La semana pasada Soledad expuso en las reuniones que se están llevando a cabo en el Congreso Nacional para tratar centralmente el tema de “violencia de género”, y una de las cosas que cuestionó es que se estén debatiendo reformas penales sobre la violencia ya consumada, los femicidios, y no se estén discutiendo medidas urgentes para prevenirla. Le preguntamos cuál cree que debería ser la agenda del con respecto a las mujeres.

"Debería hacerse hincapié en el resto de las violencias, que quedan invisibilizadas en la faceta más violenta de las violencias, los femicidios", dice, y pregunta: "¿pero qué pasa con las violencias en la salud, con la violencia contra la libertad reproductiva? ¿Qué pasa en marcos de la pandemia donde por el confinamiento las posibilidades de consentimiento sexual, y por lo mismo, se van a incrementar los embarazos no intencionales? ¿Qué pasa con las mujeres que por el mismo ASPO no pueden conseguir sus métodos anticonceptivos, no sólo porque no pueden salir de la casa sino porque no figura la anticoncepción dentro de las prioridades sanitarias? ¿Qué pasan con las violencias obstétricas de los maltratos de aborto? ¿Y qué pasa con la misma discusión de la discusión de legalización del aborto? Porque la autonomía sexual, la libertad reproductiva, no alcanza a tener nunca la centralidad que debiera tener en la agenda política. ¿Hasta cuando la agenda feminista va a tener que escuchar que lo urgente nos distraiga de lo importante?"

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"Debiéramos lograr la empatía política para considerar que discusiones que tienen que ver con la autonomía sexual y la libertad reproductiva son iguales de centrales que ley de alquileres, o la deuda y demás", concluye.






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