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CARCELES Y CORONAVIRUS

Prisión preventiva para tres penitenciarios que asesinaron a un detenido en Florencio Varela

Es por el asesinato de Federico Rey, un preso de 23 años asesinado por la Alcaide Mayor Eliana Heidenreich, jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento (GAYS), acusada del delito de "homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario mediante el empleo de arma de fuego". Otros dos penitenciarios también quedarán detenidos por el encubrimiento de este crimen estatal.

Lunes 1ro de junio | 14:57

Foto: El Tribuno

La Justicia de Garantías de Quilmes dictó hoy la prisión preventiva de tres penitenciarios. Se trata de la Alcaide Mayor Eliana Heidenreich, jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento (GAYS), acusada del delito de "homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario mediante el empleo de arma de fuego".

También fueron alcanzados por la medida acusados del delito de encubrimiento, el subprefecto Gastón Abila, subjefe de la Guardia de Seguridad Armada, y el prefecto mayor Gabriel Darío Bergonzi, subdirector de Administración, ambos del Servicio Penitenciario Bonaerense cumpliendo funciones en la Unidad 23 de Florencio Varela.

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Un crimen de Estado

Federico Rey fue asesinado por las balas de agentes penitenciarios de la Unidad 23 del sur del Gran Buenos Aires. A fines de abril fueron detenidos un subprefecto y un prefecto mayor acusados de deshacerse de pruebas. La alcaide mayor, acusada de haber disparado estuvo prófuga y finalmente fue detenida.

La primer versión oficial (de manual) fue que la muerte de Rey se produjo por un enfrentamiento entre presos. Pero la autopsia hizo caer la mentira, Federico Rey (de 23 años) murió como consecuencia de una bala de plomo disparada por personal penitenciario.

A más de un mes de este crimen de Estado, hay un silencio absoluto por parte del actual Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, quien es el responsable de las cárceles en la provincia, como también de las autoridades del Gobierno de Axel Kicillof.


El asesinato de Rey no es un caso aislado

Kicillof asumió su mandato en medio de huelgas de hambre en distintas cárceles bonaerenses, con demandas históricas de las personas detenidas por las pésimas condiciones de detención, con comida podrida o directamente inexistente.
Lejos de resolver problemas tan elementales, la crisis se profundizó y con la pandemia volvió a salir a la luz las condiciones inhumanas en que más de 43.000 personas están privadas de su libertad en territorio bonaerense.

Al declararse la pandemia en distintos penales del país se realizaron protestas en reclamo de cuestiones básicas, como descomprimir el hacinamiento, que en las cárceles de la provincia supera el 120%, de productos de higiene y limpieza, de atención sanitaria, alimentos.

Las protestas se replicaron en otros lugares del país. En la Unidad Penal 1 de Corrientes 25 presos de uno de sus pabellones tienen coronavirus y en total habrían sido 62 los internos que tuvieron que realizarse el test, según datos del Comité de Emergencia de la provincia. En esa cárcel reside el 30 % de contagiados de todo Corrientes.

En esta misma Unidad Penal el Estado asesinó el 19 de abril a José Candía, un joven de 22 años que estaba preso allí desde hace tres años, cumpliendo una condena por el robo de un celular a una vecina. Casi calcada a la versión sobre el asesinato de Rey en Varela, la primer versión oficial fue que se trató de una pelea entre presos, pero una vez más la autopsia determinó que fue asesinado por las balas penitenciarias.

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La pandemia por COVID-19 volvió a dejar al desnudo la inhumanidad de la vida en las cárceles de todo el país y otros países del mundo.

La muerte de Federico Rey en la Unidad 23 de Florencio Varela es consecuencia del abandono del Estado que deja a merced de la enfermedad y los uniformados, sin los elementos básicos de higiene, ni asistencia sanitaria adecuada y condiciones de hacinamiento a quienes están privados de su libertad.

En su mayoría, las personas detenidas son jóvenes de los sectores más pobres de la sociedad, a quienes las crisis económicas recurrentes empujan a la marginalidad, al desempleo, muchos de ellos terminando presos por delitos contra la propiedad y venta al menudeo de drogas.

La situación en las cárceles es una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede estallar si los contagio masivos finalmente llegan intra muros. Lo que sucede en las cárceles de Argentina es un crimen de Estado.







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