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Red Internacional

Desde el sábado una delegación de funcionarios del ministerio de Economía y el Banco Central viene llevando adelante reuniones con miembros del Fondo. El Frente de Todos busca acelerar los tiempos para cerrar un nuevo acuerdo que sometería al país a las exigencias de ajuste del organismo internacional por al menos 10 años más.

Matías Hof@HofMatias

Martes 7 de diciembre de 2021 | 01:53

Este lunes los funcionarios volvieron a reunirse en la sede de la embajada argentina en la Avenida New Hampshire. Por el lado argentino estuvieron el secretario de Política Económica, Fernando Morra, por el Banco Central (BCRA) participó el director Jorge Carrera y también Sergio Chodos, el representante argentino ante el FMI, entre otros. De parte del organismo internacional se hicieron presentes los miembros el equipo dirigido por Julie Kozack y Luis Cubeddu.

Martín Guzmán y Kristilina Georgieva no participan de estos encuentros que se consideran preparatorios para firmar un acuerdo que refinanciaría el programa stand by firmado por Mauricio Macri en 2018. El Gobierno busca cerrar las negociaciones lo antes posible, dejando de lado sus denuncias realizadas sobre la deuda tomada por la gestión de Cambiemos y resignado además las distintas solicitudes que fue realizando en relación a los plazos de pago y las tasas de interés.

Para que un nuevo programa sea aprobado el directorio ejecutivo del FMI debería votarlo, pero este organismo entra en vacaciones por las fiestas de fin de año el 23 de diciembre y el receso dura dos semanas, por lo que en principio recién estarían viables para analizarlo a partir del 9 de enero. Para entonces, Ilan Goldfajn habrá asumido como nuevo director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, convirtiendo al actual director del Banco Central de Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro, en uno de los funcionarios claves en la negociación.

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En las próximas semanas el Frente de Todos intentará que se apruebe el Presupuesto 2022 y el plan plurianual en los que podrá comenzar a verse, en números concretos, el nivel de recorte del gasto público que implicaría un acuerdo con el Fondo. Tres puntos son clave en relación a esto, en los proyectos de ley y la negociación:

  • Déficit fiscal: el FMI exige un recorte de los gastos del Estado para llegar lo antes posible a que el resultado entre sus ingresos y egresos sea positivo, en función de acumular reservas para el pago de la deuda. Esto implicaría la reducción del presupuesto en áreas como salud, vivienda y educación, una baja de los salarios de los empleados públicos y que los jubilados sigan cobrando haberes de miseria.
    El ejemplo más cercano de esto es Ecuador que tiene una deuda externa de US$ 52.000 millones y para este año necesitará más de US$ 7.000 millones para poder cumplir con los vencimientos. El Fondo le está exigiendo al país recortar su déficit presupuestario en US$ 2.800 millones, una cifra gigante para su economía. Fue también un ajuste según los dictados del FMI lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenin Moreno.
  • Inflación: en octubre y septiembre la inflación se aceleró significativamente, escalando al 3,5% contra el 2,5% de agosto. En la medición interanual se ubica cerca del 52%, por encima del 45% estimado por el Gobierno para el 2021. Mientras que en 2022, el Presupuesto prevé un 33% de suba en los precios, por debajo del 52,1% proyectado por las consultoras relevadas por el BCRA.
    Un programa con el FMI contendría metas de inflación, con planes para congelar la economía. Esto, sumado al recorte presupuestario, puede dar lugar a una recesión económica que provocaría un aumento del desempleo y empeoraría aún más la crisis social.
  • El dólar: la brecha cambiaria entre la mayoría de las cotizaciones paralelas y la cotización oficial se mantiene arriba del 100% y el BCRA vendió la semana pasada US$ 400 millones. Los especuladores y las grandes empresas exportadoras presionan cada vez más por una devaluación.
    El organismo internacional para garantizar que la moneda extranjera se destine al pago de la deuda pondrá plazos para que el Estado deje de intervenir en el mercado cambiario, esto podría permitir una fuerte devaluación del peso argentino. Sumando una contradicción porque generaría presiones inflacionarias, haciendo que las medidas de ajuste deban reforzarse para poder cumplir con el programa.

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El ciclo de la deuda externa es una mecanismo de sometimiento

Desde el oficialismo afirman que pueden llegar a un acuerdo con el FMI que permita al mismo tiempo el “crecimiento del país”. Toda la historia de las relaciones con el Fondo van en contra de esta afirmación: empezando por el apoyo del organismo a la dictadura genocida iniciada en 1976, continuando por haber sido parte de la causas que provocaron la hiperinflación de 1989 en el gobierno de Alfonsín y siendo central en el estallido de la crisis del 2001 que terminó obligando al Estado (contra la propia voluntad del peronismo y el radicalismo) a declarar un default ante la falta de fondos para continuar pagando la deuda.

La gran mayoría de la población no obtuvo ningún beneficio por los US$ 44.000 millones entregados por el FMI a la gestión de Macri en 2018 ya que fueron destinados a financiar la fuga de capitales y el pago de deudas anteriores, pero el Frente de Todos yendo en contra de sus propias denuncias y promesas, se encamina reconocer esa deuda fraudulenta y firmar un nuevo acuerdo con el FMI que sometería al país a sus exigencias por al menos 10 años, si termina aceptando entrar en un programa de Facilidades Extendidas.

Teniendo en cuenta que se obtengan cuatro años sin tener que afrontar pagos de capital (sí de intereses) con el FMI, se estima que los vencimientos totales en moneda extranjera, incluyendo a los acreedores privados, se ubicaría en promedio en torno a los 9.500 millones de dólares anuales en el período 2022-2025 y saltaría a 22.000 millones en 2026-2031. Son cifras impagables, por lo que además de someterse a las exigencias del Fondo, el país sólo estaría pateando hacia adelante la crisis de deuda.

Pero es posible romper con este mecanismo de sometimiento, como afirmó este domingo la diputada electa por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman: “Se está dando una coordinación inédita de enormes sectores que hace muchísimos años que no se veía (...) para movilizarnos a la Plaza de Mayo este 11 de diciembre para decirle no al ajuste, no al pacto con el Fondo.” Es desde la lucha en las calles que es posible conseguir la fuerza para declarar un desconocimiento soberano de la deuda externa.

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