Sociedad

DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

Racismo ambiental, justicia ambiental y lucha de clases

En la medida que el “medioambiente” es construido por políticas públicas, la forma Estado-nación influye en sus contornos. Es también un concepto de clase que al incluir ciertas problemáticas excluye otras. “La naturaleza no escapa a las relaciones de fuerza sociales, es la más política de las entidades”, señala Razmig Keucheyan.

Roberto Andrés

Periodista | Editor de la sección Ecología y medioambiente | roberto.laizquierdadiario@gmail.com

Domingo 27 de septiembre | 19:40

Desde 1995 se recuerda cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, en memoria de siete personas fallecidas como consecuencia de un escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.

Ese día una pareja de ancianos, Manuel Guim y María Ángela, llamaron a su hijo Horacio porque comenzaron a sentirse mal. Horacio llegó junto a su esposa, Rosa Scala, y un servicio de emergencias médicas compuesto por la doctora Bibiana Otero de Turcutto, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero Roberto Voytezko. Todos murieron en pocos minutos. Habían inhalado un compuesto letal que emergía del alcantarillado de la casa de la familia Guim.

Dos años después, en 1995, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que declara el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. La resolución establece que “todos los años en dicha fecha se recordará en los establecimientos educativos primarios y secundarios los derechos y deberes relacionados con el ambiente, mencionados en la Constitución Nacional”, y que “las autoridades públicas que correspondan adoptarán las medidas pertinentes destinadas al permanente recordatorio de las víctimas fatales”.

Sin embargo, jamás hubo justicia para la familia Guim y los trabajadores que acudieron en su ayuda. Hubo cuatro procesados, entre ellos dos empresarios y el dueño de un depósito, pero ninguno fue condenado. Algunos fueron sobreseídos y las causas de otros prescribieron.

Existe una opinión instalada en el movimiento ambiental que sostiene que con el objeto de regular y solucionar los problemas ambientales, la humanidad debe “superar sus divisiones”. Esta visión es impulsada por organizaciones que mayoritariamente surgieron o se desarrollaron en un momento en el que las divisiones entre izquierda y derecha, explotados y explotadores, se consideraba anticuada o secundaria. Hoy se refuerza con la ideología del “emprendedor”.

Razmig Keucheyan, autor de La naturaleza es un campo de batalla (2014), argumenta en un sentido inverso: “Si se toma en serio la idea de que el cambio climático es inducido desde mediados del sigo XVIII por el desarrollo económico, y que este desarrollo lleva por nombre ‘capitalismo’, es poco probable que las oposiciones de clase puedan ser trascendidas antes de que se haya encontrado una solución a la crisis ambiental”.

En otros términos, “es poco probable que reunir a la especie alrededor de objetivos comunes sea una condición de resolución de esta crisis. Esta supone tal vez, por el contrario, la radicalización de esas oposiciones, es decir, la radicalización de la crítica del capitalismo”.

El argumento de Keucheyan nos permite cuestionar frontalmente la idea de que la humanidad padece de manera uniforme las consecuencias de la crisis ecológica: “Así como existen desigualdades económicas o culturales, también hay desigualdades en la relación de los individuos o grupos de individuos con la naturaleza, tanto con los recursos que ofrece como con la exposición a los efectos nefastos del desarrollo”.

El crimen de la familia Guim no es la manifestación de un caso aislado, sino por el contrario, se trata de un tipo de crimen social que trasciende el tiempo y el espacio. En el otoño de 1982, los habitantes del pueblo de Warren, en Estados Unidos, se movilizaron por seis semanas contra la instalación de una descarga de desechos tóxicos.

Cuatro años antes la empresa responsable había derramado ilegalmente importantes cantidades de PCB, una sustancia cancerígena. Sin embargo, una vez descubiertos el Estado resolvió enterrar los desechos en las proximidades de Warren. Opositores acudieron a la Justicia y apelaron a la salud pública y el cuidado del ambiente, pero, tras el rechazo de la demanda, la oposición se convierte en movimiento con marchas, sentadas, boicot, asambleas y cortes de ruta con más de 500 detenidos durante el proceso.

Los argumentos también se volvieron más políticos: si el Estado resolvió sepultar los desechos en ese lugar es porque allí viven negros, pobres y, sobre todo, negros pobres.

Por esos años otro conflicto con muchas repercusiones también tuvo lugar. La municipalidad de Los Ángeles quería instalar un incinerador de basura en South Central, un barrio pobre de negros y latinos, argumentando que generaría empleos. Sin embargo, un estudio de impacto ambiental advirtió sobre el vertido de dioxinas, sustancias cancerígenas, sobre la población cercana.

Los habitantes también se movilizaron, y acudieron a las principales organizaciones ambientalistas de la época para forjar una alianza. Sin embargo, estas organizaciones se negaron argumentando que el conflicto en South Central no era un problema “ambiental” sino un problema urbano de salud pública, por lo que no entraba en sus agendas.

No era la primera vez que pasaba. En 1972, bajo la presión del movimiento por los derechos cívicos, el Sierra Club, el mas antiguo de los grupos conservacionistas de Estados Unidos y ahora refortalecido con la primera ola ecologista contemporánea de los años 60, realizó una encuesta entre sus miembros para determinar si debían desarrollar políticas específicas hacia los más pobres y las minorías raciales.

Dos tercios de los afiliados se negaron. El argumento más común fue que la naturaleza era un bien universal, lo que no coincidía con las políticas específicas propuestas. Un censo del Sierra Club en el mismo momento también dio cuenta de que la mayoría de los afiliados eran blancos de clase media y alta.

La noción de “racismo ambiental” fue forjada por el reverendo Benjamin Chavis, director de la comisión por la justicia racial de la United Church of Christ, una iglesia negra progresista muy activa desde los años 50 en el movimiento de lo derechos civiles. Chavis coordinó en 1987 la elaboración del estudio Desechos tóxicos y raza en los Estados Unidos, en donde se tomaba el caso de Warren, South Central y otros más.

El informe establece que si alguien quiere saber dónde tiene más posibilidades de ser sepultado un depósito de desechos, pregúntese dónde viven los negros, latinos, indígenas y otras “minorías” raciales, y también dónde se ubican los barrios más pobres.

Keucheyan argumenta que “esta discriminación racial no es necesariamente intencional por parte de los poderes públicos (aunque a menudo lo es). Es sistémica, es decir, procede de una lógica independiente de la voluntad de los individuos. (…) El conflicto de Warren resulta de una forma de injusticia particular, el racismo, pero puede proceder de otras formas de desigualdades. La naturaleza no escapa a las relaciones de fuerza sociales, es la más política de las entidades”.

En la medida que el “medioambiente” es construido por políticas públicas, la forma Estado-nación influye en sus contornos. Es también un concepto de clase que al incluir ciertas problemáticas excluye otras. La barrera entre lo natural y lo social es también una barrera entre lo urbano y lo rural. El movimiento por la justicia ambiental y por la justicia climática buscan derribar esas barreras.

El pasado jueves 24 la Legislatura porteña votó la conmemoración del Día del Hábitat a pedido de la Comisión de Ambiente de la Legislatura. Sin embargo, Myriam Bregman (PTS), abogada de derechos humanos y diputada del Frente de Izquierda, señaló en dicha ocasión que “no podemos adherir a ninguna conmemoración al día del hábitat que no denuncie el agronegocio, la megaminería, el extractivismo, las megagranjas porcinas que se quieren instalar en Argentina y que están siendo repudiadas. Hay incendios en catorce provincias argentinas y se ha comprobado que el 95 % de ellos es por acción humana. Porque seguimos nuestra lucha por un hábitat en donde podamos respirar y vivir en armonía con la naturaleza nos abstenemos de esta votación y adherimos a la movilización que tendrá lugar este viernes 25 en el Día de Acción Global por el Clima”.

Su compañera, Clara Gentile, de la Juventud del PTS, dijo durante la jornada por el clima en Plaza de Mayo: “Rechazamos la represión a los luchadores ambientales y también a las personas que pelean por una tierra para vivir. En 2019 asesinaron a más de 200 luchadores de todo el mundo, y aquí en Guernica hay 2500 familias que pelean por un terreno para vivir. Nosotros peleamos por un mundo que merezca la pena ser vivido, que sea hermoso, en el que todos podamos habitar en él. Si estas 2500 familias se quedan en la calle, mientras esas tierras van para el negocio inmobiliario que le prende fuego a nuestros humedales, estamos más lejos de ese mundo por el que peleamos todos”.







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