Política

SU SEGURIDAD Y LA NUESTRA

Respuesta represiva: mientras crece el gatillo fácil, el Gobierno llena de armas y gorras el conurbano

Con $ 10.000 millones más “invertidos” en gendarmes, policías, patrulleros y armas, Alberto Fernández, Kicillof, Berni y Frederic anunciaron un nuevo “plan” contra la llamada “inseguridad”. Música para los oídos de la derecha y los barones del conurbano bonaerense.

Daniel Satur

@saturnetroc

Viernes 4 de septiembre | 13:19

Este viernes, con un retraso de una hora respecto a lo anunciado, Alberto Fernández y la ministra de Seguridad Sabina Frederic presentaron el “programa nacional para el fortalecimiento de seguridad” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Junto a ellos estuvieron el gobernador Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni, uno de los máximos garantes de la inseguridad para miles de trabajadoras y trabajadores pobres de la provincia, sobre todo jóvenes, víctimas sistemáticas de la violencia policial y penitenciaria, el gatillo fácil y la represión.

Este nuevo plan represivo del Estado incluye el envío de $10.000 millones a la provincia de Buenos Aires para comprar unos 2.200 patrulleros, cámaras de seguridad y demás tecnología policial. Además el Ministerio de Seguridad de la Nación enviará 3.957 gendarmes, prefectos y policías federales a las llamadas “zonas calientes” del conurbano.

Huelga decir que para los funcionarios las “zonas calientes” no son más que las barriadas populares, donde miles y miles de personas viven en condiciones inhumanas de existencia y donde las policías (sean provinciales o nacionales) realizan un sistemático trabajo de captación de jóvenes para participar del crimen organizado. Queda claro que ningún barrio privado (de esos que están llenos de delincuentes ricos, narcotraficantes y demás criminales) será foco de la atención de este nuevo “plan”.

La presentación del plan se realizó en la residencia de Olivos y estuvieron presentes, además de Kicillof, Berni y gran parte del Gabinete presidencial, 24 intendentes del Gran Buenos Aires, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio (algunos física y otros virtualmente). A distancia también estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el diputado Máximo Kirchner y varios ministros.

Como parte de la puesta en escena, la Casa Rosada convocó a participar a familiares de personas que murieron a causa de robos violentos y otros hechos ocurridos en el conurbano. Obviamente, el convite no era para familiares de víctimas del gatillo fácil o de las torturas en las comisarías de la Bonaerense ni mucho menos.

Antes de ingresar para participar del anuncio en Olivos, el peronista Fernando Ezpinoza dijo ante la prensa que “el Presidente escuchó nuestros reclamos”, en referencia a los barones del conurbano bonaerense. “Eso sí, no hay que criminalizar la pobreza”, aclaró el intendente de La Matanza en un rapto de demagogia populista.

En la presentación oficial, primero tomó la palabra el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. “Para nosotros es muy importante con un compromiso que había tenido el Presidente, en cuanto tomar como prioridad el tema de la inseguridad”, dijo. Y agregó que este nuevo programa “es un convenio de fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires y de los 24 municipios del Gran Buenos Aires”. Se trata de un contrato entre la Jefatura de Gabinete y la Gobernación, quien administrará el dinero y los recursos junto a los jefes comunales. Luego detalló los puntos los puntos sobresalientes del programa.

  •  $10.000 millones extra para la provincia de Buenos Aires, a repartir discrecionalmente con los 24 intendentes del conurbano.
  •  2.957 efectivos de las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, PFA y PSA) -el doble de lo existente en la actualidad- enviados a realizar operativos en las calles bonaerenses.
  •  Creación de doce nuevas unidades carcelarias: dos de ellas con capacidad para mil reclusos y las otras diez alcaidías para 300 presos cada uno. El objetivo es trasladar unas cinco mil personas hoy detenidas en comisarías (donde está prohibido alojar presos pero donde a su vez la gran mayoría debería estar libre por no tener condena, ni siquiera procesos avanzados).
  •  Cuatro mil nuevas “paradas seguras” en las calles del conurbano, administradas por la Policía Bonaerense.
  •  También está contemplado usar parte de los recursos inyectados a la provincia para la formación de diez mil nuevos policías en las universidades nacionales ubicadas en el conurbano. Así, el mayor ejército de hombres armados del país (también la corporación criminal más experimentada) superará los cien mil miembros.

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    Luego de Cafiero hablaron algunos de los intendentes Gustavo Menéndez de Merlo, Gustavo Posee de San Isidro y Mayra Mendoza de Quilmes. Luego habló el gobernador Kicillof y finalmente el presidente Fernández.

    El gobernador afirmó que el plan de seguridad que se presenta este mediodía "es uno de los más grandes que se tenga memoria" y destacó la presencia "tanto del oficialismo como de la oposición" en el acto.

    Todavía suenan las palabras de Cristina Castro, mamá de Facundo, cuando durante la extensa entrevista que este diario le realizó el domingo pasado dijo "Más policías es mas chicos muertos."

    Por su parte, el presidente dijo que "si este plan funciona, la impunidad bajará y eso demandara más lugares en las cárceles. Por eso buscamos crear cárceles que den condiciones de encierro adecuadas a los que delinquen. Vamos a ser implacables, con el Código Penal en la mano".

    "Se trata de una inversión de 38 mil millones de pesos y es plata muy bien gastada", agregó el presidente, y apunto: "que el delincuente sepa que lo estamos mirando y que vamos a ir a buscarlo".

    Alberto Fernández también dijo que "el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia".

    "Si este plan funciona, la impunidad bajará y eso demandara más lugares en las cárceles. Por eso buscamos crear cárceles que den condiciones de encierro adecuadas a los que delinquen", sentenció Fernández. Cabe preguntarse cómo cree que la impunidad bajará cuando en las cárceles actualmente hay entre un 40 % y 60 % de personas detenidas sin condena.







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