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Red Internacional

Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia, junto a organizaciones solidarias, realizan un acto en la puerta de los Tribunales Nacionales, en Talcahuano 550 de la CABA. Piden un “pronto despacho” ante “la falta de respuesta” del máximo tribunal en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte del joven tras una represión de Gendarmería en 2017.

Jueves 21 de octubre | 10:21

La convocatoria está respaldada por organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y la izquierda. Allí se presentará una nota solicitando a la Corte Suprema que resuelva la petición formulada por la familia Maldonado.

En un texto difundido por Sergio Maldonado en los días previos, se informó que la actividad se realizará “debido a la falta de respuesta de la Corte Suprema a nuestro pedido para que resuelva y designe un nuevo juez que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada en la causa de Santiago”.

“Creemos indispensable la asignación de un nuevo juez que lleve adelante una nueva investigación luego de que el Juez Gustavo Lleral se haya expresado públicamente diciendo que él no es un juez imparcial en esta causa”, afirma el texto difundido por el hermano de Santiago.

Entre las organizaciones que acompañan a la familia están el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Serpaj, APEL, Cadhu, La Poderosa, Barrios de Pie y MTL. A su vez se hicieron presentes Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), Carlos Pisoni (H.I.J.O.S. Capital), Vanina Biasi (PO), Roberto Baradel (Suteba), Eduardo López (UTE) y Luis Zamora (AyL), entre otros.

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En otra nota publicada este martes, La Izquierda Diario informó sobre la presentación formal realizada por la familia Maldonado ante la Corte, como recurso de “pronto despacho”, para que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda respondan al pedido de un “juez imparcial” y que se investigue el caso como “desaparición forzada seguida de muerte”. Ese pedido fue realizado el 6 de marzo de 2020, hace un año y siete meses, pero los “supremos” mantienen un más que preocupante silencio sobre el tema desde entonces.

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