REFORMA PROCESAL PENAL EN NEUQUEN

Sobran fiscales, faltan derechos

Desde el 14 de enero de este año se está implementando la reforma procesal penal en la provincia de Neuquén, que mediante el nuevo Código Procesal Penal instaura un sistema de tipo acusatorio que incluye la oralidad y el juicio por jurado, entre otras cuestiones novedosas. La reforma fue anunciada con bombos y platillos, como se está haciendo actualmente con el proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación.

Ivana Dal Bianco

Abogada del CeProDH

Sábado 8 de noviembre de 2014 | Edición del día

1 / 1

Es necesario decirlo: si bien se incorporan ciertas cuestiones importantes como el principio de que la libertad es la regla y no la excepción, la mediación penal, y algunos criterios de oportunidad como el principio de insignificancia y la pena natural (que permiten la no prosecución de ciertas causas), lo cierto es que, como dice el dicho popular, en las reformas procesales la batuta la tiene el fiscal. Y esas medidas no son las que abundan. Ello es así porque no sólo, como se suele afirmar, es el titular de la acción pública, sino principalmente porque con estas reformas procesales se les otorga a los fiscales un gran poder como órgano político y de definición de políticas penales. Tan es así que es el Fiscal el que puede ordenar la detención y mantener privada de libertad a una persona durante 24 hs en Neuquén y son quienes deciden que casos van a perseguir penalmente y cuáles no, entre otras atribuciones.

En estos meses se ha podido comprobar en nuestra provincia que de lo que ha tratado la reforma, en los hechos, ha sido un claro “expansionismo fiscal”, es decir, un ensanchamiento significativo del Ministerio Público Fiscal. Esto lo podíamos prever cuando el vocero de la reforma fue (y sigue siendo) el Fiscal General José Gerez. Ello lo reafirma el hecho de que en lo que va del año, el Consejo de la Magistratura de Neuquén llamó a concurso para cubrir once cargos de Fiscales del Caso, distribuidos en toda la provincia, siendo la mayor cantidad para la primera circunscripción, que incluye la propia capital neuquina. Sin contar que ya Gerez prometió fiscales itinerantes para las zonas de explotación petrolera.
En el discurso, como pasa a nivel nacional, se legitiman estas reformas aduciendo a que “se va a agilizar el sistema de justicia”, lo que en cierta parte es verdad: el sistema se agiliza contra los pobres y los explotados, no así con los que están arriba en la escala social, y sino miremos en nuestra provincia el ejemplo de la causa Temux.
Cursos, campaña de prensa, página especial con cobertura cotidiana de la actividad de los fiscales, pueden verse en la página especial del Ministerio Fiscal. Todo es mostrado como un triunfo o una nueva apuesta, como si se tratara de una carrera en la que lograr más gente privada de libertad fuera el lema. Sería bueno preguntarse qué hay detrás de tanto anuncio rimbombante, y ojo con creerse la idea de que “con más fiscales se vive mejor”. La realidad indica que eso no es así, pero que al tomar en su discurso la supuesta demanda popular contra la denominada inseguridad, lo que hacen es legitimar un mayor poder punitivo del Estado, ahora por esta vía: con fiscales prestos a ordenar desalojos al pueblo mapuche, acusar a trabajadores y encarcelar a los pobres.
Tantos fiscales y tanta promesa de “justicia rápida” poco hacen en las causas de denuncias de torturas y vejaciones contra la policía que van prescribiendo por el transcurso del tiempo gracias a la inacción de los mismos fiscales. Tampoco los hemos visto preocupados por resolver la acuciante situación que viven las personas privadas de libertad cuyas prisiones preventivas ellos solicitan. Pero si los vimos acordando el sobreseimiento de los policías en la causa Fuentealba II y también acusando al ambulanciero Raúl Baigorria que iba a ir a juicio oral por luchar. Por poner solo un ejemplo, luego de una larga licencia, las dos primeras acciones del Fiscal Di Maggio fue ordenar el desalojo en el Lago Mari Menuco a los compañeros mapuches y presentar el recurso de impugnación contra el sobreseimiento del ambulanciero Baigorria, recientemente sobreseído.

Con sueldos que van desde los treinta mil a los setenta mil pesos (sin contar el del Jefe de los Fiscales que rondaría los noventa mil pesos), parece ser un gran incentivo para sostener una política de persecución a los que luchan.
Expansionismo fiscal contra los de abajo, los mismos a los que no se les respetan los derechos básicos, ni a la vivienda, ni al territorio ancestral, ni al salario digno, ni a la salud, ni a la educación. En la provincia de las petroleras sobran fiscales, pero faltan derechos.







Comentarios

DEJAR COMENTARIO