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Tensa negociación: Bullrich y Lifschitz discuten quién conducirá las fuerzas en Santa Fe

El gobierno nacional y provincial miden fuerzas en una negociación por la llegada de las tropas de Gendarmería a Santa Fe. Disputan quién comanda las “tropas conjuntas” en Rosario.

Jueves 8 de septiembre de 2016 | Edición del día

La semana pasada Miguel Lifschitz evitó hablar de fracaso luego de una reunión con Patricia Bullrich que no resolvió ninguna medida concreta. Ahora se conocieron las verdaderas causas del naufragio de esa reunión: circuló la propuesta, del ministerio de Bullrich, de crear un comando conjunto entre las fuerzas federales y la Policía santafesina bajo el mando de un funcionario designado por el Estado Nacional para llevar adelante los planes de seguridad. En los hechos esto implicaría ceder uno de los principales poderes del Estado provincial a la Nación: el manejo de su propia policía.

Hacia el mediodía el ministro de seguridad provincial, Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno y Reforma de Estado, Pablo Farías, desmentían tales pretensiones y anunciaron que el acuerdo con el gobierno nacional está pronto a sellarse y que de ninguna manera la provincia accedería a tales peticiones. Pero el escenario de tensión era claro ya para todos.

El socialismo se empantanó en un terreno donde el PRO cuenta con más ventajas: recursos y herramientas al poseer los principales resortes del Estado. La movilización en Rosario pidiendo más seguridad aceleró los tiempos del giro hacia una agenda de mayor mano dura de los gobiernos socialistas en Santa Fe y la ciudad. Un desplazamiento que arrastró a casi todo el espectro político de Rosario a encolumnarse detrás la “emergencia de seguridad”. Solo el Frente de Izquierda que encabezan Octavio Crivaro y Virginia Grisolía y la concejala del Frente Social y Popular, Celeste Lepratti, rechazaron el endurecimiento de la agenda represiva.

Frente a un empantanamiento del gobierno en múltiples sentidos y ante la crisis con sus aliados radicales en el Frente Progresista, Miguel Lifschitz se propuso jugar en el terreno y en la agenda del PRO en materia de seguridad. Un salto cualitativo a la derecha que viene acompañado por una intensa campaña mediática que busca crear consenso para una línea que apunta a legitimar medidas para fortalecer el aparato de seguridad del Estado. Los ataques de la Justicia contra las causas de gatillo fácil forman parte de este mismo escenario, que corre a la Policía del eje de todas las responsabilidades en la organización o encubrimiento de la actividad criminal.

Por eso la comitiva del gobierno provincial que negocia con Bullrich, con Pullaro y Lifschitz a la cabeza, no solo pidió mayor presencia de Gendarmería Nacional en Rosario, sino también su asentamiento permanente. Y como si fuera poco, también solicitaron aumentar el número de juzgados y jueces federales y hasta circuló la idea de modificaciones en el sistema procesal. Un esquema de endurecimiento policial y judicial.

El gobierno nacional ataca a Lifschitz en el punto más débil de su gestión: la descomposición policial y su directa vinculación con el narcotráfico. El PRO se aprovecha que tiene las manos libres en este terreno y machaca una y otra vez con la idea. Pero lo hace, claro, no para poner en discusión el rol mafioso de la Policía en la gestión cotidiana del delito provincial, sino para encubrirla y a lo sumo controlarla y complementarla con tropas propias que, si vienen con respaldo nacional, querrán “meter la cuchara” en negocios, hasta ahora, ajenos.

Hoy en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, volvió a señalar a la policía: “El tema de las armas es clave. Hace unas semanas hicimos la mayor destrucción de armas de la historia argentina, en Campana. Diría que casi 25% venían de la provincia de Santa Fe. Eso muestra que se puede trabajar bien. Armas que estaban en el juzgado y comisarías. Las mismas fuerzas de seguridad que retienen el servicio pero quedan ahí. Sabemos que todas esas armas, de las cuales no hay control, circulan en el sistema y se utilizan para el delito. Desde el común hasta el más grave”.

Lo que omite el gobierno nacional es que las policías a cargo del PRO en aquellos distritos donde gobierna como provincia de Buenos Aires no registran comportamientos muy diferentes. María Eugenia Vidal no puede jactarse sobre este asunto cuando las mafias policiales de la bonaerense tienen tanta vinculación con el narcotráfico, la trata y el delito organizado, como la santafesina. El rol de la Policía Metropolitana, lo mismo: las fuerzas represivas PRO no dicen “Cambiemos”.

Pero no solo se trata de una “crisis de seguridad” muy mezclada con especulaciones electorales. Santa Fe y Rosario en particular son escenarios donde las políticas económicas tienen un impacto muy profundo. La crisis de la económica ubica hoy a Gran Rosario como el sector con más alta desocupación en todo el país, con un 11,7%. En ese marco, hay amenazas de 100 mil despidos más y la crisis industrial no deja de agravarse en la provincia, lo permite avizorar un panorama de mayores despidos. A esto se le suma la crisis social y habitacional en la que están sumergidas zonas enteras de Rosario y alrededores. En tal sentido, la presencia de tropas federales y provinciales, más allá de lo coyuntural, tiene un objetivo estratégico: redoblar el control de las calles y el disciplinamiento social. Los mismos que apuestan a un plan que genera necesariamente crisis social, blindan esos objetivos con efectivos para la represión. Hipocresía y mano dura es la agenda.







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