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Red Internacional

Derechos pisoteados.Tierra para vivir: un grito que recorre todo el país

Hace un año, 2.500 familias en Guernica se convirtieron en el símbolo de la lucha por la vivienda. Pasar frío, no dormir y exponer sus hijos a la represión siguen siendo la única opción para garantizarse un pedazo de tierra y un techo. Un panorama nacional de las tomas de tierras, una forma de lucha que no para de crecer.

Celeste Vazquez@celvazquez1

Martes 20 de julio | 21:01
Foto: Matias Baglieto

Jueves 29 de octubre, frío invernal y nervios es lo que se respira en el predio de la localidad bonaerense de Guernica, donde las familias esperan con voluntad de resistencia la llegada de Sergio Berni y 4.000 efectivos de la Bonaerense. No están solos, vecinos solidarios de la zona, jóvenes precarios e integrantes de organizaciones políticas y sociales los acompañan porque saben en carne propia que para tener una vivienda en Argentina hay que luchar.

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Pese a su relato y su discurso, ese día el Gobierno del Frente de Todos mostró su cara y sin fisuras. Sin importar internas, ni distritos, sus funcionarios avalaron la brutal represión contra las familias sin techo para defender los intereses de empresarios inmobiliarios.

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A un año de esa toma, y a 9 meses de la represión, los reclamos por vivienda se multiplican y la ocupación de tierras se extendió como método de lucha. Según los últimos datos del Indec, más de 3 millones de personas habitan en terrenos o viviendas tomadas y más de la mitad de la población vive en hogares que carecen de al menos un servicio básico.

En nombre del “respeto a la propiedad privada” de terrenos que en muchos casos son del propio del Estado (y no los usa) y en otros pertenecen a empresarios que los adquirieron, como mínimo de manera irregular, los gobiernos -nacional y provinciales- optan por responder con represión policial.

Desde La Izquierda Diario, acompañamos desde un principio la lucha de cada una de las familias que se arriesgan porque no les queda otra. Y gracias al extenso trabajo de nuestros corresponsales, armamos este panorama con las principales tomas y experiencias de lucha de miles y miles de familias de todo el país.

Provincia de Buenos Aires

El territorio gobernado por Kicillof es epicentro del problema habitacional. En el Gran La Plata, hay 260 asentamientos, de los cuales 20 se produjeron desde que comenzó la pandemia. Los datos surgen de un relevamiento hecho por la Universidad Católica de La Plata (UCALP), según el cual allí viven 200 mil personas, de las cuales 18 mil son menores de 5 años.

La toma más grande de la provincia es la de Los Hornos. Alrededor de 2 mil familias ocupan, desde febrero del año pasado, un predio de 160 hectáreas del ex Club de Planeadores de Los Hornos que estaba deshabitado desde hace más de 10 años. A los pocos días de la ocupación tuvieron que enfrentar la represión de Kicillof y el intendente platense del PRO, Julio Garro. A pesar del odio gubernamental, las familias siguen resistiendo en la toma.

En la capital bonaerense la política represiva contra las familias sin vivienda es moneda corriente. En el Barrio Aeropuerto, un operativo policial en julio del año pasado desalojo a 80 familias y detuvo a 17 personas. En el barrio de Romero, 70 familias intentaron habitar terrenos en mayo de este año y tuvieron que soportar también la represión y el encarcelamiento. "No puedo darle de comer a mis hijos si pago el alquiler”, fue la cruda confesión de una de las mujeres que formaba parte de la toma.

El 29 de junio, uno de los días mas fríos de este invierno, efectivos de la Bonaerense con patrulleros y una topadora, desalojaron a varias familias e integrantes de un centro cultural que ocupaban unos terrenos pertenecientes a la ex fábrica de cal platense, sobre cuyos dueños pesa una denuncia por crímenes de lesa humanidad y que pertenece a la familia de un funcionario del intendente Garro.

En La Matanza, tierras comandadas por el oficialista Fernando Espinoza, las tomas también son un fenómeno extendido y las familias también deben enfrentar la represión policial para hacer valer sus derechos. "Están quemando las frazadas de los chicos", fue el mensaje que le envió a ese diario una de las mujeres participante de la toma del barrio de Manzanares para que hagamos visible su denuncia.

La experiencia de lucha les dejó una lección a las familias y mujeres: con unión y solidaridad todo es más fácil. Así es que en el barrio Los Ceibos, se puso en pie una comisión de mujeres, no solo con el objetivo de ayudar y mejorar su barrio, sino de ser solidarias con el resto de las familias en su misma situación. En el barrio Nueva Unión de Rafael Castillo, que aglutina a unas 3000 familias, no se quedan atrás. También se organizaron y protagonizaron varias movilizaciones para exigir respuestas a sus problemas habitacionales.

Hay otras 4 tomas más en la zona con las cuales tuvimos contacto desde este medio: Ciudad Evita Reserva, Villa Constructora, El Palmar Laferrere, y el Barrio 17 de septiembre. En total habitan unas 5000 familias.

En el sur del Gran de Buenos Aires, en Lanús precisamente, 100 familias ocupan una zona frente al barrio Acuba en Villa Diamante. Son terrenos en desuso de la empresa que tiene a cargo el saneamiento del riachuelo.

En Lomas de Zamora, 237 famiilias del barrio La Ribera, tuvieron que ver como Gendarmería destruyó con topadoras las casas donde viven hace 5 años. También en Lomas, la bonaerense llevó adelante tres operativos de desalojos en el Barrio Santa Catalina sin exhibir orden judicial alguna y sin mediar ningún tipo de diálogo. “Yo entré al terreno porque tengo dos hijos, soy mamá soltera y estoy alquilando. La mayoría de las chicas están en la misma situación. Había mujeres embarazadas, muchas mamás con chicos y (los policías) empezaron a pegarles”, le contó una de las mujeres a este medio.

Si nos vamos más al sur de la provincia, en Bahía Blanca, 60 familias del barrio La Cantera desde el año pasado ocupan terrenos que estaban abandonados y hoy luchan contra un desalojo porque el sindicato de Comercio reclama las tierras. También las mujeres de la toma de Don Bosco denunciaron hostigamiento para que abandonen los terrenos que ocupan y que pertenecen a la Unión Ferroviaria que los reclama.

La misma burocracia sindical que dejó pasar el ajuste de Macri, que permite que las condiciones de vida de los trabajadores se deterioren cada vez más durante la actual gestión sin hacer nada, es la misma que quiere desalojar a las familias sin techo.

Ciudad de Buenos Aires

En la Villa 31, 100 familias del Barrio “La Containera” resisten una orden de desalojo desde hace días. Hace una semana, las mujeres al frente de la toma denunciaron que la Policía les quitó los colchones. "Esta es la cama de mis hijas" les gritó una vecina en la cara.

En la 31 también, 11 familias con 35 niñas y niños desde hace más de 10 meses ocupan un hotel que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía utilizar para reubicar a personas con problemas habitacionales, pero que sin embargo no se usaba. En febrero de este año, una mujer junto a sus ocho hijos fue brutalmente desalojada también por efectivos policiales y sus hijos violentados.

De norte a sur, familias en pie de lucha

En Jujuy, 300 familias ocupan desde hace un año baldíos y tierras ociosas que se encuentran al noroeste de Libertador Gral. San Martín. Hasta ahora solo tuvieron denuncias, causas judiciales, hostigamiento policial, intento de desalojos y detenciones. Lo único que reclaman son tres hectáreas de Ledesma SAAI y dos hectáreas y media de tierras fiscales.

En Villa Muñecas, provincia de Tucumán, 200 familias fueron desalojadas por la Policía del gobernador peronista, Juan Manzur. En el asentamiento Altos de Belgrano, 142 familias que se encuentran en terrenos estatales luchan también contra amenazas de desalojos por una denuncia realizada por el propio Estado, vía Ferrocarriles Belgrano.

En Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, las tomas se multiplican. Pero también lo que se multiplica es la lucha y la organización en un provincia donde hay tradición y que viene de vibrar al calor de los reclamos de las y los trabajadores de la salud. Acostumbrados a ocupar las calles y las rutas para que sus voces se escuchen, 350 familias de la toma El trebol denunciaron la falta de servicios y las malas condiciones en las que viven. También en el asentamiento asentamiento Casimiro Gómez, desde hace un año, 300 familias no tiene acceso a ni al agua, ni a la luz, ni al gas.

El odio policial es otra vez la respuesta del Estado. En Villa Langostura, 90 familias sufrieron una brutal represión y desalojo por parte de la Policía de Neuquén.

En Río Negro, las familias desalojadas del barrio Costanera reclamaron frente a la municipalidad de Catriel, luego de que un violento represivo policial destrozara sus casas. A estos reclamos hay que sumarle la histórica lucha por recuperar y defender su territorio de las comunidades originarias, como la mapuche.

Santa Fe

En la ciudad de Reconquista, la cuna de los estafadores de Vicentin, cientos de familias cansadas de falsas promesas y la represión exigen vivienda digna en.

No son los únicos, también enfrentaron la represión las familias que vivían en el ex vivero municipal de Capitán Bermúdez, quienes fueron desalojadas.

La lista sigue. Y porque es muy extensa solo te mostramos algunas experiencias. Vas a encontrar acá la cobertura de todas las ocupaciones de tierras a las que llegamos. Y acá la de los desalojos y operativos represivos que las familias enfrentan con valentía y desde este medio denunciamos.

Tierra para vivir: una bandera que no se baja

Las opciones políticas tomadas por el Gobierno tienen consecuencias y son claras. En este caso son las familias sin techo quienes pagan con el deterioro en su calidad de vida, con la represión policial y la persecución judicial la decisión, entre otras, del oficialismo de reducir en más del 10 % el presupuesto original para vivienda, en función de seguir pagando la deuda pública. Una decisión criminal en el marco de una pandemia que sigue causando estragos en amplios sectores de la población y de un déficit habitacional que viene desde hace años.

Las familias agrupadas en la Asamblea Permanente no bajaron los banderas y siguen luchando en reclamo de viviendas dignas y trabajo. Es el camino para conquistar derechos esenciales que los gobiernos pisotean.

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