Mundo Obrero

Abuso patronal

Trabajadoras de Nordelta exigen que les garanticen el transporte para ir a trabajar

El protocolo para las trabajadoras de casas particulares difundido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y por la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares indica que los traslados al lugar de trabajo deben ser en transportes particulares a cargo de los patrones. Sin embargo no hay medidas para regular su cumplimiento y las trabajadoras denuncian que no se aplica.

Miércoles 11 de noviembre de 2020 | Edición del día

Desde que se levantó la cuarentena obligatoria para las trabajadoras domésticas, ellas vienen denunciando que no se garantiza el transporte para ingresar a Nordelta. Son las propias trabajadoras quienes se ven obligadas en muchos casos a pagar un remis porque la mayoría de sus patrones no se hacen cargo y aprovechan la excusa de la pandemia para amenazarlas y dejarlas sin trabajo cuando exigen su derecho. Muchas tienen que caminar largos kilómetros para acceder al country o ir en bicicleta.

En definitiva tienen que resolver de manera individual el transporte ya que el acuerdo del protocolo que aprobó el Sindicato del Servicio Doméstico es tan ambiguo que termina favoreciendo los intereses de los propietarios que viven en palacios y no quieren hacerse cargo de los gastos.

Este acuerdo establece: “Los medios de transporte que deberías preferir para ir y volver del trabajo son: bicicleta, a pie, moto o auto (auto, taxi o remis abonado por el empleador; o, en último caso transporte público, sentada y/o manteniendo las distancias). Evitar el tren en lo posible”. En ningún caso esta situación está siendo controlada por algún organismo municipal o provincial.

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Desde la redacción de La Izquierda Diario de Zona Norte recibimos denuncias de varias trabajadoras quienes aseguran:

"Las patronas se aprovecharon de la pandemia para hacernos trabajar cada vez más, muchas de nosotras tenemos que pagarnos un remis de 200 o 300 pesos para ir a trabajar si ellas no pueden ir a buscarnos"

"Tampoco las combis Mary Go nos están llevando, dicen que ahora hay menos servicios porque los patrones no quieren pagar y nos dejan a nosotras sin poder viajar"

"Queremos una respuesta del municipio y que el sindicato se haga cargo".

Una lucha con larga trayectoria

Recordemos que hace dos años se iniciaba la lucha de las mujeres de Nordelta porque la empresa Mary Go, combis privadas, les restringía el acceso al transporte ya que muchos patrones no aceptaban viajar con las trabajadoras en un claro acto de discriminación.

Ellas se organizaron y desnaturalizaron el maltrato y el ninguneo. La noticia tuvo una repercusión nacional en los medios, desnudando las terribles condiciones opresivas de las mujeres trabajadoras domésticas. Junto al apoyo de otros trabajadores de la zona y de la juventud lograron algo que hizo cuestionar el abuso y las reglas propias de quienes por vivir en un barrio privado intentan imponer sus propias leyes, sin respetar derechos conquistados históricamente. Producto de esta pelea presionaron al municipio de Tigre para que autorizará el acceso del transporte público a Nordelta, es decir que las trabajadoras podían viajar en la línea 723 para ir a trabajar. Con la pandemia se suspendió el servicio.

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Las trabajadoras de casas particulares en el transcurso de la cuarentena solo recibieron más desprecio e indiferencia, más ataques sobre sus condiciones laborales, de parte de los patrones, de parte de su sindicato y también del Estado.

Este rubro está compuesto casi totalmente por mujeres, la mitad de ellas sostén de hogar y suman aproximadamente 1.700.000 trabajadoras en el país. Las cifras de trabajo sin registrar son alarmantes y no tuvo cambios desde hace años: solo el 25% está registrada para acceder a aportes jubilatorios, vacaciones, obra social, etc.

En estos meses de pandemia el panorama empeoró: son miles las que fueron despedidas, suspendidas sin sueldo, obligadas a permanecer en los domicilios con sus patrones, contagiadas, humilladas para entrar a trabajar a los grandes barrios privados y tantos otros abusos.

El estado concedió la IFE pero discriminando a miles por ser inmigrantes o con trabas burocráticas y en el momento que más golpea la crisis anuncian el fin de este ingreso.

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Denuncias y casos como estos se multiplicaron por cientos en la redacción de este medio y en la página de Facebook donde se organizan las empleadas.

Lo que demuestra que con la complicidad del sindicato y del gobierno, este trabajo al que acceden cientos de miles de mujeres pobres sigue estando más cerca de la esclavitud que de un trabajo digno.

Desde Trabajadoras de Casas Particulares por #TrabajoConDerechos plantean que "para terminar con este desprecio que ahora se expresa con la situación que están pasando en Nordelta; pero que también se expresó en la indiferencia de los últimos meses, en la represión a las mujeres de Guernica que también son empleadas de casas particulares y pelean por un pedazo de tierra para sus hijos, es necesario que Estado se ocupe de que se cumpla el protocolo de trabajo en pandemia. Debe destinar todos los medios necesarios para terminar con el trabajo informal que nos arroja a la miseria. Y es necesario también que el sindicato deje de ser garante de los privilegios de nuestros patrones y se ponga a la cabeza de una pelea por las empleadas de Nordelta, por la que están sin registrar y por las miles de todo el país que están cayendo en la indigencia".







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