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Red Internacional

Así lo explican los testimonios que llegaron a este diario, mientras crecen los contagios con la segunda ola de coronavirus.

Jazmín LeviPeriodista. Miembro del CeProDH

Martes 20 de abril | 22:25

Rosario cerró la última jornada con casi 800 nuevos casos de covid y la provincia más de 2000. El sistema de salud se encuentra al borde del colapso con un 91% de las camas ocupadas en el sector público y un 86% en el sector privado. En este marco, los trabajadores "esenciales" continúan ejerciendo tareas sin protocolos, exponiendo sus vidas y soportando la precarización laboral que los obliga a asistir incluso siendo positivos de coronavirus. La impunidad patronal en el reconocido Centro comercial calle San Luis se expresa brutalmente.

"Sabemos que hay comercios donde hubo varios casos positivos y los aislaron, pero no aislaron a los contactos estrechos que siguen atendiendo en los mostradores. A su vez, uno de los bares que venden los almuerzo y desayunos a todos los que trabajamos aca, tiene a tres empleadas trabajando con covid, las hacen venir igual y sino se quedan sin trabajo", contó una trabajadora a este medio.

Es conocida la historia de precarización en este sector comercial y ante una nueva ola de covid llega a su punto de máxima expresión. "En uno de los negocios, aislaron a todos porque dieron positivo y para reemplazarlos contrataron gente nueva. En las entrevistas para tener el empleo les preguntaban si habían tenido covid, les hicieron estudio de anticuerpos y solo los contratan si ya lo habían generado. Quienes están actualmente aislados tendrán que ver luego si generaron anticuerpos, sino los echan para asegurarse que no tengan que volver a pagar 15 días por aislamiento. Somos literalmente descartables", relataron.

Rosario, es la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo en el país según los datos elaborados por el INDEC, en el cuarto trimestre del 2020 la desocupación llegó al 13.6% y el sector más perjudicado son los jóvenes menores de 29 años que representan el 28% de los desocupados, según el último estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento. El empleo asalariado formal cayó un 5.2% anual, mientras el informal descendió un 30%. En el marco de estas cifras, quienes aún mantienen sus fuentes de trabajo, tienen que hacerlo incluso bajo las amenazas de despido de patrones y jefes.

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"El año pasado cuando fue el pico de covid echaron a muchos que trabajaban en negro, a otros los suspendieron con reducción salarial, en nuestro caso tardamos dos meses en cobrar los sueldos adeudados, la pasamos realmente muy mal. Algunas somos madres y no teníamos para darle de comer a nuestros hijos, íbamos a las ollas populares, los que estaban en negro cobraban el IFE, los demás no. Este año ni siquiera hay IFE, no podemos arriesgarnos a esta situación, entonces si nos dicen que vengamos lo hacemos igual sabiendo que hay una circulación re grande del virus", relató una trabajadora alarmada por la situación.

El Sindicato de Comercio en este marco, no ha tomado acciones que sirvan para respaldar a los trabajadores en aquellos negocios y bares en los cuales no se respetan los protocolos. Dicho sindicato ha estado paralizado frente al duro ataque que este sector ha sufrido durante todo el año, con cientos de despidos y con un histórico trabajo informal.

Los trabajadores del rubro cuentan que se sienten completamente expuestos, desde el momento en que suben al colectivo para llegar a sus empleos con móviles colapsados, hasta estando en el mostrador donde la mayoría de los comercios superan la capacidad de gente permitida, donde no se aíslan a los contactos estrechos y la única protección que tienen es un barbijo y alcohol. "Lo peor es que después nos echan la culpa de que el covid crece porque nos juntamos con amigos, pero la realidad es que nos contagiamos trabajando, atendiendo gente todos los días. ¿Van a esperar que alguno se muera para tomar medidas?".

Mientras tanto, el intendente Pablo Javkin anunció en medios locales que la situación obliga a pensar en "restringir la movilidad". Anticipó nuevas restricciones tras la reunión que tendrá este miércoles con el gobernador Omar Perotti, pero opinó que la presencialidad escolar será "lo último" en modificarse. La gran incógnita de quienes viven de un salario es qué pasará con ellos, qué garantías tienen para sobrevivir ante la crisis sanitaria y económica. Para ellos la única respuesta del Estado son medidas represivas que se incrementan en las barriadas populares donde vive la juventud trabajadora que son las principales víctimas de gatillo fácil. Como plantea el proyecto presentado en el Congreso por Nicolás del Caño resulta urgente declarar de utilidad pública al laboratorio mAbxience de Hugo Sigman, al servicio de un plan de vacunación a nivel nacional y latinoamericano, unificar el sistema de salud público y privado y lanzar urgentemente un IFE actualizado de 40 mil pesos, lo cual sería posible con un impuesto a las grandes fortunas.

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