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CONCEJO DELIBERANTE.Una ordenanza para perseguir a los ambulantes en San Salvador de Jujuy

El radicalismo con concejales del PJ, aprobará una Ordenanza que le dará un respaldo legal a las arbitrariedades, discriminación y persecución del municipio contra los vendedores ambulantes. Desde el PTS-FIT rechazamos y denunciamos esta normativa.

Guillermo AlemánConcejal del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy

Jueves 17 de diciembre de 2020 | 08:54

La Ordenanza 6884/2016 regulaba la venta en la vía pública, sin embargo, la misma fue ampliamente cuestionada por los vendedores ambulantes e incluso denunciada penalmente al estipular impuestos confiscatorios, legalizar el decomiso de mercadería: violando los derechos y garantías constitucionales para poder trabajar, así también el derecho a la defensa y el “debido proceso legal”.

Ante este cuestionamiento y denuncias, el oficialismo con ayuda de concejales del PJ, avanzó en un nuevo proyecto manteniendo lo esencial de la Ordenanza 6884/2016.

¿En qué consiste la nueva Ordenanza?

Esta nueva Ordenanza pretende reglamentar todo el espacio público de la ciudad, corredores barriales, ferias, veredas y calles. En esta, toda persona que busque realizar una actividad comercial en la vía pública deberá contar con la expresa autorización de la Municipalidad que le asignaría lugares y horarios determinados por la misma.

Una de las primeras disposiciones plantea que no puede haber venta ambulante y ni de ningún tipo en el centro, en su casco histórico. Esto va en sintonía con la intención del Intendente de hacer de Jujuy un lugar turístico, para esto es necesario esconder la pobreza y el “mal aspecto” que darían los vendedores ambulantes a los turistas para el Intendente. Por el contrario, solo los bares, restaurantes o confiterías donde asisten los sectores más adinerados de la ciudad podrán tener la autorización de colocar mesas y sillas, prohibiendo expresamente que los vendedores ambulantes ocupar estos lugares. Por si fuera poco, en el artículo 22°, inciso l, es obligación para los ambulantes disponer de folletería sobre turismo y hotelería, es decir, ser promotores no pagos de las empresas de hoteles y de turismo, con pena de que le quiten el permiso sino lo hacen.

Solo se habilitaría a personas que tengan mínimo cinco años de residencia en la ciudad, una disposición discriminatoria, teniendo en cuenta que San Salvador de Jujuy es la capital de la provincia y por donde se mueven miles de personas todos los días, tanto del interior de la provincia, como de otros lugares del país, ni hablar en una provincia que es limítrofe cómo Jujuy.

Para obtener un permiso, no se debe tener otro medio de subsistencia en el grupo familiar, salvo que sean jubilados, personas con discapacitado, beneficiarios de programas sociales, o mujeres en situación de riesgo. Esto desconoce la realidad de desocupación, precarización laboral, pobreza y salarios magros generalizados en la provincia, donde el aumento salarial para los estatales propuesto por el gobierno es de solo un 10%.

Se pretende determinar por Ordenanza el “respeto” por las autoridades, en este sentido “la falta de respeto”, podría ser motivo de cancelación del permiso. Esta arbitrariedad, les da un poder a los funcionarios del municipio para perseguir a aquellos vendedores que cuestionen al municipio.

Se les prohíbe poder usar bancos de plazas o canteros, está prohibido sentarse para los ambulantes. También se les prohíbe poner sombrillas o algún objeto que “entorpezca la visibilidad” (artículo 22°, inciso i) el municipio desearía que los vendedores ambulantes directamente sean invisibles. Por otro lado, el municipio quiere que los ambulantes que trabajan bajo el sol, sean expuestos los elementos del clima, la lluvia, el frio, el viento sin protección.

También en el artículo N°48, inciso b, podría ser causa de caducidad de los permisos “razones estéticas”, o también “petición de propietarios frentistas o vecinos”, exponiendo a los vendedores ambulantes a cualquier arbitrariedad.

Puede ser causa de caducidad de permiso el no participar en programas de capacitación en: “…atención al turismo, temática de género, cooperativismo, y asociativismo, derechos del consumidor, manejo de alimentos, empredurismo…”, etc. (Artículo 13°, inciso d). Ni a los funcionarios se le piden obligatoriamente a riesgo de perder su fuente de ingresos, todas estas capacitaciones.

En el artículo 22°, inciso f, está prohibido que los vendedores realicen “propaganda de carácter comercial, social, religioso o político”, el municipio no tan solo los quiere a los ambulantes invisibles, sino también en silencio.

Para tener parada fija, tiene el vendedor que conseguir nota del frentista prestando conformidad (Artículo 29°, inciso c), de esta manera se les da atribuciones a particulares que no le corresponde sobre la vía pública.

Por último, estarían obligados en el artículo 36° al respeto a la autoridad y disposiciones de control, solo se daría permiso en este sentido a los ambulantes que sean obedientes, acríticos, mudos e invisibles.

El artículo 43° dispone que, si pasan quince días sin actividad, se les retirará el permiso, es decir, que los vendedores de la vía publica, no tienen derecho a enfermarse, a tener vacaciones o poder viajar si lo necesitan.

En el artículo 44° la Dirección de Control de Espacios Públicos, será la autoridad de aplicación. Esta misma dirección, denunciaron los vendedores ambulantes es la que los saca de sus lugares habituales, para poner a “amigos” de los funcionarios en los mismo, una denuncia que no fue desmentida por el oficialismo.

Por si no fuera poco estas disposiciones arbitrarias y persecutorias, en el artículo 51°, se establece impuestos mensuales a los vendedores que van desde $400 para lustradores de zapatos en parques, plazas y paseos, hasta $8.437,50 para vendedores de ropa en el casco céntrico (fuera del casco histórico). En comparación los “food trucks” que contratan trabajadores, solo pagarían $5.850 y no tendrían restricciones de zona.

Finalmente, ante la falta a cualquiera de estas disposiciones arbitrarias, en el artículo 41° y 42°, se estable el decomiso de la mercadería, la inhabilitación temporaria o permanente y la disposición de multas que irían del 50 al 100% de las mercaderías secuestrada.

La situación social en Jujuy, algo que se le escapa al oficialismo

Algo que el municipio no nombra en ninguna parte, ni el oficialismo en el concejo y los concejales del PJ que avalan esta ordenanza es la pobreza, la precarización laboral y los bajos salarios bajos generalizados en Jujuy. La falta de acceso a un trabajo formal y la pobreza es la que empuja a miles en la provincia a dedicarse al comercio en la vía pública para poder subsistir.

En Jujuy, según los últimos informes del INDEC una familia tipo de cinco integrantes debió tener $50.388,60 para no ser pobre durante el mes de noviembre. La canasta básica aumentó más de 4.000 pesos respecto al mes anterior. Esa misma familia jujeña requirió $23.207,51 para evitar ser catalogada como indigente. Con los cánones que dispone el municipio, un vendedor debería trabajar para el municipio la mitad del mes.

La crisis social profundizada con la pandemia, que evito que los vendedores ambulantes pudieran trabajar por seis meses, y los dejo en una situación muy comprometida, tiene sin cuidado al municipio. Como reclaman los trabajadores ambulantes, la venta disminuyo considerablemente.

Por otro lado, el argumento de la competencia desleal, esgrimida por radicales y empresarios es un mito. ¿Cuántos son los ingresos de un negocio en el centro y cuantos son los ingresos de una vendedora de sándwiches, ajos o medias? En el mejor de los casos un vendedor ambulante podría llegar a tener los ingresos de un trabajador promedio.

La realidad es que los vendedores ambulantes son un sector de la clase trabajadora, que no tiene acceso al trabajo formal y la mayoría de las veces ni siquiera a la ayuda social del estado, como dejo al descubierto la situación de la pandemia y el cobro del IFE.

Por otro lado, los patrones de comercio, tal como lo denunció el sindicato de trabajadores de comercio, incumplen constantemente con sus trabajadores, el trabajo en negro abunda, no se respeta las horas extras, ni se cumplieron con los protocolos de prevención del covid-19 durante la cuarentena estricta, entre otras cosas.

En los últimos informes la pobreza en Jujuy llega a un 37,8% en la provincia, cifra que supera el nivel nacional de 35,5%. El 52% de los asalariados trabaja en negro y hay al menos 43.000 cuentapropistas no registrados que viven del día a día.

Lejos de entender esta realidad, el municipio opta por tratar de esconder la pobreza y a los vendedores de los ojos del turismo y tratar de garantizar hasta el último centavo para los patrones que se dedican a este mercado.

Basta de persecución a los trabajadores ambulantes, por el derecho al trabajo

Desde el PTS en el Frente de Izquierda damos cuenta de esta situación y denunciamos esta Ordenanza que el radicalismo en alianza con concejales del PJ que busca discriminar, esconder, aplicar impuestos confiscatorios y perseguir con métodos arbitrarios a los vendedores ambulantes.

Defendemos el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. Hace falta medidas de fondo para acabar con la precarización laboral y de la vida que se impone a miles en la Jujuy capitalista en la que el bipartidismo solo garantiza en garantizar las ganancias de unos pocos. Es necesario el reparto de las horas de trabajo, y un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores, para generar miles de puestos de trabajo, para esto hay que dejar de pagarle al FMI, y cobrarle impuestos progresivos reales a las grandes fortunas, que la plata vaya para las necesidades sociales del pueblo trabajador.




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