Sociedad

TUCUMÁN

Vecinos del Manantial movilizaron a Casa de Gobierno contra orden de desalojo

Luego de cortar la ruta 301 durante 3 días, hoy se movilizaron desde la Defensoría del Pueblo hasta Casa de Gobierno para repudiar la orden de desalojo que finalmente quedó en suspenso. Denuncian un entramado de corrupción para construir un barrio privado.

Juan Lobo

@CanisLupus1917

Jueves 3 de diciembre de 2020 | 18:30

Son más de 180 las familias bajo amenaza de perderlo todo ante una amenaza de desalojo que pesa sobre el barrio “El Mollar”, en la localidad El Manantial, al sur de San Miguel de Tucumán. Los vecinos denuncian que fueron estafados, que compraron los terrenos de buena fe, construyeron con inmenso sacrificio sus casas (la mayoría de material) y ahora -luego de 5 años- “apareció” un heredero de los dueños que fue beneficiado por un fallo judicial que tiene agujeros por todos lados.

Los vecinos también denuncian la hostilidad del delegado comunal (Juan Carlos Bernard), que ha cortado el acceso al agua potable y un entramado de corrupción que incluiría la construcción de un emprendimiento inmobiliario que incluso ya tiene nombre: “Las Cañaditas 3”. En la zona vienen avanzando, año tras año, proyectos inmobiliarios de barrios privados y countries. De las necesarias viviendas y barrios populares para paliar el inmenso déficit habitacional que padece la provincia, ni hablar.

Los voceros de los vecinos fueron recibidos en Defensoría del Pueblo y en Casa de Gobierno, donde al menos lograron que se confirme la suspensión del desalojo que tenía fecha para este viernes. Las familias están viviendo momentos de gran tensión, el riesgo de perderlo todo, prueba de ello eran las lágrimas de las mujeres con sus hijos en brazos que no podían creer que el supuesto dueño mantenga firme la intención de desalojarlos y destruir sus viviendas.

El supuesto heredero de esas tierras -hoy un barrio consolidado- fue bendecido por un fallo que le dio la simple tenencia mediante procedimientos irregulares, dado que el juez de Paz, Juan Luis Guerra (denunciado por corrupción), realizó la inspección que exige la ley 4815 y no dio fe de las casi 200 familias que viven en el terreno en litigio, con casas de material y mas de 200 niños. Esta maniobra fue convalidada por la Justicia para poder sacar de en medio a las familias del barrio El Mollar y dar vía libre a un nuevo negociado en desmedro de su derecho constitucional a una vivienda digna.

Para este viernes está prevista una nueva audiencia en Casa de Gobierno, desde donde han solicitado a las familias poner fin a cualquier medida de fuerza. Pero fue gracias a los cortes de ruta y las movilizaciones que las familias han logrado la intermediación de la defensoría y la suspensión temporaria del desalojo.

Las tomas de tierra y las ordenes de desalojo contra vecinos ya asentados se extienden a lo largo de todo el país. En Tucumán las 142 familias del asentamiento Altos de Belgrano también tienen una orden de desalojo en suspenso. La coordinación de estas luchas sería un importante punto de apoyo para fortalecer la pelea por vivienda digna.







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