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23 de junio de 2020 Twitter Faceboock

REGIMEN POLICIACO
Coronavirus: sin invertir en salud, Morales insiste en vigilar y castigar
Verónica Valdez | @valveritos

El rebrote de covid y la vuelta a fase 1 han abierto una crisis política para el gobierno provincial, que tenía como punto de apoyo una supuesta gestión exitosa de la pandemia, mientras crecía el descontento por la crisis económica. Sin respuestas a la crisis social, económica y sanitaria, el gobernador insiste en medidas punitivas.

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“Si tuviéramos el SIMMOV, esto no pasaba”, palabras más, palabras menos, fue el primer intento de “explicación” de Gerardo Morales ante el rebrote, después de más de 60 días, de casos de covid-19 y la vuelta a fase 1 de la cuarentena, primero en Gran Jujuy y luego en toda la Provincia.

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El Sistema de Monitoreo Móvil (SIMMOV) es una aplicación creada por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para monitorear la circulación de las personas a través del scaneo de los DNI.

Bajo el argumento de que, en caso de contraer covid, los datos almacenados por esta app permitirían rastrear los contactos de la persona infectada, el Ejecutivo a través del COE pretendió imponer la aplicación compulsiva y obligatoria del monitoreo a todas las personas, a través de las fuerzas de seguridad, personal civil designado por el COE e incluso trabajadoras y trabajadores de comercios, vulnerando los derechos, garantías y normativas vigentes.

Por ello, la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, María Eugenia Bernal, hizo lugar a la presentación del diputado Emanuel Palmieri, a través de una cautelar que suspende “preventivamente el uso de esta aplicación en toda la provincia, la recolección impulsiva de datos de cualquier ciudadano mediante la utilización del escaneo de DNI, la utilización de aplicaciones o cualquier otro mecanismo de control, sin perjuicio de la obligación de exhibir la documentación (...) a los fines de corroborar el cumplimiento” de las medidas de aislamiento social en el marco de la pandemia, como los establecidos por la Ley 6.168.

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Ante la evidencia del fracaso de su política sanitaria, el gobernador opta por fortalecer su único plan: demagogia punitiva, descargando la responsabilidad en los individuos para eludir sus propias responsabilidades en una gestión sin GPS de la pandemia.

SIMMOV: Sistema (ilegal) de monitoreo móvil

Así vimos cómo en la noche del martes 16 de junio, ante la confirmación de un nuevo caso de covid a un efectivo de la Policía provincial que cumplió funciones desplazándose por varias localidades, acompañando incluso a la comitiva oficial del Gobernador en sus viajes al norte provincial, sin ser testado, y habiendo estado en contacto estrecho con decenas de personas, Gerardo Morales tratando de evitar asumir la responsabilidad que le cabe en la desastrosa gestión sanitaria, que empieza por la falta de testeos periódicos al personal más expuesto, buscó responsabilizar de la situación a la falta de la herramienta de recolección compulsiva de datos.

Contra toda evidencia, el gobernador arguyó que la aplicación SIMMOV está habilitada por la Ley 6.168, e instó a la jueza Bernal a levantar la cautelar que suspende su utilización compulsiva y sólo la habilita con el consentimiento expreso, libre e informado de las personas. Dicha Ley, aprobada en la Legislatura en el marco de la flexibilización de la cuarentena, establecía la circulación en función de la terminación, par o impar, del DNI de las personas, pero nada dice respecto de el escaneo compulsivo de datos personales.

Rechazamos esta aplicación por entender que no reviste estándares mínimos en materia de protección de derechos tanto constitucionales como convencionales

Así lo explica Malka Manester, abogada integrante de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), “entendemos que la Ley provincial 6.168 que ratifica el decreto-acuerdo, nada tiene que ver, o sea, no especifica el uso de esta aplicación”, y agrega que “desde Andhes hemos realizado distintos pedidos de información pública, y recomendaciones al COE, sobre el uso de la aplicación SIMMOV”.

“Como organismos de Derechos Humanos salimos a denunciar la implementación de la aplicación SIMMOV”, asegura Oscar Alfaro, ex detenido-desaparecido de la noche del apagón de Ledesma y miembro de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, así como también han denunciado “la intención del gobernador de marcar las casas de los contagiados, por tratarse de medidas que avasallan los derechos humanos más elementales de la población”.

La abogada Maia Hirsch, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CePorDH) y militante del PTS-Frente de Izquierda, resalta que “aunque le pese mucho al Gobernador de la provincia, que intenta hacer del Ejecutivo el único poder, hay un fallo que determinó que no era aplicable” la app de monitoreo de datos, “justamente porque habían otros métodos para el control de la circulación de las personas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio”. E insiste “la Ley 6.168 no hace alusión a este sistema de monitoreo, sino que fue una derivación forzada que hizo el Gobernador y que aplica a través del COE, dando facultades -aún mayores- a las fuerzas represivas y a los funcionarios que dispone el propio COE”.

En el mismo sentido, Sofía Brailovsky, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Jujuy e integrante del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y Géneros de la UNJu, rechaza “la utilización de la app SIMMOV”. Y ante las declaraciones de Morales instando a la jueza Bernal a levantar la suspensión de la misma, asegura “el gobernador debe respetar la independencia de poderes y la decisión de la jueza”.

Apuntan a un mayor control y disciplinamiento en Jujuy que, como denunciamos hace tiempo desde el CeProDH y el FIT, tiene altísimos niveles de represión, persecución y violación de derechos y garantías

La presidenta de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Inés Peña, también asegura que el uso de esta aplicación “es ilegal” ya que vulnera “el Articulo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por Naciones Unidas, que establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano”, así como “el Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea general de las Naciones Unidas”, entre otras normativas.

Maia Hirsch explica también que “existen normativas en Argentina que establecen la protección de los datos personales, que vienen de larga data”. Y desarrolla “con la reforma en 1994 de la Constitución Nacional se preveía la existencia de una figura como el habeas data que habilita una instancia para que las personas puedan tener conocimiento sobre sus propios datos personales, la finalidad con la que se utilizan, tanto para registros o bancos de datos públicos o privados, que no pueden ser negados a las personas. Entonces el tema de la recolección, el procesamiento, la utilización y la confidencialidad de los datos, son todos derechos y principios que están siendo vulnerados en la Provincia en este momento”.

Desde ANDHES “hemos pedido informes”, comenta Malka Manester, “pidiéndoles que nos expliquen el funcionamiento, cuáles son las condiciones técnicas de integridad y seguridad que reúne la aplicación, a fin de que se garantice la protección de los datos personales, conforme a la norma vigente”. También han solicitado que se especifique quiénes son los “agentes autorizados por el COE y el Ministerio de Seguridad para la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos mediante la aplicación SIMMOV” y cuál es la finalidad del almacenamiento de datos.

Desde el organismo también solicitaron que se detalle “de qué manera se cumplen los principios de información, el principio de consentimiento expreso, libre e informado, que son principios básicos que requiere la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales” y qué pasaría en caso de que una persona se niegue al escaneo de datos, asegura Manester.

Ninguno de estos pedidos ha recibido respuesta por parte del gobierno provincial y el COE, razón por la cual la postura de ANDHES “es bien clara” y “rechazamos esta aplicación por entender que no reviste estándares mínimos en materia de protección de derechos tanto constitucionales como convencionales”, concluye la abogada.

Del mismo modo, Maia Hirsch asegura que la utilización compulsiva del SIMMOV vulnera “el consentimiento libre e informado de las personas”. En ese sentido, desde la izquierda sostienen que este sistema de monitoreo implica “la violación de derechos constitucionales, a la intimidad, a la privacidad”.

La abogada resalta también, que si bien estas medidas “se imponen en el marco de la pandemia, apuntan a un mayor control y disciplinamiento en Jujuy que, como denunciamos hace tiempo desde el CeProDH y el FIT, tiene altísimos niveles de represión, persecución y violación de derechos y garantías constitucionales, así como también ha sido denunciado internacionalmente”.

Demagogia punitiva o el viejo truco de construir un chivo expiatorio

Pero el intento de utilización del sistema de monitoreo de datos, frustrado por suspensión judicial, no ha sido ni la única, ni la primera, ni la última medida de atropello de derechos y garantías. En la provincia donde desde la llegada de la coalición Cambia Jujuy al poder se ha erigido un régimen policíaco, basado en la represión, persecución y criminalización sistemática de la protesta y la oposición política, sindical y social, donde la dirigente social Milagro Sala continúa presa ilegalmente, la pandemia del covid-19 ha sido una nueva oportunidad para Gerardo Morales de fortalecer los mecanismos punitivos del Estado.

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El gasto destinado a afrontar el covid-19 alcanza apenas un irrisorio 3,4 % del presupuesto total previsto para Salud en este año. Esto deriva en que, tres meses después del inicio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, el sistema de salud de la provincia cuenta con sólo 50 camas de terapia intensiva, y apenas 25 respiradores, las trabajadoras y trabajadores de la salud no cuentan con el equipo de protección personal ni los recursos e insumos necesarios, los “hospitales de campaña” son verdaderas puestas en escena de carpas o estructuras vacías, o con camas sin equipamiento y ni siquiera calefacción.

Mientras, Morales no ha ahorrado en demagogia punitiva. Desde el linchamiento mediático, a través de sus conferencias de prensa cotidianas, de un trabajador camionero -lamentablemente fallecido- que luego de dar negativo en el testeo rápido aplicado al ingresar a la provincia, desarrolló síntomas y resultó positivo al covid, pasando por la -nada original- idea de marcar con fajas las casas de personas que contrajeran el virus o fueran casos sospechosos, la aplicación de cuantiosas multas (que van desde los 40mil a 340mil pesos), causas contravencionales y cárcel.

No ha faltado tampoco el siempre útil recurso de alentar la xenofobia con el hermano pueblo de Bolivia.

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La implementación de un sin fin de medidas arbitrarias como la imposición de guardar cuarentena en hoteles, a cargo de las personas por decenas de miles de pesos, y la imposición del aislamiento en lugares deplorables y en condiciones de hacinamiento para quienes no pudieran pagar los hoteles. El cobro del test PCR a trabajadoras y trabajadores esenciales como camioneros, mineros y golondrinas, vulnerando el derecho a la salud.

Todas medidas espectaculares que persiguen un único fin, ocultar la crítica situación del sistema de salud, producto de años de desfinanciamiento y ajuste, descargando toda la responsabilidad en las y los individuos, que son estigmatizados como chivos expiatorios.

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En Jujuy “veo campañas represivas, un gobernador amenazante, en vez de campañas de educación y autocuidado”, asegura Sofía Brailovsky. Quien agrega que “con respecto al manejo de información, violan sistemáticamente la privacidad de las usuarias y usuarios de salud”.

Así lo vimos en la conferencia de prensa del COE el martes 16, donde el Ministro de Salud exhibió fotografías tomadas en la vía pública de personas circulando sin barbijo. A partir de lo cual, el Gobernador, instó a su Ministro de Seguridad a “vigilar las redes sociales” para imponer multas y causas a las personas a partir de sus fotografías.

Sobre esto, Malka Manester, también denunció que “es muy grave que se exponga cualquier imagen, de cualquier ciudadana o ciudadano, sin su consentimiento”. Y agregó que “habría que averiguar de dónde han salido esas imágenes, porque es muy probable que hayan sido recolectadas, tomadas, por la policía. Estas prácticas, la práctica de que la policía filme o tome fotos, está siendo muy frecuente aquí en la provincia de Jujuy”.

La abogada de ANDHES señala también que, si bien en el contexto de la pandemia “las personas tenemos que cumplir ciertos recaudos, como el uso de barbijos, el distanciamiento social, que no lo hagamos no significa que el Estado pueda vulnerar nuestros derechos”.

Por su parte, Maia Hirsch, asegura que “la gravedad se acentúa porque es el propio Estado el que lo está haciendo, y eso conlleva una responsabilidad, tanto nacional como internacional”. La abogada asegura también que “en general esas fotografías son obtenidas con métodos ilegales, por ejemplo, a través de la policía de la provincia”.

“Eso también lo hemos denunciado, tanto desde el Ceprodh como desde el FIT”, continúa Hirsch, “porque hemos visto la utilización de un método que se intenta legalizar, como es a través del Código Contravencional, y con eso luego arman causas como la que nosotros estamos en este momento atravesando, que es la persecución a organizaciones políticas, sociales y sindicales, y a nuestro compañero Gastón Remy que, justamente, aparece en las fotografías de esa manera ilegal, y se intenta utilizar como métodos de prueba válidos cuando no lo son y son completamente nulos”.

Sin respuestas a la crisis social, económica y sanitaria, Gerardo Morales insiste en las medidas punitivas, esta vez abriendo causas penales sobre policías con covid-19; o el recurso de la xenofobia, acusando a una “cholita” que pasa de Villazon a La Quiaca a vender hojas de coca.

Un juego peligroso cuando el rebrote de casos de covid ha abierto una crisis política para el gobierno provincial, que tenía como punto de apoyo una supuesta gestión exitosa de la pandemia, mientras el descontento por el deterioro de la economía y las condiciones de vida se hacía sentir con ruidazos y movilizaciones de las y los trabajadores de la salud, la docencia, vendedoras y vendedores ambulantes, y la juventud precaria.

La vuelta a fase 1, y sin GPS, profundiza la crisis económica que ya ha llevado a 23 mil el número de personas desempleadas en la provincia solo hasta marzo, mientras miles y miles sufren rebajas salariales o se quedan sin el sustento diario en el caso de las y los trabajadores informales que viven al día.

Enfrentar el punitivismo de Morales tiene que ser parte de preparar una salida a la crisis, en beneficio de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud.

 
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