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La Izquierda Diario
18 de septiembre de 2020 Twitter Faceboock

POLÍTICA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El informe de la ONU sobre DDHH, el Gobierno de Maduro y la oposición
Milton D’León | Caracas @MiltonDLeon

Una “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” de la ONU ha difundido un informe sobre los derechos humanos en Venezuela. Según se indica son los resultados de una investigación, como mandato del Consejo de Derechos Humanos y en el mismo se detallan lo que llaman crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Maduro. Que en Venezuela se violen gravemente derechos humanos es más que conocido, como es una obviedad el Gobierno lo rechaza y la oposición lo festeja. ¿Usos políticos de este informe?

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Se trata de un extenso reporte de más de 443 páginas. En el informe se indica que “la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. Además se indica que “El 2 de diciembre de 2019, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox de Chile como miembros de la misión de determinación de los hechos”.

La creación de esta “Misión” fue a propuesta de los países del llamado Grupo de Lima, quienes presentaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019 un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que piden “la creación de una comisión que investigue las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en este país desde enero de 2014”. En ese entonces fueron nueve de los once países que forman el Grupo (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú), además de Guyana, que formalizaron tal proyecto de resolución.

De esta manera, a sabiendas que ya existía la actuación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que actualmente tiene al frente a la ex presidenta chilena Michelle Bachellet y viene realizando diversos informes al respecto sobre Venezuela , el Grupo de Lima buscó ser más agresivo para implicar probables medidas internacionales. Por ello propuso la creación de otro organismo ad hoc. ¿Diferencias sobre cómo tratar la cuestión de derechos humanos en Venezuela o diferencias sobre otra índole? Más allá de la argumentación de que el mandato del Consejo de Derechos Humanos sea específico en lo referido a derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la integridad personal y a la circulación, y no a los otros derechos humanos.

De allí que hay una diferencia en los informes con respecto al de la ACNUDH, y es que en el del caso del Consejo de la ONU se habla de crímenes de lesa humanidad, lo que abre la puerta, tal como propone el propio informe al final del mismo, a que “Los Estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe, de conformidad con su legislación interna pertinente”, y a que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y a los que están bajo su consideración.”

De allí que el Gobierno de Maduro no ha tardado en desconocer el Informe, cosa que ya es común sobre cualquier tipo de informe sobre Venezuela que no sea de su conveniencia. Vía Twitter, Jorge Arreaza, que funge como canciller, declaraba que “Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington". Por eso también la oposición de derecha, como era de esperarse, ha salido a festejar el informe de la ONU, sobre todo figuras como María Corina Machado y Juan Guaidó.

La cancillería brasileña, en nota de prensa salió a resaltar la confianza del Gobierno de Jair Bolsonaro en que el informe “movilice a toda la comunidad internacional para trabajar por la extinción del régimen de Maduro y la liberación de Venezuela”. El ministro de exteriores Ernesto Araújo declaraba que “El mundo precisa unirse para dar fin a este régimen atroz, comenzando por rechazar la farsa de las ‘elecciones’ convocadas por Maduro”.

¿Se trata de un interés real por la situación de los derechos humanos en el país, o es más bien para hacer usos políticos aprovechándose de esta grave realidad en Venezuela? La situación de los derechos humanos no puede taparse con un dedo en el país. En Venezuela hay violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Maduro y los órganos de represión del Estado. Y muchos de los casos que menciona el Informe son más que conocidos, ya sea porque se trate de individuos de mucha visibilidad nacional o de relatorías generales sobre situaciones llevadas a cabo por las fuerzas represivas del Estado. Se destacan esencialmente casos emblemáticos de personalidades de la oposición política de la derecha del país, incluyendo detenidos en acciones de golpe de Estado.

Los trabajadores, sectores, populares, campesinos y mujeres son los más grandes interesados en denunciar la violación de los derechos humanos y el esclarecimiento de toda esta situación en el país, pues el hecho de que esta situación pase como “normal” no hace más que fortalecer a las fuerzas represivas del Estado, violando las más mínimas garantías, que caen con más peso sobre la clase trabajadora. Son ellos los que deben ajustar cuentas con el régimen represivo de Maduro, incluyendo los crímenes por derechos humanos. Pero que justamente gobiernos como el de Jair Bolsonaro, que ha justificado recientemente los crímenes de la dictadura militar en Brasil, tenga algún interés realmente en los derechos humanos en Venezuela, es una muestra clara de la hipocresía e instrumentalización del asunto, como explicamos más abajo sobre los usos políticos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU de acuerdo al Informe, “pidió a la Misión de determinación de los hechos que presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período de sesiones, en septiembre de 2020”. El informe establece que se “investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como casos analizados en detalle”, y además que realizaron unas 274 entrevistas a víctimas, familiares, funcionarios públicos y otros actores.

Grandes ausentes en el Informe de la “Misión Independiente de la ONU”

Lo que parece raro del Informe es que no se nombre la cantidad de casos de dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, de los sectores populares, que son encarcelados si el más elemental derecho, asesinados. Por eso la ausencia de trabajadores y trabajadoras que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos más elementales. Basta mencionar el caso más emblemático actualmente de la clase trabajadora venezolana, Rodney Álvarez, así como muchos otras y otros trabajadores detenidos, campesinos y de los sectores populares, muchas víctimas de las fuerzas del Estado.

Llama sumamente la atención que en el Informe se tiene entre los principales testimonios y denunciantes a un ex militar responsable de las mismas vejaciones, y en el mismo, por tanto, se excluye de la lista a violadores de derechos humanos en el país a quienes han sido integrantes de las fuerzas represión del Estado pero que se han pasado a la oposición recientemente. Es notorio el caso del General Christopher Figuera.

En el informe se especifica con gran destaque en la página cuatro que “La Misión habló con el ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el General Christopher Figuera. La Misión es consciente de su papel reconocido en el intento de golpe de Estado de abril de 2019 y de su intención expresa de implicar al Presidente Maduro en la perpetración de graves delitos” e indica centralmente que “La Misión se ha basado en parte de la información proporcionada por el Sr. Figuera, citada a lo largo del presente informe…”. Seguramente el General Figuera, como alto miembro responsalbe de cuerpos represivos, siendo parte de la temida Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y del siniestro SEBIN, debe haber proporcionado mucha información al haber estado al frente de éstos órganos de violación de derechos humanos.

Figuera estuvo al frente del SEBIN entre octubre de 2018 a abril de 2019 nombrado por el propio Maduro, y antes fue parte de la contrainteligencia militar (DGCIM). La pregunta es, tratándose de un informe que relata casos desde el 2014, ¿por qué no se incluye al General Figuera en la lista de individuos que violaron los derechos humanos en el país? Figuera actualmente se encuentra en Estados Unidos, luego del fracasado golpe de Estado del 30 de abril, en total libertad sin ser sometido a ningún juicio y bajo la protección de Washington. Figuera no declara ante tal Misión de la ONU estando en custodia alguna, o como un acusado en el banquillo dando testimonio; no, lo hace en absoluta libertad como cualquier ciudadano que no ha tenido un pasado criminal en la violación de derechos humanos.

Entre los integrantes de la oposición, durante el período de la tentativa del golpe de Estado del 30 de abril del 2019, el General Figuera fue uno de los partícipes, un golpe que fue llamado por Juan Guaidó y Leopoldo López, entre otras figuras de la oposición. En esos momentos la oposición llegó al extremo de hablar de la existencia, de un día para otro, de un “Sebin bueno” en alusión a militares que pertenecían a este órgano represivo y que se pasaban de bando. Bastaba la acción de cambiar de bando para dejar de ser un violador de derechos humanos. Se trata de una práctica muy común en la oposición pues cobija en el supuesto Gobierno interino de Juan Guaidó a Iván Simonovis, ocupando el cargo de Coordinador especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos, siendo uno de los más clásicos violadores de los derechos humanos en el país.

Siguiendo con los ausentes en el Informe, considerando de acuerdo a la norma de la ONU, que la violación de derechos humanos solo puede venir del propio Estado o de fuerzas no estatales pero que actúan bajo la complacencia o la venia del propio Estado nacional, se excluye del mismo a la cantidad de gobernaciones y alcaldías que son parte del Estado y que han tenido al frente a representantes de la oposición, conduciendo policías que también son responsables de la represión y violar derechos humanos elementales.

En el entendimiento mismo de la violación por parte de un Estado, en el Informe no hay absoluta mención a la violación de derechos humanos en Venezuela por Estados imperialistas, sobre todo Estados Unidos, que con las sanciones económicas ha venido acrecentando las penurias y calamidades a todo un pueblo, acciones criminales más agudas incluso en tiempos de pandemia, sobre todo de las grandes mayorías populares y de trabajadores. No considera estas sanciones y bloqueos como acciones sistemáticas criminales como políticas de Estado de largo alcance, más aún extraterritoriales, de ahogamiento sistemático que llevan al aumento del sufrimiento inaudito de una población con consecuencias trágicas de muerte más que conocidas.

La hipocresía y los usos políticos de los padecimientos de los pueblos

Lo que también hay que tener en cuenta es que en países sobre los que se han llegado a instalar comisiones especiales para investigar la violación de derechos humanos, no han trascendido más allá de los informes o resoluciones en sí, cuando se trata de países aliados de Estados Unidos o de otras potencias. ¿Acaso no hay resoluciones en la misma ONU que condenan los actos del Estado de Israel?, y eso no implica en modo alguno ninguna acción real que evite que Israel siga cometiendo esos crímenes. Para los imperialismos occidentales, las violaciones de derechos humanos en los regímenes que no apoyan, sirven como argumento para desarrollar sus políticas intervencionistas, mientras no les preocupa en lo más mínimo situaciones similares en los regímenes que son sus aliados.

De igual manera sobre la masacre de Senkata y Sacaba hechos sucedidos en dichas localidades durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego del golpe de Estado en Bolivia, no hay preocupación ni condena alguna por parte de Estados Unidos, la Unión Europea ni el “Grupo de Lima”. Ni hablar de Estados Unidos que se la pasa bombardeando otros países asesinando gente y llevando a cabo genocidios, pero claro, para los crímenes contra los derechos humanos que cometen los Estado Unidos no hay misiones de la ONU… de hecho, ese país ni siquiera forma parte de la Corte Penal Internacional, justamente a donde se dirigen los informes de este tipo como el de Venezuela.

Así las cosas, se hace evidente la hipocresía del imperialismo, sus gobiernos aliados y la propia oposición de derecha venezolana: el gobierno de Trump condena los hechos que relatan los informes sobre Venezuela, mientras en su propio país lo enfrenta un gran movimiento contra la sistemática violencia policial racista; el de Colombia es un régimen político asesino, que aplica el terrorismo de Estado y de hecho enfrenta grandes movilizaciones contra la violencia policial, pero Trump el "derechohumanista" le brinda pleno apoyo a ese gobierno, que a su vez es también de los que con desfachatez condena las violaciones de DDHH en Venezuela. La derecha de Guaidó y Cía, por su parte, avala esas violaciones de DDHH en EE.UU. y Colombia, e intentó en más de una ocasión en todo 2019 desencadenar un golpe militar.

La clase obrera tiene que enfrentar el autoritarismo gubernamental, la represión y violación de derechos humanos

Que se hagan notorias las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y se denuncien con gran destaque, es importante, ante el grado de vulnerabilidad en que se encuentra gran parte de la población, y puede contribuir a la visibilidad de situaciones sistemáticas que constituyen mecanismos de sometimiento y brutal represión social y política, con los que se sostiene un régimen cuasi-dictatorial contra el pueblo. Sin embargo, ninguna de estas movidas está por fuera de las relaciones concretas de poder e intereses de las potencias mundiales, es decir, de gobiernos sistemáticamente violadores de DDHH, ya sea en sus propios países o con sus incursiones en otros países, o apoyadores de regímenes abiertamente tiránicos con los pueblos y criminales (como Arabia Saudita o Israel, por poner dos ejemplos).

Desde el movimiento obrero y popular no se puede haber ingenuidad ante estas circunstancias. Estamos frente a un gobierno profundamente autoritario, que se sostiene con métodos y cuerpos represivos tan brutales como las FAES, por ejemplo, pero los gobiernos que internacionalmente usan la bandera de “los derechos humanos” sobre el caso Venezuela, no tienen ningún interés genuino en esos derechos. Si el gobierno de Maduro estuviera alineado con los intereses de esos gobiernos, no harían ningún tipo de escándalo ni políticas al respecto, más bien apoyarían sus políticas contra los derechos humanos, como pasa con Colombia e Israel.

Esto, en modo alguno, nos puede llevar a la posición del Gobierno y las FFAA de despachar como “falsos” esos informes de organismos como los de la ONU. Como señalamos, más bien en algunos casos hay ausencias y se quedan cortos. La cuestión está en reconocer los usos políticos que desde los gobiernos imperialistas y de la derecha local se le plantean, y tener una perspectiva propia al respecto.

La lucha por las libertades democráticas es fundamental en Venezuela. En tal sentido, hay que pelear por tirar abajo el estado de excepción permanente así como la disolución de los órganos de represión del Estado como el FAES y la Guardia Nacional y los órganos de inteligencia como el SEBIN y DGCIM.

Desde una perspectiva independiente y antiimperialista, planteamos el derecho a la organización sindical y política, la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación cada vez más socavados por el Gobierno de Maduro.

Abajo la resolución 8611 que autoriza el empleo de armas de fuego para reprimir manifestaciones y demás leyes represivas del Estado que criminalizan la lucha y la protesta. Libertad plena a todos los trabajadores y demás luchadores sociales y populares presos por luchar o enjuiciados, libertad a todos los habitantes de los sectores populares que han sido detenidos por protestar o sometidos a juicio, entre otras demandas que solo se podrán imponer con la movilización.

Solo los trabajadores pueden ir hasta el fin para acabar con esta situación de violaciones de derechos humanos así como terminar con el régimen autoritario y represivo de Maduro, pero no será de la mano de la oposición de derecha, ni de países imperialistas o de derechistas del continente que habrá una salida a esta angustiante situación.

 
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